Por Alejandro Rubín de Celis
El diálogo público es una de las prácticas que más enriquecen los procesos democráticos en un país o región cuando se desarrolla con la genuina intención de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a los grupos sociales. Crear espacios para el intercambio de ideas y opiniones sobre los fenómenos políticos, sociales, económicos o de cualquier otra índole que aquejan a una sociedad permite identificar problemáticas, profundizar en su análisis y diseñar estrategias en la búsqueda de soluciones.
Desafortunadamente, no todos los espacios de diálogo que se crean tienen el propósito real de promover la participación de los distintos actores involucrados en determinados asuntos, y menos aún que tomen parte en las decisiones de gobierno o que sus propuestas se transformen en políticas públicas eficaces. Básicamente son aquellos espacios de discusión que construyen las organizaciones de la sociedad civil y la academia los que sí buscan generar acciones para incidir en la toma de decisiones de los órganos de gobierno.
La mayoría de los espacios de diálogo que promueven las instituciones públicas derivan en meros actos de simulación. El ejemplo más reciente que tenemos en San Luis Potosí lo representa la reforma electoral que aprobó el Congreso del Estado, el cual convocó a foros de consulta ciudadana de donde surgieron importantes propuestas de modificación a la ley electoral del estado. No obstante, con excepción de dos cambios de relevancia, los diputados dejaron fuera la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la disminución del porcentaje de apoyos que requiere un ciudadano para aspirar a una candidatura independiente, y el aumento en los requisitos de votación obtenida por los partidos políticos para que puedan conservar su registro después de una elección constitucional, que fueron propuestas presentadas en los foros entre varias más de relevancia.
Pero no todo lo que emprenden las instituciones públicas en materia de consulta ciudadana es necesariamente negativo, no al menos lo que acaba de suceder en San Luis Potosí. Al margen de las críticas y los cuestionamientos que se han hecho al Instituto Nacional Electoral (INE) por su desempeño en recientes y pasados procesos electorales, es digna de tomarse en cuenta una interesante iniciativa de participación ciudadana que ofrece una serie de elementos que permiten generar un mínimo de confianza en sus propósitos y alcances.
Se trata de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2013-2017 que tiene entre sus objetivos el combate a la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la discriminación, y cuya instrumentación se hará no sólo a través del INE sino también de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) que hay en los estados. En el caso de San Luis Potosí el órgano encargado es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Sí, diremos que ya hemos escuchado mucho de ese supuesto combate y que las cosas están cada vez peor, pero de entrada hay un reconocimiento expreso de que con lo que hay que acabar es con la simulación. Veamos si hay elementos para dar al menos el beneficio de la duda.
La estrategia está basada en tres ejes: verdad, diálogo y exigencia.
El pasado 24 de mayo se llevó a cabo la primera mesa de diálogo de la ENCCÍVICA en San Luis Potosí en la que se abordaron estos tres ejes con la participación de representantes de la sociedad civil, de la academia, de instituciones públicas, de partidos políticos, de organizaciones juveniles y de organismos autónomos. El punto de partida de la discusión fue el reconocimiento abierto del hartazgo y el desencanto que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones y la democracia.
Se dijo que la gente ha dejado de confiar en las instituciones, que no se han creado mecanismos efectivos para que la sociedad participe activamente en la toma de decisiones e incida en las políticas públicas para su beneficio, que los consejos de participación ciudadana de las instituciones simulan una participación ciudadana que no existe en los hechos, que las prácticas institucionales en la toma de decisiones son verticales, que los organismos autónomos han sido cooptados por los partidos políticos mediante cuotas, que hay un gran déficit en la cultura cívica y política de la población -con un marcado desconocimiento de sus derechos y deberes-, que hay una ausencia de Estado de Derecho que alimenta la desconfianza ciudadana, que las instituciones se auto limitan en el ejercicio sus atribuciones -como fiscalizar recursos pero no aplicar sanciones a quien infringe la ley-, y que la desconfianza deriva de la ineficacia de las instituciones jurídicas, políticas y administrativas.
Se planteó además que hay una falta de respeto a los derechos humanos, que existe una crisis de representatividad porque los ciudadanos no reciben beneficios de las acciones emprendidas por sus representantes, que el modelo económico genera desigualdades diversas, que los programas sociales se usan con fines clientelares, que hay una falta de liderazgos y de pluralidad en los espacios de discusión pública y una incapacidad institucional para crear métodos efectivos de diálogo en los que las iniciativas ciudadanas no se queden en los cajones de las instituciones o sin posibilidades de interlocución.
En suma, se hizo un reconocimiento de problemas estructurales que afectan la democracia y la participación ciudadana en la vida pública, tanto en el estado como en el país. Luego, en el eje de exigencia, vinieron los compromisos, las propuestas de acción y las estrategias para combatir los males que ahí se señalaron: establecer programas curriculares desde la educación básica sobre cultura cívica y democrática entre niños y adolescentes, crear mecanismos de participación ciudadana que hagan viables las medidas de exigencia hacia las instituciones, presionar para que se apliquen efectivamente las sanciones cuando se viole la ley; crear seminarios, conversatorios y cursos en instituciones de educación superior sobre cultura cívica; garantizar el derecho de acceso a la información pública como insumo indispensable para la participación social y exigir rendición de cuentas detallada de los entes obligados, así como sensibilizar y capacitar a la población en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; promover la aprobación del mecanismo de revocación de mandato, discutir las iniciativas que existen y aprobar una Ley de Participación Ciudadana, y diseñar e instrumentar mecanismos efectivos para la participación ciudadana en la toma de decisiones y para incidir en las políticas públicas.
Como ahí se dijo y como lo establecen sus propios documentos, las acciones que se desprenden de la ENCCÍVICA (aquí se puede consultar la versión ejecutiva del proyecto: http://bit.ly/2s1GBnY) deben derivar en el cumplimiento de la palabra pública empeñada y en la promoción de la incidencia ciudadana en la solución de los problemas públicos. Además, la estrategia incluye un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los compromisos y las acciones realizadas.
Ahí está pues una oportunidad de combatir los grandes males que atentan contra la democracia y la participación de la sociedad en los asuntos públicos. Las instituciones que ya establecieron compromisos y las que lo harán posteriormente -aún falta una segunda mesa de diálogo- deberán cumplirlos y dejar atrás la simulación que por mucho tiempo han practicado.
El mayor reto en la implementación de la estrategia lo tiene el INE, pero también tienen una gran responsabilidad las instituciones que adquieren compromisos específicos así como los líderes y representantes sociales y políticos que participan en las mesas de diálogo, para mantener la exigencia en el cumplimiento de esos compromisos y en impulsar y lograr que se materialicen las acciones concretas que ellos proponen. Y desde luego, la sociedad juega un papel muy importante de vigilancia y seguimiento para que éste no sea un ejercicio más de simulación como tantos otros que ya conocemos.
