Estela Ambriz Delgado
Aunque el programa integral de mitigación que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó a las empresas Heliservicios Internacionales y Operadora Vallarta Park de Grupo Vidanta por el sobre vuelo ilegal que realizaron en el Sótano de las Golondrinas, debería adaptarse a las necesidades de Barrio Unión de Guadalupe, dichas empresas aún no han mostrado algún interés por acercarse a la comunidad
En relación al programa —ordenado junto con la multa por destrucción o daño de la vida silvestre o de su hábitat de 542 mil 850 pesos a Heliservicios Internacionales y de 325 mil 710 pesos a Operadora—, la abogada Rosa María Balvanera Luviano resaltó que la Profepa dictamina que debe hacerse a favor del barrio, por lo que debe atender sus necesidades.
De acuerdo con la resolución de la procuraduría, se ordena a ambas empresas el cumplimiento de medidas correctivas, consistentes en la presentación de un proyecto integral para su aprobación y posterior ejecución, que deberá incluir aspectos sociales y ambientales a favor del Barrio Unión de Guadalupe, en donde se describan medidas para mitigar y gestionar los impactos de la actividad perpetrada.
Aunque a partir de la fecha de la emisión del resolutivo, que fue el 1 de octubre, se les dio 30 días hábiles para su presentación, a la fecha no han tenido ningún acercamiento con la asamblea ni el comité encargado del Monumento Natural.
Explicó que prácticamente todo el barrio, —que se encuentra en la comunidad tének de Tamapatz, municipio de Aquismón—, es el Área Natural Protegida (ANP) con sus 285 hectáreas, por lo que esperan se implementen acciones para acrecentar la cobertura vegetal, establecimiento de viveros, además de otras relacionadas con la educación ambiental.
Enfatizó la importancia de este aspecto, porque incluso considera que hasta el momento, las empresas y el personal que participó en los vuelos y grabación “todavía no son ni siquiera conscientes del daño que causaron”, por lo que sería conveniente para ellos involucrarse, además de que se instruya a los visitantes sobre la vulnerabilidad de este ecosistema.
Por otro lado, Balvanera Luviano señaló que la comunidad necesita ver apoyo en cuanto a actividades productivas, porque al ver afectado el Monumento Natural, dejaron de percibir ingresos por el turismo, que es su actividad primordial, y tuvieron que abocarse a otros proyectos productivo para tener una fuente de ingresos y pudieran conservar el ANP.
Dado que no se ha dado algún acercamiento de las empresas, la representante del barrio consideró que deberán esperar a ver la propuesta, aunque ya se preparan con una contrapropuesta de acuerdo con las necesidades y a los planes de conservación que tienen, pues que se adapten esas medidas, y no sea una imposición de estas, sino que se den diversas negociaciones.
Asimismo, subrayó esto no se puede considerar una reparación del daño, pues los habitantes han gastado alrededor de 550 mil pesos en la búsqueda de justicia, y aunque se realizaron las multas, el recurso va directo a la Federación para financiar programas de inspección y vigilancia de la Secretaría de Medio Ambienta y Recursos Naturales (Semarnat).
“Estamos quedándonos cortos en la reparación del daño, tanto de la parte social y pues esperemos ver qué vamos a hacer como medidas de mitigación ambiental. Espero que las empresas no estén en el tema de querer seguir complicando más la situación, porque las evidencias están muy claras.
Se metieron sin permiso con fines comerciales, ya exhibieron por ahí los contratos de cuánto se pagaron entre ellos, entonces ya ha quedado claro que hubo un fin comercial, y con ese fin comercial hicieron una apropiación indebida del patrimonio que como consecuencia también provocó daños al medio ambiente”.
