Por Victoriano Martínez
Mientras los exponentes politiqueros ya comen ansias electoreras por la cercanía del 2024 y anteponen su afán de aparentar heroísmo en la atención a la crisis del abasto de agua por lo que les pueda redituar electoralmente, un actor especializado hasta hoy poco activo, pero también poco tomado en cuenta, inició una labor menospreciada por aquellos.
Desde que se modificó la Ley de Aguas del Estado a principios de siglo, se creó el Consejo Hídrico Estatal como “un órgano colegiado de participación ciudadana, conformado por los representantes de los usuarios de aguas, las organizaciones de la sociedad y la Comisión” Estatal del Agua.
Hasta antes del nombramiento del actual Consejo, quienes lo integraron pasaron inadvertidos y realizaron pocas acciones que repercutieran en las políticas públicas en la materia.
Tan fantasmales resultaron, que ni siquiera se hicieron notar cuando el Ayuntamiento 2006-2009, encabezado por Jorge Lozano Armengol, otorgó la concesión a Aguas del Poniente Potosino para que esa empresa privada prestara el servicio de agua potable en una amplia zona del poniente de la ciudad, sin que hasta hoy haya pagado un peso de contraprestación por ese inmenso negocio.
Tan irrelevante se volvió el papel de ese Consejo, que en esta ocasión atendieron a la convocatoria sólo quienes tienen un interés genuino en el tema y –sin que los diputados se dieran cuenta porque es un organismo honorífico seguramente no hace nada– nombraron a personajes que no sólo están comprometidos con el tema del agua, sino que tienen antecedentes como activistas ambientales.
Así, desde el pasado 17 de marzo, Jonathan Abraham Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal, advirtió lo que la Comisión Nacional del Agua confirmó el 14 de abril: la crisis en el abasto del agua a la población de la ciudad no la provocan las fugas en la presa El Realito:
“Donde realmente debería estar la atención es en todo el sistema global, donde está El Realito, por supuesto, pero sobre todo está el abatimiento de los mantos acuíferos, de la dependencia extrema que hemos generado a los mantos acuíferos, y peor, de la impermeabilización de las zonas de recarga de estos mantos”, dijo.
Es decir, El Realito es parte del problema… pero no es el problema.
Tanto lo expuesto por Quintero García el 17 de marzo como por el informe de Germán Martínez Santoyo, titular de CONAGUA, el 14 de abril, dejan ver que el tiempo se encargará de demostrar que la versión catastrofista presentada por la dupla Ricardo Gallardo Cardona-Enrique Galindo Ceballos el 8 de marzo fue para espantar con una tragedia en la que ellos serían los héroes.
Con o sin el agua proveniente de El Realito, el desabasto de agua potable a las viviendas es el mismo, y son las autoridades locales las que tienen que resolverlo, lo que le quedó claro al gobernador Gallardo Cardona tras la visita presidencial.
Galindo Ceballos se mantiene en la inercia del plan emergente, “provocado por El Realito”, cargado de autopromoción, en tanto Gallardo Cardona –al ver que la propaganda que inicialmente había encabezado lo contraponía con el presidente André Manuel López Obrador– marcó distancia, acusó al alcalde de protagonismo (el que él quería encabezar), y adoptó la versión federal.
Una disputa por el protagonismo con la mirada puesta en ver quién queda mejor parado ante el electorado, y manda a segundo término una verdadera intención de resolver de fondo el problema de abasto de agua a los habitantes de la ciudad. No ven personas que requieren del servicio, sino ciudadanos degradados a una clientela que se puede traducir en votos.
Una perspectiva que contrasta con las acciones iniciadas por integrantes del Consejo Hídrico Estatal que incluyen un recorrido por las distintas colonias para exponer la situación con una perspectiva útil para cada sector de la población, pero también para recabar información sobre la forma en que se vive la crisis en cada zona, de manera diferenciada.
El objetivo de elaborar un diagnóstico general de la problemática con el agua, con estrategias y algunas recomendaciones, muestra que se toman en serio las atribuciones que les da la Ley de Aguas en su artículo 32, especialmente las fracciones IV y VII. Cosa que las autoridades responsables de garantizar el servicio dejan de lado, a pesar de ser representantes de la población.
Durante 18 meses, tanto gobernador como alcalde, han tratado de imponer soluciones que dependen más del ánimo con el que comiencen el día o, en las últimas semanas, conforme disputan el protagonismo. En ambos casos con el objetivo de lograr lo que les reditúe en mejor proyección de imagen.
Resolver el problema es lo de menos, y mucho menos atender a las inquietudes de la población. El trabajo iniciado por los integrantes del Consejo Hídrico Estatal muestra una primera señal preocupante: quienes tienen en sus manos tomar las decisiones sobre las acciones para resolver el problema de abasto de agua a la ciudad no son los más indicados.
