María Ruiz
Canacintra San Luis Potosí habló sobre el diálogo que sostendrán la iniciativa privada y el Congreso de la Unión en torno a un tema que, para el sector industrial, podría marcar una diferencia en la economía de trabajadores y empresas: la deducibilidad de prestaciones laborales.
La organización empresarial reiteró que este mecanismo permitiría mejorar los ingresos sin depender exclusivamente de incrementos directos al salario.
Tras la confirmación del aumento del 13 por ciento al salario mínimo en 2026, representantes del sector destacaron que la industria ha enfrentado un año particularmente complejo.
Señalan que absorber aumentos de dos dígitos se vuelve cada vez más difícil para numerosas empresas, por lo que consideran indispensable buscar herramientas complementarias.
“Necesitamos opciones que favorezcan al trabajador sin poner en riesgo la operación de las compañías”, expuso Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), al referirse a la necesidad de un punto medio que ayude a equilibrar competitividad y bienestar laboral.
Por ello, dijo que los empresarios buscaran un diálogo con legisladores federales para presentar el proyecto que permitiría hacer deducibles al 100 por ciento algunas prestaciones, entre ellas vales de despensa, fondos de ahorro y bonos vinculados a la productividad.
“Hemos trabajado con números y escenarios concretos; la propuesta no es improvisada”, agrego Martínez, quien dijo confiar en que el debate legislativo pueda abrirse en los próximos meses.
Aunque hasta ahora no han recibido una postura oficial del Congreso, la IP local sostiene que acercarse con iniciativas viables es la vía que deben seguir los organismos empresariales.
“Presentar soluciones que fortalezcan al entorno económico, más que esperar decisiones que pudieran afectar al sector, es lo que corresponde”, dijo.
El pasado 23 de septiembre, integrantes de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí ya habían acudido a San Lázaro para entregar este y otros planteamientos en materia fiscal y laboral, apostando por una reforma que incentive la formalidad y dé mayor margen a las empresas para mejorar las condiciones de sus trabajadores.
