Por Eduardo Delgado
María de Jesús Almedarez Prieto, conocida como “Marychuy”, se encadenó en oficinas de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, para exigir su reinstalación en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP). “Bernardina por encima de Gobierno. Gobernador ejerce tu autoridad”, es la leyenda de una de las cartulinas que pegó en muros de la dependencia, como parte de su protesta.
En 2014 “Marychuy” fue víctima de abuso y acoso sexual de parte del entonces delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE) en la SEDUVOP, Juan Martín Gática Izaguirre, a quien acusó por la vía penal y a la fecha no se ha resuelto. Sindicalizados en esa dependencia solicitaron su reubicación fue enviada al Instituto de las Mujeres, Secretaría de Educación y Cultura, donde recién concluyó su comisión.
La semana pasada el director administrativo de Cultura, Alejandro Rodríguez Muñoz, le pidió presentarse en la Oficialía Mayor, mediante oficio que “Marychuy” firmó de recibido “bajo protesta por no estar de acuerdo porque no me regresa a mí área de adscripción. Mi adscripción es SEDUVOP”.
Esta mañana se encadenó en oficinas de la Oficialía Mayor en la calle de Vicente Guerrero número 833, en donde despacha Elías Jezrael Pesina Rodríguez, quien hoy mismo habría sido notificado de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que se pronunciaría en pro de la reinstalación de la trabajadora en la SEDUVOP.
María de Jesús se encadenó, dijo, “porque no hay justicia para mí y hay muchas trabas” para concretar su reinstalación en la dependencia donde tiene su base. Aseguró estar dispuesta a permanecer encadenada “el tiempo que sea necesario, hasta que me resuelvan”.
“Porque no me pueden traer como un objeto de una dependencia a otra…el viernes me dijeron que me presentara en la Dirección de Desarrollo Humano de la Oficialía Mayor, pero yo no he querido firmar porque mi dependencia de adscripción es SEDUVOP”, reiteró.
Criticó la postura del gobernador, Juan Manuel Carreras, porque aduce que la demanda que presentó contra Gática Izaguirre es una cuestión particular y elude el tema de sus constantes cambios de dependencia. “Dice que me quiere tener en una dependencia cómoda, según él y pasa por alto la violencia institucional a que me tienen sometida”.
Considero que el mandatario estatal obedece a Bernardina Lara Argüelles, líder del SUTSGE y por ende hizo caso omiso a las medidas precautorias dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitidas luego de la reunión que sostuvo el 28 de marzo con el titular de ese organismo, Luis Raúl González Pérez.
Al gobernador “le ha faltado autoridad frente a un abuso y acoso de una de sus trabajadoras. Si no puede resolver problemas de sus trabajadores ¿Cómo resuelve problemas del Estado?,”, cuestionó.
Censuró que el visitador de la CNDH, José Luis Carmona Tinoco, le dijo que su caso es un asunto político, en una reunión que sostuvo con él hace un par de semanas. Lo que ella le refutó: ¿Usted donde me ve lo político…lo único que quiere es justicia”.
Ante ello, anticipó, considera la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues sostuvo que ha sido víctima de violencia institucional de parte de Gobierno del Estado en colusión con el SUTSGE.
