Por Victoriano Martínez
San Luis Potosí está hoy en centro de atención de todo el país por la trascendencia de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que recién preside el gobernador Juan Manuel Carreras López, porque se definirán acuerdos para enfrentar las crisis sanitaria y la económica, con la expectativa sobre la postura de los gobernadores de la Alianza Federalista.
Si la atención del resto del país está puesta en los resultados de esa reunión que se realiza aquí, desde la perspectiva local la intención está puesta en lograr que asuntos locales capten la atención de los actores políticos foráneos, especialmente aquellos que pudieran tener alguna intervención que destrabe o corrija posturas de las autoridades locales.
Asuntos pendientes de distintas autoridades sobran, pero no todos llegarán a los alrededores del Centro de Convenciones para tratar de hacerse notar.
De hecho, hay dos que ya se adelantaron al momento de la reunión: la defensa de la Sierra de San Miguelito como reserva ecológica, y la criminalización a activistas de ese mismo movimiento con motivo de los destrozos del 5 de junio en el Congreso del Estado.
Desde que el 24 de mayo de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció la consigna la Sierra de San Miguelito no se toca, en cada visita posterior el tema no ha estado ausente, al grado de que el pasado 6 de marzo, en la mañanera desde la zona militar, señaló que la protección sería para cien mil hectáreas.
Lo que tampoco ha faltado en las visitas de López Obrador, desde el mismo 24 de mayo del año pasado, es el acercamiento por parte de los defensores de la Sierra de San Miguelito, quienes han tenido una buena recepción por parte del Presidente, y todo indica que esta vez no será la excepción, además de que lo que se le reporta incluye un ingrediente adicional.
Desde principios de esta semana, y por distintas vías, se le hizo llegar a López Obrador una denuncia por las acusaciones infundadas en contra de Claudia Hernández Herrera, a quien la Fiscalía General del Estado inculpa, ya no sólo de participación en los destrozos del Congreso, sino de liderar los actos vandálicos.
En el texto, del que hoy buscarán entregar una versión actualizada a López Obrador, dejan clara la participación de activistas de FRENAA y militantes del PAN, de manera documentada, a quienes la Fiscalía de Federico Garza Herrera, el fiscal carnal de Carreras López, protege y ha dejado fuera de las indagatorias y actuaciones, a pesar de las evidencia públicas y contundentes.
A tal grado han llevado la protección a los principales autores materiales de los destrozos, que a quien en redes sociales se ha bautizado como el Mono Blanco, quien aparece en infinidad de videos, lo liberaron ilegalmente con el pretexto de que es menor de edad y a pesar de que el Código Penal establece que debió ser puesto a disposición del Ministerio Público para Menores.
Exponen que los activistas de FRENAA no sólo lograron desvirtuar el sentido de la manifestación del 5 de junio, sino que le dieron a la Fiscalía actos para justificar acusaciones falsas para iniciar una persecución con saña en contra de defensores de derechos humanos y promotores de la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.
Vinculan la acción de desvirtuar la manifestación del 5 de junio y que se aproveche para inhibir a defensores de la Sierra y de Derechos Humanos como parte de actividades promovidas por los empresarios inmobiliarios que pretenden que se deje fuera de la ANP más de dos mil hectáreas para urbanizarlas.
“Los grupos que componen nuestra mafia local del poder, son los mismos que lo atacaron durante las campañas del año 2006 y 2012 y que de la misma forma hoy buscan fraccionar la Sierra de San Miguelito”, le advierten a López Obrador en el documento.
Una denuncia en la que el gobierno de Carreras López, por la vía de su fiscal carnal, se muestra empecinado en favorecer que la Sierra de San Miguelito sí se toque para favorecer a los grupos de poder económico.
Un empecinamiento que se suma a otros que, en la recta final de su sexenio, deja ver que cada vez le resulta más difícil simular. Este lunes, después de que el pasado 30 de julio en sesión plenaria el Congreso rechazó la propuesta de nombramiento de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura, Carreras López volvió a proponerlo para el cargo.
Un empecinamiento que ya no disimula la intención de que el Poder Legislativo le sea sumiso, así tenga chispazos de separación de poderes, con operaciones como insistir en una propuesta a pesar de que debió mandar una “nueva”, o las operaciones que algunos diputados denuncias para imponer a Felipe Aurelio Torres Zúñiga como Fiscal Anticorrupción.
Como presidente de la CONAGO, Carreras López estará al frente de la reunión como un mandatario conciliador que promueve el diálogo.
Afuera del Centro de Convenciones y en el ámbito local, las señales de que se trata de un gobernador que es candil federalista y oscuridad estatal estarán presentes, por mucho que piense que lo relevante y espectacular del encuentro de gobernadores con el Presidente López Obrador pueda desviar la atención.
Texto-denuncia dirigido a AMLO sobre criminalización a activistas
