Por Victoriano Martínez
Los partidos políticos no tienen, legalmente, nada qué hacer en el Proceso Electoral Extraordinario 2025 para elegir magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado… a menos que su presunta injerencia ilegal la conviertan en el territorio paralelo de la contienda.
En la sesión de hoy en el Congreso del Estado, que por motivos de agenda del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez no se realizó en ese municipio y volvió a su sede frente a la plaza de armas, la diputada Sara Rocha Medina, presentará un punto de acuerdo (página 143) en los siguientes términos:
“Exhortar de manera firme y enérgica, al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, investigue, compruebe, recabe evidencia, retire de la vía pública y de los espacios privados toda la publicidad que pudiera ser relacionada con los partidos políticos, sus colores, su ideología y que claramente tiendan influir en el ánimo del electorado”.
Bien podría parecer una exhortación genérica que busca que el organismo electoral se aplique para evitar cualquier injerencia ilegal por parte de los partidos políticos en el proceso electoral en curso, de no ser porque la justificación es una acusación por parte de la dirigente del PRI en contra de Morena.
“Han comenzado a circular diversos tipos de publicidad entre los que se encuentran espectaculares, publicidad pegada en equipamiento urbano y áreas públicas, los cuales muchos de ellos están o pueden ser ligados, por sus características, frases ideológicas o sus colores con Morena”, señaló Rocha Medina en el texto de su propuesta de punto de acuerdo.
En su propuesta incluyó la imagen de dos carteles pegados en sendos postes. Una publicidad morenista que se complementaría con la contraparte de candidatos de la elección judicial que incumplieran el artículo 18 de los lineamientos para las campañas que emitió el CEEPAC:
“Las personas candidatas deberán abstenerse de incluir en su propaganda electoral cualquier referencia, ya sea explícita o implícita, de identidad a partidos políticos, a sus militantes y simpatizantes, fuerza política, programas sociales, acciones de gobierno, o personas servidoras públicas”.
Para Rocha Medina, cuidar que en la elección judicial no se dé esa combinación de promoción genérica del proceso electoral con elementos partidistas con candidatos que hagan referencia implícita o explícita corresponde al CEEPAC porque está obligado a salvaguardar las normas vigentes y sus acuerdos.
“Circunstancia que claramente no está haciendo (sic) observada por diversos actores políticos que, con intereses particulares, pretenden beneficiar a tal o cual candidato o candidata, o condicionar el voto de las personas al relacionar los colores, frases ideológicas, o incluso personajes de la política nacional o local, con los candidatos a jueces y magistrados”, advirtió.
Como suele ocurrir que el CEEPAC no actúa de oficio ante violaciones a la Ley Electoral sino que lo hace hasta que exista una denuncia, es muy probable que Rocha Medina se anticipe a esa postura para anunciar en su propuesta de punto de acuerdo el papel que jugará en la elección el partido que ella encabeza.
“Desde este momento adelanto que el partido que represento procederá a denunciar ante la fiscalía especializada en delitos electorales del Estado los presuntos delitos que considero se están cometiendo, así como a los presuntos culpables de los mismos”.
También anunció denuncias por la vía administrativa electoral ante el CEEPAC “para que el Consejo inicie los procesos sancionadores en contra de quienes resulten responsables de los mismos”.
El territorio de la ilegalidad parece el espacio natural de los partidos políticos, si es con actos anticipados de campaña o rebase de topes de gastos en las elecciones a las que son convocados, ¿por qué habría de ser una excepción la elección judicial?
No sólo no fueron llamados, sino excluidos, pero su vocación antidemocrática los lleva a entrometerse ilegalmente para abrir todo un territorio fuera de la ley para intervenir y, todo indica, abrir cancha para señalamientos mutuos con algún efecto negativo para la primera elección judicial.
Se apruebe o no el punto de acuerdo, “de urgente y obvia resolución” ante lo corto de las campañas, el hecho es que su sola propuesta se convierte en la presentación del espacio que pueden abrir los partidos políticos para intervenir en el proceso electoral judicial. ¿Qué tanto lo contaminarán?
