Fernanda Durán
A menos de un mes del plazo constitucional para homologar el sistema local de transparencia con el modelo federal, el comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso, advirtió que aún no existe certeza sobre la ruta institucional que seguirá San Luis Potosí para adaptarse a la reforma que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a nivel nacional.
“En el caso de San Luis Potosí no existe una Secretaría [de Transparencia] como tal, pero existe la Contraloría General del Estado, y todavía se encuentra en proceso”, explicó el titular del órgano autónomo.
Según dijo, la propuesta que actualmente analiza el Congreso del Estado “es prácticamente homologar un órgano, si bien es cierto que no autónomo, sí descentralizado”.
La transición local, puntualizó, contempla una reforma constitucional que debe quedar lista a más tardar el próximo 20 de junio, “como término fatal para este tema”, además de una ley secundaria que establezca la operación del nuevo organismo garante.
Hasta ahora, la única iniciativa ha sido promovida por una diputada integrante de la Comisión de Transparencia, pero no se han dado a conocer avances sobre el tema.
Aunque el futuro de la CEGAIP aún es incierto, Navarro Alviso subrayó que el organismo aún opera con presupuesto aprobado para todo 2025.
“Están garantizados los sueldos, están garantizados los servicios y los pagos respectivos que se hacen”, afirmó.
Al ser cuestionado sobre si el nuevo ente usaría recursos de la Contraloría, respondió que “desconocemos totalmente en este momento si será la Contraloría”, pero el gasto que ya ha ejercido la CEGAIP “y el no ejercido pasará justamente a la secretaría que determine el propio Congreso en la reforma respectiva”.
Otro aspecto aún sin definir es el posible cambio de sede:
“Actualmente nosotros estamos ocupando un lugar por arrendamiento y desde luego que pues bueno se tiene el presupuesto para poder cubrir el año”.
Aunque reconoció que si el nuevo órgano es más amplio o más reducido, “habrá de hacerse las adecuaciones respectivas también con respecto incluso al inmueble”.
En cuanto al personal, enfatizó que “los derechos laborales no están supeditados a voluntad o la manifestación de una persona”, y que tanto el Congreso como el Ejecutivo estatal trabajan en un programa para respetarlos.
“Si habrá que simplificarse y, en su caso, tendrá que hacerse las indemnizaciones correspondientes o en su caso transitar con el personal respectivo”, señaló.
Avances locales que no deben perderse
Durante la entrevista, el presidente de la CEGAIP defendió que San Luis Potosí ha sido pionero en materia de transparencia y que sus avances deben protegerse durante la homologación. Entre ellos mencionó la plataforma estatal, considerada un bien público, y el uso de inteligencia artificial en los procesos de verificación.
“La transparencia no se va, la transparencia se queda para beneplácito precisamente de todos los ciudadanos”, recalcó.
También informó que se trabaja en una nueva ley estatal de protección de datos personales en manos de particulares, ante el vacío legal que dejó el INAI. El comisionado aseguró que es un riesgo que ha sido latente, ya que para el tema de la protección de datos el único que existía era el INAI.
En este sentido, urgió a legislar para evitar abusos como extorsiones, robo de identidad y fraudes, ya que “nuestros datos prácticamente los tiene cualquier particular”.
Navarro Alviso aseguró que ha sostenido reuniones constantes con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado desde que se emitió la reforma constitucional hace seis meses, y que incluso se prevé una nueva sesión “la próxima semana”, al estar cerca del vencimiento del plazo para su implementación.
“Desde el día que se emitió la reforma constitucional, responsablemente se ha venido trabajando con el Congreso del Estado y se está generando esta propuesta”, concluyó.
Sin embargo, desde el mes de abril la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Ruelas Gaitan, aseguró que no había aún una ruta clara al respecto e incluso apenas estaban en planes de realizar mesas de trabajo.
