¿En manos de quién está la transparencia en San Luis Potosí?

Por Victoriano Martínez

El 7 de diciembre de 2023, después de más de seis años de que el Congreso del Estado debió nombrarlo por primera vez, finalmente se integró el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Setenta días después, los diputados de la Comisión de Transparencia, el titular de la CEGAIP y los propios integrantes del Consejo exhiben que no tienen ni la más mínima idea sobre para qué sirve ese órgano consultivo.

Los consejeros solicitaron una reunión con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado para que les dieran un panorama de las funciones que deben cumplir y a la reunión sólo acudieron dos de sus cinco integrantes: Román Covarrubias Reyes y Celia Berenice Moreno.

La diputada presidenta de la Comisión de Transparencia, Cecilia Ochoa Limón, reveló que durante las entrevistas para la selección de los consejeros se les dio un ligero panorama sobre lo que tenían que hacer.

En la CEGAIP les cerraron las puertas a los consejeros, quienes ahora no saben qué hacer porque desde un inicio el comisionado presidente, David Menchaca Zúñiga, les manifestó que no tenían conocimiento sobre la integración del Consejo Consultivo.

El hecho de que a setenta días los consejeros de la CEGAIP no sepan qué hacer, además de mostrar su irresponsabilidad al buscar un nombramiento sin estar capacitados para ejercerlo, exhibe una irresponsabilidad mayor por parte de los 27 diputados, que son quienes están obligados a fungir como filtro para selecciones a quienes mejor puedan desempeñar el cargo.

¿Desde cuándo en un proceso de selección que debe servir para nombrar a quien tiene mejores capacidades para ejercer un cargo se comienza por “darles un ligero panorama sobre lo que tienen qué hacer”?

Las entrevistas para la selección deben ser completamente lo opuesto: cuestionar a los aspirantes para que demuestren que están capacitados y conocen las funciones que aspiran ejercer, expongan sus ideas sobre las mejores prácticas que proponen poner en práctica para que su desempeño cumpla a cabalidad con lo que establece la Ley.

Los consejeros nombrados y los diputados que los nombraron, a setenta días de haber concluido aquel proceso de selección, exhiben sin rubor –por inocente ignorancia o por cinismo– que lo que menos les interesa es que exista un organismo, así sea consultivo, que tenga representación ciudadana para dar seguimiento y promover mejores prácticas en transparencia.

Del lado de la CEGAIP, la reacción de Menchaca Zúñiga resulta aún más cínica: como titular del órgano garante del derecho de acceso a la información pública está obligado a cuidar el cumplimiento cabal de la Ley de Transparencia y, a 32 meses de ocupar el cargo, nunca se pronunció porque se cumpliera el artículo 42 para que se nombrara el Consejo.

Peor aún, al asegurar que no tiene conocimiento sobre el nombramiento de los consejeros confiesa que es omiso en dar seguimiento a cualquier disposición legal que decrete el Congreso del Estado sobre el derecho que debe garantizar.

El Periódico Oficial del Estado es un medio de notificación general, por lo que es increíble que Ochoa Limón ahora anuncie que se lo enviarán para que no vuelva a ignorar a los integrantes del Consejo Consultivo.

David Menchaca, cuando corría el proceso de selección de los consejeros, le aseguró a un solicitante de información que no le importaba que los designaran porque ni siquiera los tomaría en cuanta.

Si los consejeros tuvieran realmente convicción por la transparencia, ya tendrían un primer caso para recomendar mejoras en las prácticas de la CEGAIP: recomendarles que no sean omisos en estar atentos a cualquier disposición normativa, sea legislativa o incluso de reglamentos de los entes obligados, para adoptar y promover las mejores prácticas.

Con unos consejeros que no saben ni para que fueron nombrados, difícilmente podrán hacer valer lo que establece la fracción XLIII del artículo 34 de la Ley de Transparencia como obligación de la CEGAIP: “Atender las opiniones correspondientes que el Consejo Consultivo emita de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley”.

Tan irresponsables y tan poca importancia le dan a su función los consejeros, que no sólo a la reunión que se realizó ayer faltó la mayoría, sino que el mismo día en que fueron nombrados no fueron capaces de acordar medidas mínimas para comenzar a trabajar, que quedó plasmado en un mensaje vía Facebook:

“Auxilio por fa! Compañeros del C Consultivo ¿cómo será la dinámica de trabajo? ¿Cuándo será nuestra primera reunión? Perdón que no pedí sus números por mis prisas de salir de la ciudad. Atte. Servidos y amigo Lalo”, escribió Juan Eduardo Bendeck Cordero, uno de los consejeros que no asistió a la reunión de ayer miércoles.

En setenta días, el Consejo ya incurrió en incumplimiento a la Ley de Transparencia, que señala que debe reunirse cada dos meses. Si fue nombrado el 7 diciembre, pudo haber tenido su sesión de instalación en la siguiente semana y para estas fechas haber realizado su segunda sesión. El hecho es que existe desde hace más de dos meses y todo indica que no ha sesionado.

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