Fernanda Durán
La controversia en torno al caso de Gustavo N., alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) señalado por presuntos hechos de violencia sexual, escaló este lunes con nuevos posicionamientos públicos tanto de colectivas feministas universitarias como de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Luego de que el pasado fin de semana la colectiva Halcones Morados cuestionara la falta de una resolución definitiva en el procedimiento universitario, ahora difundió un nuevo comunicado en el que elevó sus exigencias y pidió abiertamente la expulsión del estudiante, al considerar que la propia universidad ya reconoció elementos suficientes para atribuirle responsabilidad.
“No estamos pidiendo información del proceso (lo cual es revictimizante), estamos exigiendo resultados”, señalaron las estudiantes en respuesta al comunicado OAG-002/2026 emitido el viernes por la Oficina de la Abogacía General.
La colectiva sostuvo que la propia autoridad universitaria reconoció en marzo de este año la existencia de elementos para presumir responsabilidad del alumno dentro del expediente OAG/AS/142/11-2025, por lo que cuestionó la falta de una resolución definitiva.
“Si la propia institución ya determinó que existen las pruebas y la responsabilidad del agresor, ¿por qué la Autoridad Resolutora sigue congelando la sanción final?”.
Las estudiantes también responsabilizaron a las autoridades universitarias por los retrasos en la atención del caso y “es lo que permitió que hoy existan más denunciantes”.
Asimismo, rechazaron el argumento de que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar la existencia de delitos, pues el procedimiento universitario es independiente de la investigación penal.
“Les recordamos que el procedimiento administrativo de la UASLP es completamente independiente del proceso penal”.
En el documento, las colectivas también manifestaron preocupación por la proximidad del inicio del Internado Médico de Pregrado del estudiante señalado, ya que ello implicaría contacto directo con pacientes en hospitales.
“No vamos a permitir que la UASLP envíe a los hospitales a un perfil con responsabilidad institucional por violencia sexual”.
Como parte de sus demandas, afirmaron que las medidas cautelares implementadas por la universidad —consistentes en que el alumno tomara clases en línea para evitar coincidir con las denunciantes— no sustituyen una sanción definitiva.
“Las clases en línea no son una sanción; la expulsión definitiva sí”.
Defensoría rechaza versión sobre expediente extraviado
Horas después, la Defensoría de los Derechos Universitarios difundió un posicionamiento propio en el que respondió a diversos señalamientos realizados en redes sociales y defendió el seguimiento institucional brindado al caso.
La dependencia negó que existiera documentación extraviada relacionada con las denuncias y aseguró que mantiene localizados los expedientes vinculados con el alumno.
“Esta instancia cuenta con registro de 2 solicitudes de intervención relacionadas con el mismo alumno, encontrándose ambas debidamente integradas y localizadas en el archivo de esta oficina”.
La Defensoría explicó que la primera solicitud fue presentada en 2023 y señalaba tanto a un alumno como a una alumna de Medicina por presunta difamación. Según el comunicado, el asunto fue concluido mediante una medida de garantía de respeto entre las partes involucradas.
Respecto a la segunda intervención, informó que fue presentada en mayo de 2025 por una estudiante que denunció presuntos hechos de violencia de género ocurridos fuera de las instalaciones universitarias.
De acuerdo con la dependencia, el caso fue canalizado a través de la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina y posteriormente se solicitó suspender la tramitación debido a que la interesada manifestó que únicamente buscaba dejar constancia de los hechos como antecedente.
Sin embargo, la Defensoría informó que en enero de este año la misma Unidad de Género pidió retomar el procedimiento, por lo que el expediente fue reabierto como investigación formal y se ordenó la implementación de medidas precautorias en favor de la estudiante.
“Se ordenó la reapertura del expediente como investigación y para el efecto de dictar medidas precautorias en favor de la alumna interesada”.
La oficina agregó que actualmente continúa realizando diligencias conforme a la normativa universitaria y existe un procedimiento paralelo ante la Fiscalía General del Estado, instancia que será la encargada de determinar si los hechos denunciados constituyen delitos.
El intercambio de posicionamientos ocurre mientras la Oficina de la Abogacía General mantiene abierto el procedimiento administrativo universitario, el cual se encuentra actualmente en etapa de valoración de pruebas y alegatos, previo a la emisión de una resolución.
