Estela Ambriz Delgado
¿Qué pasa cuando no se respeta la autonomía, y la sexualidad de las mujeres, adolescentes y niñas? Si para una persona adulta es difícil poder levantar la voz y decir que necesita acceder a la justicia porque su cuerpo fue tocado sin su consentimiento, para las niñas y adolescentes lo es mucho más, al enfrentarse a personas adultas que no les creen y les orillan a guardar silencio, así lo planteó la defensora en derechos humanos Claudia Cuellar, en su participación con el tema de “Violencia sexual contra las niñas: la deuda del estado mexicano”.
Apuntó que el panorama es más grave de lo que se imagina, pues las cifras son altas pese a que en muchas ocasiones el miedo que el agresor infringe hace que se mantenga en secreto el delito y que no se haga una denuncia, mientras que cuando sí la hay, es un transitar complicado y lento.
En su intervención dentro del “Foro de análisis de las políticas públicas y la atención de la violencia de genero por parte del Estado”, Claudia Cuellar señaló que el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, ha expuesto que México destaca en delitos de abuso sexual, violencia familiar, trata de personas, entre otras. En el primer semestre de 2023 se abrió una carpeta de investigación por violación cada 20 minutos.
Asimismo, puntualizó que, en San Luis Potosí, de enero de 2019 a marzo de 2022, hubo un promedio anual de casi 6 mil carpetas de investigación en cuanto a delitos contra niños, niñas, y adolescentes por diferentes delitos, de las cuales mil 142 son violaciones y abusos sexuales.
Sin embargo, lo más alarmante es que de esas mil 142 carpetas, solamente 64 han llegado a concretar su investigación y llevarse a causas penales; el 5 por ciento ha llegado a juicios, lo que se traduce en que técnicamente dos de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen un acceso a la justicia.
La defensora de derechos humanos también indicó que, de acuerdo a cifras de Aldeas Infantiles SOS, cada año en México se viven 6 mil delitos sexuales, de los cuales cuatro mil son contra niños, niñas y adolescentes; una de cada cinco niñas en México antes de los 18 años vive una agresión sexual; y 60 por ciento de los generadores de violencia son personas conocidas de la víctima.
Claudia Cuellar enfatizó en que la violencia sexual es una de las agresiones más severas y una de las situaciones en que más se vulneran los derechos humanos, sumado al hecho de que las víctimas no tienen acceso a la justicia, ni a la salud tanto física como mental, siendo que la vida de las personas que son agredidas se ve gravemente afectada.
Ante la situación, la ponente consideró necesario buscar otras estrategias desde la crianza, así como demandar al Estado la atención en el tema, ya que a pesar de que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) es una de estas, no se puede colocar en el mismo espacio el embarazo adolescente y una violación.
La propuesta de Claudia Cuellar para atender la problemática es aplicar la normatividad establecida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, y desde la educación básica poner unidades de género en diferentes sectores escolares en la que se encuentren expertos con perspectiva de género e infancias que acompañen en los programas de formación en temas de sexualidad, además de estar capacitados para detectar algún caso y poder señalarlo.
En el artículo 22, fracción quinta, de dicha ley, se habla de establecer mecanismos para favorecer la erradicación de la conducta de hostigamiento, acoso sexual, y otras que constituyan violencia contra las mujeres en escuelas, centros, e instituciones educativas públicas y privadas. Mientras que la fracción décima indica que se deben formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas.
“Desde ahí proponemos que se hagan protocolos y programas de actuación diseñados por la Secretaría de Educación, que los programas sean evaluados y haya estas unidades de género formadas por diferentes profesionistas (…) que por lo menos pueda haber una por sector escolar”, expresó la ponente.
Respecto al presupuesto necesario para llevarlo a cabo, consideró que por la Alerta de Violencia de Género, que está activa desde 2017, debe haber un presupuesto que tendría que atender y responder a lo señalado en la ley, para que las instituciones puedan responder a la situación.
