Adriana Ochoa
El Congreso del Estado de San Luis Potosí es, a cada trienio, un ejercicio doloroso de decadencia institucional. Los potosinos, con la memoria curtida a fuerza de negativos, abordan el inicio de cada legislatura con la expectativa no de alguna mejora, sino de peores conductas, omisiones, obras y personajes. Ni la llamada “Ecuación Corrupta”, un escándalo legislativo-fiscalizador que despojó a la política local de cualquier reserva moral, logra parar el descenso.
Cada nueva legislatura potosina, lejos de corregir errores, simplemente refrenda la sospecha popular de que la política local carece de reservas. El abismo no tiene fondo. Así, de un trienio a otro, hemos transitado de una mediocridad dorada a una ineficiencia escandalosa, donde la opacidad se ha vuelto una constante.
El contraste puede ser brutal. Mientras la LX Legislatura (2012-2015) mostraba una efectividad modesta, logrando concretar un 25% de sus iniciativas, las subsecuentes han operado en el vacío. La LXIII, marcada por la transición política hacia dominio PVEM-Morena, demostró que la reconfiguración partidista no garantiza mejor trabajo, sino simplemente mayor sometimiento.
Las legislaturas LXII y LXIII inauguraron la peligrosa moda de la inflación legislativa: más de 1,800 iniciativas presentadas que se diluían en una tasa de aprobación pírrica, apenas rebasando el 10%. Se propone mucho, se produce poco. Este volumen aparente solo sirvió para enmascarar un cuerpo legislativo altamente polarizado y poco productivo.
Congreso Calificado y su medición del trabajo legislativo irrita, molesta, es objeto de cuestionamientos de los diputados evaluados, más los de bajas calificaciones, pero hasta ahora sus parámetros y metodología tienen más confirmaciones al tiempo en hechos y resultados que el discurso oficial, siempre indulgente, un horizonte sin crítica a millas de vista.
Paralela a la ineficacia, creció la opacidad. Congreso Calificado documenta picada, situándose entre 3.5 y 5.5, especialmente en los periodos más recientes. La alta respuesta a solicitudes de información resultó ser una simulación formal; un ejercicio de mala fe que generó un cúmulo de quejas. El Congreso se cerró a la ciudadanía.
Las redes sociales reflejan la rabia pública. Las legislaturas LXII y LXIII concentraron el mayor engagement crítico de las últimas cinco, 75% de sentimiento negativo en X y Facebook. El impacto de las leyes que resumen haber aprobado es irrelevante para el público, que reacciona a los escándalos de aviadores, la crisis de deuda o los nombramientos cuestionables. La crítica al Congreso del Estado de San Luis Potosí se alimenta del circo, no del debate, éste inexistente desde hace varias legislaturas.
La actual LXIV hereda una carga tóxica de desconfianza. Imposible que restaure la fe en el Poder Legislativo, se lo impide su naturaleza: una inercia gris-verde con traílla al cuello desde Palacio de Gobierno, una mediocridad distinta. Los diputados verdes no son ciudadanos representando a ciudadanos, son acólitos del gallardismo, encargados de sostener el ceremonial vacío que haga suponer la existencia de otro poder.
Con su mayoría, la fracción oficialista de PVEM-PT no hace del Congreso un circo escandaloso, sino un páramo político. No se extraña a los rijosos, lenguaraces de carpa y vedettes extraviadas de legislaturas pasadas. Mucho menos a los extorsionadores de alcaldes y promotores de negocios de alumbrado público. El escándalo de la actual es que es una aplanadora de la voluntad gubernamental, sí, pero su principal característica es la ausencia de nivel, de debate y de ideas propias.
En el actual Congreso potosino se legisla con la inercia de quien cumple una orden, no con la visión de quien aporta algo para transformar un estado. Los únicos giros emocionales que se les permiten tampoco son propios: lengua viperina y ánimo de linchamiento, juicio político o llamado a cuentas con manopla para el “enemigo”. Las razones son lo de menos, si es que las hay; como perros de montería, les basta con la orden.
El color verde del legislativo se ha diluido en un gris insípido y complaciente, confirmando la percepción popular: a San Luis Potosí llegan, invariablemente, peores diputados. En esa pobre consideración están los diputados que llegaron con el registro de partidos opositores y se han mimetizado con la fracción oficialista.
Medrosos, chiquitos, devorados por sus compromisos de interés propio, están en nuestro legislativo para sobrevivir. Otros “opositores”, tricolores y morenistas, creen que el papel de cortesanos del Verde los fortalece en los conflictos internos de sus fuerzas políticas.
La experiencia, la atención al detalle y la rapidez de reflejos han dejado aparte a Rubén Guajardo Barrera, del PAN. Un buen signo de inteligencia política es escoger los pleitos: Guajardo elige sus batallas. La pasión, la coherencia, la trayectoria en movimientos feministas empujan a la morenista Gabriela López Torres. La cortesanía divide a la bancada de Morena, pero no ha tocado al líder, un diputado indígena y coherente.
El manejo de esta legislatura gris-verde tiene un nombre y una geografía: Héctor Serrano Cortés, líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y principal operador del gobernador Ricardo Gallardo. Su currículum no se forjó en San Luis, sino en los pasillos del poder de la Ciudad de México, donde fue el influyente “número dos” del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y una figura clave del hoy extinto PRD.
Serrano Cortés es la personificación del pragmatismo político migratorio. Tras una carrera de tres décadas marcada por cargos de alto nivel y serias controversias por presunto uso irregular de recursos en la capital, Serrano “se retiró” estratégicamente en 2019, para reaparecer en San Luis Potosí, alineado con el PVEM. Su mérito en San Luis fue haber encaminado al hoy gobernador Ricardo Gallardo Cardona fuera del PRD, a espacios más promisorios en el PVEM.
Su presencia confirma que la política local no es dirigida por cuadros potosinos, sino por operadores experimentados y foráneos, cuyo poder radica en la gestión discreta y eficaz de las mayorías legislativas para el Ejecutivo. Los métodos son lo de menos.
La llegada de un operador como Serrano al frente del Poder Legislativo potosino no es casual; es sintomático de un modelo de poder que busca la obediencia por encima de la autonomía. Se recurre a la capacidad probada para neutralizar la crítica y la disidencia, vaciando de contenido la labor legislativa.
Esta dinámica, donde la eficiencia operativa se confunde con la sumisión, termina por confirmar la trágica espiral de decadencia que percibe el ciudadano: el Congreso, de nuevo, es una pieza más en el tablero del Ejecutivo, y la representación popular, un mero espejismo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
