Elección judicial está garantizada financieramente y será segura: Torres Sánchez

Desiree Madrid

Ante las preocupaciones sobre la financiación y seguridad del próximo proceso electoral del Poder Judicial en San Luis Potosí, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que está garantizada y que se han entregado los recursos necesarios para su desarrollo.

Esta semana, los consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) dieron una rueda de prensa en la que informaron que el Gobierno del Estado había suministrado únicamente 7.5 millones de pesos y mostraron su preocupación por la propuesta de financiar la elección judicial con aportación en especie.

En respuesta a esta información, el secretario general envió un mensaje para los candidatos del proceso en el que aseguró que ya se han suministrado más recursos económicos:

“Que se tranquilicen los candidatos, la elección está garantizada. Se entregaron ayer arriba de 40 millones [de pesos], está documentado y presupuestado”.

El Ceepac informó que recibió un depósito de 34.6 millones de pesos el día de ayer, que se suma a los 7.5 millones entregados en febrero, lo que alcanza un total de más de 42 millones de pesos para la organización del proceso electoral.

En caso de que estos recursos no sean suficientes, Torres Sánchez aseguró que el Gobierno del Estado tiene la capacidad de reasignar fondos para el proceso extraordinario.

“Si esa no fuera suficiente, podrá represupuestarse”, indicó.

También abordó las preocupaciones sobre la seguridad de la jornada electoral y desestimó la postura del Instituto Nacional Electoral (INE), que expresó inquietudes sobre posibles riesgos en algunas zonas del estado.

“El INE trae información equivocada. Hay todas las garantías en todas las regiones del estado potosino para llevar a cabo esta elección. No hay ninguna zona en donde se pueda poner en duda la seguridad del proceso electoral”, aseguró Torres Sánchez.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de garantizar un proceso electoral en condiciones óptimas para los ciudadanos y los candidatos, al asegurar que no habrá obstáculos para que la jornada se desarrolle de manera ordenada y segura.

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