Iraís Valenciano
La procuración de justicia en San Luis Potosí, que en teoría debería ser pronta y expedita, históricamente ha sido todo menos eficaz. Miles de casos permanecen en espera de una resolución.
Una solicitud de transparencia respondida a finales de mayo de este año, referente a denuncias y sentencias por delitos contra la comunidad LGBTTIQ, reveló que del 2021 a 2025, la Fiscalía Especializada en Feminicidios ha recibido siete denuncias en las que la víctima pertenecía a ese sector poblacional, pero no se ha emitido ninguna resolución.
Aparte, el vicefiscal del Estado, José Pedro Gómez Ávila reportó 11 carpetas de investigación por casos contra la comunidad LGBTIQ+, pero tampoco hay sentencias al respecto.
A esa misma solicitud de transparencia respondió también la fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la cual inició 50 carpetas de investigación por delitos contra esa comunidad, entre el 1 de enero de 2019 y mayo de 2025, pero de ese medio centenar de casos solo se reportó una sentencia. ¿Y los otros 49 casos?
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la situación en San Luis Potosí es casi, casi vergonzosa: mientras que a nivel nacional el porcentaje de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación cerradas en 2023 fue de 9.8 %, en la entidad potosina apenas si alcanzó el 3.9 %.
San Luis Potosí hasta ese año ocupó la décimo primera posición entre los estados con más averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación iniciadas, pero ¿de qué sirve que la gente recurra a las autoridades si los casos no se resuelven?
De los 62 mil 660 casos denunciados en San Luis Potosí, casi el 97 % (60 mil 761) llegó a la Fiscalía General del Estado, y el porcentaje restante, a la Fiscalía General de la República, y ambos entes procuradores de justicia iniciaron el 2023 con dos mil 265 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento, pero en vez de que la cifra se redujera al cierre del año, aumentó a dos mil 515.
¿Ocurrió lo mismo en otros estados? Muchos estados, a diferencia de la entidad potosina sí lograron adelgazar la cifra, tan es así, que el total nacional en el arranque de aquel año fue de 338 mil 308 órdenes, y en diciembre de 2023, los pendientes de cumplimentarse en todo el país fueron 303 mil 284. Jalisco, Estado de México y Guerrero fueron algunos de los que sí pudieron reducir los pendientes.
Y otro dato negativo que en su momento reveló el Inegi: San Luis Potosí fue el único estado del país en el que la Fiscalía General del Estado no proporcionó información sobre el personal que labora en los órganos o unidades administrativas especializadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias. La razón no se dio a conocer, pero deja mucho que desear la falta de transparencia cuando el resto de las entidades sí cumplieron con la entrega de esa información.
De acuerdo con la Plataforma Estatal de Transparencia, la Fiscalía General del Estado cuenta actualmente con 452 integrantes, de los cuales 288 están contratados por honorarios, y mensualmente destina nueve millones 860 mil 413 pesos para el pago de remuneraciones brutas. De una fiscalía que cuesta a las y los potosinos casi 10 millones de pesos, lo menos que se podría esperar es que entregue resultados.
Y tampoco se trata de que todas las denuncias deriven en detenciones. Seguro entre los casos que se reciben hay algunos que no tienen sustento, pero sí se requiere que todos se resuelvan, para tranquilidad de los denunciantes y sí, en algunos casos también los denunciados.
¿Qué más espera la ciudadanía? Que se cumpla lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y de verdad opere como un órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como dotado de autonomía presupuestal, técnica y de gestión.
Las y los potosinos esperan que las decisiones y acciones de la Fiscalía se apeguen a derecho y no dependan de intereses políticos o presiones de otros poderes del Estado. La credibilidad y el prestigio de quienes integran ese ente procurador de justicia están de por medio.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
