Jaime Nava

Aunque el fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, constantemente repite que en San Luis Potosí no existe un problema de procuración de justicia, sus propias cifras, al menos en lo que a extranjeros se refiere, lo contradicen y ponen en evidencia la impunidad de la que gozan los delincuentes.

De junio del 2016 a noviembre del 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 618 denuncias por diversos delitos cometidos en contra de extranjeros que viven o transitaban por el estado, de las cuales sólo cinco carpetas de investigación han sido judicializadas.

Por orden alfabético, de acuerdo con información proporcionada por la FGE, la lista de delitos que han sido denunciados por personas extranjeras es la siguiente:

Abuso de autoridad, abuso de confianza, abuso sexual, acoso sexual, allanamiento, amenazas, asalto, cohecho, corrupción de menores, daño en las cosas, despojo, difusión ilícita de imágenes, ejercicio indebido de funciones públicas, estupro, extorsión, fidelidad profesional, fraude, homicidio, incumplimiento a normas de operación o funcionamiento, incumplimiento de las obligaciones, lesiones, maltrato a los animales domésticos, privación ilegal de la libertad, robo, robo de infante, sustracción de menores, tortura, violación y violencia familiar.

El delito más denunciado por extranjeros es robo, con 363 casos; seguido de lesiones, con 48 denuncias; luego se contabilizan 46 por violencia familiar y la cifra baja a 39 en el delito de daño en las cosas; 29 amenazas se registraron en ese periodo; 14 abusos de confianza, 14 homicidios, 14 fraudes y nueve denuncias por violación. Casi todos los delitos restantes únicamente llegaron a una denuncia.

Como respuesta a una solicitud de información con número de folio 01800119, la Fiscalía General del Estado reconoció que, de 618 denuncias presentadas por extranjeros entre 2016 y 2019, sólo se han judicializado dos carpetas de investigación por homicidio; dos por robo y una por violación.

Lo anterior quiere decir que la efectividad de la FGE para integrar y judicializar carpetas de investigación es de 0.80 por ciento. Y de 0.0 por ciento en lo que respecta a la procuración de justicia, pues según sus datos, no existe ni una sentencia, lo que garantiza a los delincuentes un 100 por ciento de impunidad.