María Ruiz
A escasos días de que se celebre el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para elegir diversos cargos del Poder Judicial, México se encuentra ante un momento inédito en su historia democrática. Por primera vez, la ciudadanía podrá participar en la elección de juezas, jueces y otros cargos dentro del sistema judicial federal, un hecho que representa un cambio de paradigma en la relación entre el poder judicial y la sociedad.
Sin embargo, a pesar de la relevancia del evento, voces críticas han señalado deficiencias graves en la planeación y ejecución del proceso, particularmente en lo que respecta a la inclusión de personas con discapacidad.
Catalina Torres Cuevas, defensora de derechos humanos de las personas con discapacidad y maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, expresó su preocupación, pues este proceso ha sido “correteado” y sin una planeación real que garantice la accesibilidad universal.
“Las personas con discapacidad, muchas de ellas, se han quedado afuera de este proceso, precisamente por la falta de accesibilidad que no ha sido garantizada (…). En mi opinión, esto es el anuncio de un fracaso rotundo; fracaso para quienes van a votar y para quienes no van a poder hacerlo”.
La activista también denunció una actitud excluyente por parte de autoridades, que parecen trasladar la responsabilidad de garantizar derechos a las futuras autoridades electas. Es decir, la falta de accesibilidad e inclusión en el proceso electoral judicial no solo impide la participación plena de las personas con discapacidad, sino que también podría abrir la puerta a decisiones judiciales que vulneren aún más sus derechos.
Al no tener voz en la elección de quienes interpretarán y aplicarán la ley, las personas con discapacidad quedan en una situación de mayor indefensión, ya que los jueces y juezas que sean electos sin compromiso real con los principios de inclusión, accesibilidad y justicia social, según Torres Cuevas, impactaría directamente en áreas clave como el acceso a la justicia, la salud, el empleo y la protección frente a discriminación estructural.
“Una de las cosas que me dicen desde el gobierno es: ‘eso ya le va a tocar a los nuevos jueces’. ¿Y quién sabe qué orientación traigan?”, dijo.
Sobre las herramientas de consulta como el uso de un “acordeón” —una guía personal con información sobre candidatos— Torres Cuevas señaló que aunque en principio parece útil, también puede prestarse a manipulación previa.
“Para mí ver nombres no me dice nada. No sé si esos candidatos han sido misóginos, si han estado del lado del poder… no lo dicen (…). El acordeón podría ayudar a planear el voto, pero también puede facilitar la manipulación anticipada. Es un arma de dos filos”.
Para la defensora, lo que está en juego no es solo la representación judicial, sino un posible retroceso en los derechos humanos, particularmente para poblaciones históricamente excluidas.
“Vislumbro un conflicto fuerte. Un ‘stop’ a los derechos humanos y qué mal, pero así lo veo yo”.
A pocos días de esta elección sin precedentes, las autoridades enfrentan el reto no solo de garantizar la transparencia del proceso, sino también su legitimidad social. Para ello, será fundamental atender las críticas de inclusión y accesibilidad, así como fomentar una ciudadanía informada y con capacidad real de elección.
