Astrolabio

Eduardo Delgado

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ha exhibido “desdeño total” por el caso de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, cuya familia sigue sin protección, advirtió la abogada Yessenia Valdez Flores, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Advirtió que el riesgo de la mamá y hermanos es mayor, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación y por ello aumenta la exigencia de que se les dote de seguridad personal e individual, aseveró en entrevista con Astrolabio Diario Digital.

“Este gobierno ni siquiera nos ha recibido. Pedimos una cita antes de que [Gallardo Cardona] tomara posesión y ya como gobernador presentamos por escrito una solicitud [de audiencia] y hay un desdeño total”, enfatizó.

La familia de Karla está inscrita en el Mecanismo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, porque llevan más de nueve años en lucha para exigir justicia de otras víctimas, precisó.

Entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre del año anterior, recordó, le solicitaron por escrito a Gallardo Cardona seguridad para la mamá de Karla, María Esperanza Lucciotto López, y de sus hijos Fernando y Pedro.

Además, “hemos ido personalmente a las oficinas, tanto la señora como sus abogados y las organizaciones que hemos acompañado el caso, como Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, pero simplemente no nos ha recibido”, enfatizó.

Estimó que al menos han acudido unas tres veces en busca del gobernador, a fin de darle seguimiento a la petición por escrito y porque en alguna ocasión la señora tuvo un encuentro con el mandatario en un evento público, comentó.

Esa ocasión la señora Esperanza Lucciotto le dijo esperar la respuesta a la solicitud de la audiencia y el gobernador “fingió que no la conocía, pero que con todo gusto la atendería el siguiente lunes; pasó el lunes, nos presentamos y tampoco fue recibida”.

Yessenia Valdez recordó que el derecho de audiencia es una garantía constitucional, que han intentado hacer valer a través del mecanismo protector de defensores de derechos humanos y periodistas.

“Presentamos un recurso por la ineficacia del cumplimiento de las obligaciones de seguridad a la señora y ante la CNDH hemos exigido el cumplimiento de la recomendación”, añadió.

Sostuvo que la atracción de las indagatorias por parte de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMITRA), “no exime” a la autoridad estatal de “la responsabilidad que tiene con la familia de Karla”.

El mecanismo, recordó, ordenó asignarles protección las 24 horas del día y que cada uno cuente con dos agentes de seguridad, lo cual “nunca se ha dado; a duras penas, en alguna ocasión, se llegan a cubrir los tres turnos”.

Sostuvo que la señora e hijos deberían tener asignados dos agentes cada uno, porque en lo individual tienen su propia actividad. “La señora trabaja, Pedro estudia y Fernando trabaja”, precisó.

Han tenido dos elementos pero no durante las 24 horas y carro asignado a los agentes se los dotan sin gasolina. Aparte, añadió, “no traen radio ni portan armas, condiciones en las poco podrían hacer para resguardar la seguridad”.

“Estamos preocupados porque del Gobierno del Estado solo habido desdeño total. Con los anteriores gobernadores y con el actual no mejoró el tema”, enfatizó.

La familia, consideró, está en riesgo, aunque “alguien se atrevió a decir en algún momento que si nunca les ha pasado nada para qué querían seguridad y eso es jugar con la seguridad de la mamá”.

Como encargada de litigios estratégicos, expuso también que la recomendación 55/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), girada el 30 de diciembre de 2015 al ex gobernador Juan Manuel Carreras López, en la que se le obligó a Gobierno del Estado a la reparación integral del daño a la familia de Karla, “tampoco se ha cumplido”.

Con Carreras López “tuvimos algunas reuniones, hicimos varias propuestas, pero como siempre se hicieron promesas y promesas”.

El cumplimiento de la recomendación, dijo, “es un tema que le toca a la CNDH y al mecanismo”, pero lamentablemente este “no ejerce una función de exigencia hacia el gobierno estatal”.

Por el contrario, “muchas veces hemos observado” que “aboga” por la Secretaría de Seguridad, para justificar la omisión de Gobierno del Estado; en el caso del sexenio gallardista porque “recién ha iniciado; ya pasaron cinco meses y sigue justificando al gobierno”.

Dijo tener comunicación con los fiscales federales que asumirán la investigación y entre los temas importantes que “les planteamos de manera inmediata es el de la seguridad”.

La abogada destacó que también es igual de importante el hecho de que, aunque el caso fue atraído por la FGR, la indagatoria la realizó una unidad especializada.

“Creada”, precisó, derivado de la orden dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en resolución aprobada el 13 de noviembre de 2019, y que debe mantenerse para atender otras muertes violentas de mujeres en San Luis Potosí.

 “No nos gustaría que el fiscal [José Luis Ruiz Contreras] pensara que esa unidad desaparece, porque urgen unidades especializadas con perspectiva de género, para que se hagan investigaciones efectivas”, culminó.

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