Fernanda Durán
Mientras diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de impedir que perfiles vinculados al crimen organizado lleguen a candidaturas rumbo a 2027, las posturas sobre la iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés para exigir certificados de integridad y control de confianza evidenciaron diferencias sobre el papel que debería tener el Estado en ese filtro, los riesgos de arbitrariedad y los posibles impactos sobre derechos político-electorales.
La diputada priista Frinne Azuara Yarzabal respaldó abiertamente la propuesta y sostuvo que el contexto nacional obliga a establecer mayores controles sobre quienes buscan competir en elecciones.
“Los tiempos de México requieren de algo. Hace días subí a tribuna precisamente a decir que se requería que tuviéramos más controles con el tipo de candidatos que deseaban participar en una elección”.
Aunque reconoció que el mecanismo podría generar cuestionamientos sobre derechos políticos, consideró que el país enfrenta un escenario en el que resulta necesario asumir ciertos riesgos para impedir la infiltración criminal en los procesos electorales.
“Por un lado pudiera parecer que se violentan derechos políticos, pero entonces ¿cómo podemos iniciar a generar un control de la participación para que no se nos cuelen los grupos criminales?”.
La legisladora vinculó la discusión con hechos ocurridos en procesos electorales pasados, particularmente en Sinaloa durante 2021, donde aseguró que “600 compañeros del PRI fueron secuestrados dos o tres días antes de la elección”.
Desde esa óptica, consideró que la propuesta representa un primer intento para evitar que personas con antecedentes criminales o vínculos ilícitos lleguen a espacios de poder.
Incluso, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el mecanismo pueda utilizarse políticamente contra adversarios del oficialismo —considerando que el Centro de Evaluación y Control de Confianza depende del Ejecutivo estatal—, Azuara Yarzabal admitió el riesgo, aunque sostuvo que éste debe asumirse.
“Sí, claro, por supuesto que corremos ese riesgo, pero son riesgos que son necesarios en este momento”.
La diputada agregó que el diseño deberá revisarse “muy bien, a detalle” para evitar afectaciones indebidas a derechos políticos, aunque insistió en que el país debe comenzar a implementar controles frente a la participación de grupos criminales en elecciones.
En contraste, la diputada morenista Gabriela López Torres manifestó reservas sobre el mecanismo planteado y cuestionó que sea el propio Estado quien realice las evaluaciones.
“La verdad es que yo no creo que este sea el mecanismo para evitar lo que buscan evitar, desde el primer momento en que quien realiza las evaluaciones es el Estado. El Estado no puede ser juez y parte, creo yo”.
La legisladora también criticó la forma en que la iniciativa fue presentada ante el Pleno, al señalar que no existió tiempo previo para revisarla o discutirla antes de su turno a comisiones: “si ya estaba lista, pues ¿qué más daba una semana? O no presentarla conforme a la oficialía de partes y tenerla nosotros abierta a la posibilidad de conocerla”.
Aunque López Torres coincidió en que las candidaturas no deben quedar en manos de perfiles coludidos con actividades ilícitas, sostuvo que el mecanismo debe construirse mediante mesas técnicas y con participación de especialistas para evitar posibles violaciones constitucionales, como lo planteó recientemente el diputado Héctor Serrano.
“Ojalá se lleven a cabo esas mesas de trabajo, que se mande a hablar a los especialistas y que se les escuche, porque de nada sirve traerlos si no se les escucha, respecto de lo que pueda resultar también inconstitucional y violatorio de los principios de votar y ser votado”.
La diputada de Morena insistió en que no comparte la idea de que el Estado determine quién puede o no contender electoralmente: “No soy partidaria de que sea el Estado juez y parte para seleccionar quién puede ser candidato o quién no. Sí me resulta medio absurdo”.
Al ser cuestionada sobre si Morena tiene autoridad moral para impulsar filtros de integridad ante casos recientes, como investigaciones relacionadas con huachicol fiscal, Segalmex o señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, López Torres respondió que el movimiento “es más grande” que perfiles individuales y sostuvo que, mientras no existan sentencias firmes, debe prevalecer la presunción de inocencia.
“Ni la presidenta ni Morena van a encubrir a nadie”, afirmó, al tiempo que aseguró que la dirigencia nacional ha planteado que la reputación de quienes aspiren a candidaturas deberá valorarse incluso por encima de resultados de encuestas internas.
Por su parte, el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló previamente que analizará la propuesta junto con la dirigencia de Morena antes de fijar una postura definitiva.
Desde el PAN, el coordinador parlamentario y presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que existe tiempo suficiente para revisar la iniciativa antes del inicio formal del proceso electoral y consideró necesario abrir el debate sobre mecanismos para “blindar” candidaturas.
“Estamos a favor de poder blindar los procesos electorales y, sobre todo, poner filtros para cuidar los perfiles que estén compitiendo en todos los partidos políticos”.
Sin embargo, subrayó que cualquier mecanismo deberá respetar la Constitución y evitar vulneraciones a derechos político-electorales.
“Hay que ver que estos blindajes o estos filtros tampoco contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Guajardo Barrera consideró que la propuesta de Serrano abre una discusión que anteriormente no se había colocado en la agenda pública y adelantó que el PAN también prepara una propuesta propia de reforma electoral con medidas relacionadas con el blindaje de candidaturas, cuyos detalles darán a conocer en los próximos días.
“Creo que es bueno que el diputado Serrano ponga el tema en la mesa, porque al final nadie lo había puesto. Pero, al final, si pueden ver la exposición de motivos de la iniciativa, lo que está buscando es cómo blindar a los partidos políticos para que no nos pase lo mismo que en Sinaloa. Entonces, creo que al final abre el debate”.
