Estela Ambriz Delgado
Dada la persistencia del intento de compra de tierras en el ejido Peyote para la carretera de cuota Entronque 75 D Matehuala, que pretende realizar la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, ya se han elaborado contra propuestas para el desarrollo económico del núcleo de manera integral y sostenible, como la del ingeniero ambiental Luis Daniel Guerrero.
Aunque desde la asamblea llevada acabo el pasado 3 de mayo los ejidatarios de El Peyote rechazaron vender sus tierras de uso común en 50 pesos por metro cuadrado a la empresa asociada a Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) y grupo Valoran, existe una persistencia por negociar a toda costa, aún con una convocatoria a asamblea el próximo 6 de junio que no se apega a la legalidad, por lo que surgen contrapropuestas con el objetivo de evitar la fragmentación y segregación del ejido.
A través de la promoción de un desarrollo social, económico y ambientalmente sustentable, mediante acciones de mitigación, y acompañamiento comunitario, capacitación y proyectos productivos regenerativos. La propuesta consta de siete ejes, en los cuales seis enlistan acciones específicas y en el último se señalan los beneficios a largo plazo.
El primero es la protección de la integridad territorial y social, con acciones como garantizar la conectividad funcional de las tierras de uso común mediante pasos de fauna, caminos vecinales internos y pasos peatonales que respeten las dinámicas tradicionales de movilidad comunitaria.
Respetar y documentar los límites comunales con participación de las autoridades ejidales y agrarias, para evitar conflictos posteriores; establecer mesas de diálogo permanentes entre la comunidad y la empresa, con mecanismos de consulta libre, previa e informada.
El segundo es el acompañamiento social y fortalecimiento comunitario, a través de la implementación de un programa de gestión social del hábitat, que incluya talleres participativos para el diseño y mejoramiento de viviendas tradicionales, con uso de adobe, techos verdes, muros térmicos, estufas ahorradoras de leña.
Como tercero, la soberanía hídrica y manejo sustentable del agua, por medio del financiamiento y construcción de un pozo comunitario con uso equitativo y mantenimiento compartido; capacitación en eco tecnologías de agua, como sistemas de captación de agua de lluvia, domésticos y a escala parcelaria; diseño hidrológico de parcelas con diseño de línea clave –keyline-, hoyas de captación con geomembrana, canales de infiltración y bordos vivos.
Baños secos ecológicos y biofiltros para tratamiento de aguas grises; instalación de prototipos demostrativos en viviendas y espacios comunes, acompañados de talleres prácticos; además de asesoría legal para recuperar concesión de pozos en Peotillos.
El eje cuatro es la mitigación y restauración ambiental, con la implementación de un programa de reforestación y restauración ecológica con especies nativas como mezquite, huizache, nopal, lechuguilla, cactáceas, entre otras; protección de corredores biológicos y zonas de recarga hídrica; monitoreo participativo de impactos ambientales con brigadas comunitarias capacitadas; y la instalación de un relleno sanitario con los estándares adecuados para la comunidad.
El quinto eje son proyectos productivos sustentables, como el establecimiento de un vivero comunitario para la producción de plantas nativas con uso para reforestación y venta; fomento de ganadería regenerativa, incluyendo manejo rotacional de pasturas, pastoreo racional, recuperación de suelos y uso de cercas vivas.
Asimismo, el impulso a huertos agroecológicos familiares y colectivos, apoyo a proyectos de apicultura, herbolaria tradicional y producción de alimentos deshidratados o conservas; instalación de un parador turístico asociado con la comunidad; y bonos de carbono.
El sexto es educación ambiental y capacitación técnica, a través de talleres continuos en temas como permacultura y agroecología, bioarquitectura, captación y gestión del agua, energías limpias, y participación de jóvenes y mujeres como agentes clave del cambio, con incentivos educativos y formación de promotores locales.
Finalmente, entre las compensaciones y beneficios de largo plazo, el ingeniero ambiental indica el establecimiento de un fondo comunitario de inversión social con aportaciones periódicas de la empresa, supervisado de manera participativa; convenios de colaboración a largo plazo para el seguimiento y mantenimiento de los proyectos implementados.
Además de prioridad para la comunidad en el empleo directo e indirecto generado por la construcción y operación de la carretera; así como una gobernanza participativa compartida, por medio de la creación de un comité empresa-comunidad para evaluar impactos y ajustar estrategias.
