Desiree Madrid
El 20 de octubre de 2025 marcó un punto de quiebre para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Desde temprana hora, estudiantes comenzaron a manifestarse frente a la Facultad de Derecho tras conocerse un nuevo caso de abuso sexual dentro de las instalaciones universitarias, sin embargo, al movilizarse y tomar otros espacios se encontraron con sujetos que buscaron interferir con las exigencias del estudiantado, a pesar de que no pudieron identificarse como estudiantes.
El caso, por la gravedad y el contexto en que sucedió, desató protestas y la toma de hasta 11 facultades, donde no solo exigieron justicia para la víctima, sino también acciones reales contra la violencia de género, el acoso y el abuso de poder dentro de la universidad.
El lunes 20 de octubre, los estudiantes se concentraron en las inmediaciones de la Facultad de Derecho. Las consignas eran directas: justicia, medidas inmediatas y espacios seguros.
Al día siguiente, martes 21 de octubre, una marcha masiva reunió a alumnos de diversas facultades que confluyeron en el Edificio Central. Desde un inicio, la movilización se desarrolló de manera pacífica, con mensajes que giraban en torno a la exigencia de acciones concretas contra la violencia sexual y el abuso de poder.
Sin embargo, conforme avanzaba la jornada, aparecieron discursos y liderazgos inesperados.
Dos hombres, ambos con el rostro cubierto, tomaron el megáfono y comenzaron a hablar en nombre del movimiento. Uno de ellos, con cubrebocas verde y gorra del mismo tono militar, fue quien insistió en cambiar el eje de la protesta: exigió la destitución del rector. Dijo que la Universidad “vivía del dinero del gobernador Ricardo Gallardo Cardona” y amenazó con cerrar la Zona Industrial para que el mandatario “hiciera caso”.
Esa última declaración generó de inmediato rechazo entre los propios estudiantes. Varias voces lo increparon directamente y le respondieron que la protesta debía mantenerse alejada de intereses políticos o acciones violentas. Cuando comenzaron los reclamos, el segundo hombre cambió de tema y evitó continuar con la propuesta.
Durante la misma jornada, los dos hombres —quienes nunca mostraron credenciales universitarias pese a exigirlas a los demás— permanecieron al frente de la manifestación.
Cuando los directivos intentaron retirarse del Edificio Central, los sujetos comenzaron a arrojarles botellas y agua, un hecho que rompió con el carácter pacífico que había mantenido la protesta. La tensión subió y muchos de los asistentes comenzaron a dispersarse.
Al final, quedó al frente un pequeño grupo encabezado por los mismos individuos, quienes rechazaban el diálogo y aseguraban que era “demasiado tarde” para hablar con las autoridades.
Más de cien personas exigieron ese día la destitución del rector y de todos los representantes de la administración universitaria, pero al día siguiente, miércoles 22 de octubre, las facultades comenzaron a marcar distancia.
Desde Medicina, Comunicación, Psicología, Ciencias Sociales y Derecho, surgieron comunicados redactados por los propios alumnos donde se aclaró que nadie había exigido la destitución del rector, y que la protesta tenía un solo propósito: exigir justicia, respeto y espacios seguros.
En redes sociales, los estudiantes expresaron su preocupación por la presencia de personas externas que intentaban desviar el sentido original del movimiento. Algunos señalaron directamente que los hombres que hablaron con el megáfono este martes no pertenecían a la Universidad.
Dicha distinción fue compartida por la propia Universidad, que por la tarde de este martes comunicó que se había advertido la presencia de sujetos infiltrados en la protesta que realizaron los estudiantes.
El miércoles 23 de octubre, a las 11 de la mañana, un grupo de alumnos convocó a la prensa a la Facultad de Derecho para dar lectura al pliego petitorio. Sin embargo, apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando cuatro hombres y varias personas más interrumpieron el acto, argumentando que “nadie había convocado” y que los reporteros no podían permanecer en el lugar.
La lectura se interrumpió, y con ello se perdió nuevamente el enfoque. “Esto empezó porque violentaron a una compañera dentro de la universidad”, escribió más tarde una estudiante en redes sociales. “No porque queramos tumbar al rector ni hacer política. Que no se olvide eso”.
Ese mismo día la indignación creció luego de que la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, confirmó públicamente que el hecho ocurrió en las oficinas de la Federación Universitaria Potosina (FUP) de la Facultad de Derecho y que tres personas fueron señaladas como presuntos responsables. Uno de ellos fue detenido y se encuentra actualmente bajo prisión preventiva, mientras que dos más permanecen prófugos.
Ese mismo miércoles, la Universidad anunció que el pliego petitorio fue firmado y que se acordaron medidas concretas para atender los reclamos estudiantiles. La rectoría se comprometió a revisar los protocolos de atención a víctimas, mejorar los canales de denuncia y garantizar seguridad dentro de los campus.
Pese a los avances en la detención de responsables y los acuerdos que ha firmado la rectoría, para este jueves 24 de octubre todas las sedes de la UASLP —excepto las de la zona Huasteca— permanecieron en paro. Los estudiantes no han vuelto a pronunciarse oficialmente, aunque en redes sociales persiste la preocupación por posibles infiltraciones y la falta de claridad en la investigación del caso que lo originó.
Más allá de los discursos o las disputas internas, la demanda que originó todo esto sigue vigente y urgente: una universidad libre de acoso, de impunidad y de miedo.
