Texto y fotografías de María Ruiz
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este 25 de noviembre, la conmemoración oficial colisionó con la realidad de las víctimas colaterales en las calles.
Mientras la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva y el Gobierno del Estado avanzan en la gestión administrativa para el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), familias de víctimas de feminicidio exigieron detener este proceso, pues la violencia letal contra las mujeres en la entidad persiste más allá de los indicadores burocráticos.
La protesta se centró en un reclamo directo: el impedir que se retiren las alertas en los tres municipios donde aún permanecen vigentes —San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles—, luego de que meses atrás se retiraran las de Matehuala, Tamazunchale y Tamuín.
Las familias integrantes del colectivo Por ellas, por todas, por nosotras, denunciaron una desconexión entre la Secretaría de la Mujer, encabezada por la encargada de despacho Gloria Serrato Sánchez, y la realidad que enfrentan las madres de las víctimas.
La tensión principal, señalaron en el encuentro, radica en la metodología estatal, ya que la Secretaría de la Mujer trabaja en coordinación con el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) para “alinear responsabilidades y evaluar el cumplimiento” de las acciones dictadas por la AVGM.
Para el Estado, el cumplimiento de estos indicadores administrativos es la llave para determinar el retiro de la alerta. Sin embargo, para las manifestantes, esta lógica es prematura.
La señora Jazmín, madre de Fernanda Guadalupe Morán Rodríguez —joven de 21 años víctima de feminicidio en 2020—, junto a Susana González , madre de Lupita Viramontes también víctima de feminicidio en 2012, encabezaron la exigencia bajo una sola consigna: “Ni una más, ni una más, la alerta no se va”.
Ambas señalaron que la titular de la dependencia no se ha posicionado a favor de las peticiones de las familias, al priorizar el trámite institucional sobre la seguridad efectiva de las mujeres potosinas.
La deuda de la UASLP: el caso Samantha Joselyn
La movilización también hizo escala en la deuda histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La madre de Samantha Joselyn Rodríguez Rojas, estudiante de Medicina de 21 años asesinada el 6 de marzo de 2016, dio lectura a un compromiso formal emitido por la Facultad de Medicina.
El documento establece que la institución realizará acciones concretas para la reparación del daño en este caso, una postura que no existió en el momento del crimen.
No obstante, integrantes del colectivo Por ellas, por todas y por nosotros señalaron la insuficiencia de este acto administrativo, además de denunciar la ausencia de una postura oficial por parte del actual rector, Alejandro Zermeño Guerra.
El reclamo fue específico, pues recordaron que Zermeño era director de la Facultad de Medicina cuando ocurrió el feminicidio de Samantha.
“¿Dónde queda la reparación del daño y la verdadera postura humana de justicia del rector?”, cuestionaron las madres.
Asimismo, argumentaron que sin el reconocimiento explícito de la máxima autoridad universitaria —quien tuvo responsabilidad directa sobre el plantel en 2016—, el compromiso de la Facultad carece del peso político y moral necesario para una justicia integral.
Exclusión institucional y la “cifra negra”
Durante la jornada, Esperanza, madre de Karla Pontigo quien fue víctima de feminicidio en el año 2012, ofreció un testimonio que desarticula la narrativa oficial sobre la violencia. Criticó la exclusión sistemática de las familias en los eventos institucionales organizados por la Secretaría de la Mujer.
“A nosotros no nos invitan como familias. No lo digo por mí, lo digo por las demás familias que buscan justicia”, declaró Esperanza.
Señaló que esta segregación, donde las autoridades realizan actos protocolarios sin las víctimas, afecta la empatía social y visibilidad de la problemática real, que incluye no solo feminicidios, sino desapariciones y muertes violentas de mujeres jóvenes.
Respecto a la tentativa de levantar la AVGM en los municipios donde este mecanismo aún permanece activo, Esperanza exigió un estudio riguroso antes de cualquier decisión administrativa.
“Tienen que hacer un estudio para poder levantar una alerta que por algo se hizo. Aquí está la muestra de que hay muchos casos que todavía no se resuelven”.
Además, confrontó las estadísticas gubernamentales que sugieren una baja en homicidios dolosos y feminicidios al sugerir la existencia de un subregistro o una lectura errónea de la realidad.
“No creo que estén bajando, porque si estuvieran bajando los feminicidios, no habría familias que se suman a esta lucha. Creemos que hay una política de bajar las estadísticas y minimizar los hechos que conforman la violencia feminicida. Hay que recordar que el asesinato de una mujer o muerte violenta se está tipificando como homicidio y, en el mejor de los casos cuando no hay muerte, hay una lesión física permanente, pero eso no quiere decir que no exista una razón de género, que no exista la violencia feminicida”, sentenció.
La jornada del 25N culminó con un recorrido que inició en el memorial a las víctimas y se extendió a lo largo del Centro Histórico de la capital, concentrándose finalmente frente a la Secretaría de la Mujer, ubicada a un costado del jardín Colón.
Allí, las madres y activistas leyeron un posicionamiento donde formalizaron su profunda inconformidad con el retiro de las alertas ya desactivadas y el análisis en curso para la posible revocación de las tres restantes.
Argumentaron que la violencia letal es encubierta por la burocracia: mientras San Luis Potosí reportó solo cinco feminicidios entre enero y septiembre de 2025, el homicidio doloso de mujeres sumó 18 víctimas.
Cuestionaron directamente el actuar de Gloria Serrato Sánchez por ignorar esta disparidad y el hecho de que la entidad ocupa el lugar número 11 a nivel nacional en el delito de lesiones dolosas contra mujeres, con 799 víctimas en lo que va de 2025, evidenciando que la violencia física no solo es letal, sino generalizada.
Insistieron en que retener la AVGM obliga al Estado a mantener la vigilancia y la asignación de recursos específicos. Como muestra material de la resistencia, algunas manifestantes realizaron pintas en el exterior de la dependencia con la consigna “La alerta no se va”, marcando así el punto final de la jornada de protesta.
