Adriana Ochoa
Es un proceso insidioso, como el óxido en una estructura: el Estado de Derecho en San Luis Potosí se desvanece a la vista. La erosión local en tema de justicia, corrupción, seguridad, legalidad y derechos es reflejo de una enfermedad nacional.
Recién el WJP publicó su Índice Global 2025, situando a México en el puesto 121 de 143 países. Mejor que México están Rusia, Turquía, Guinea, Honduras, Nigeria, El Salvador, Angola, Madagascar y Togo.
El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) recopila las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país. Levanta cuestionarios, muestras y consultas con especialistas.
El IEDMX 2025 todavía no se hace público. El más reciente disponible es el que corresponde a 2023-2024. Una lectura comparativa de los reportes de año tras año permite notar una clara caída desde 2018: SLP descendió desde un mediocre pero menos alarmante lugar 17 nacional, hasta el peldaño 27 en el ciclo 2023-2024.
La caída de San Luis Potosí no es una casualidad. Es la resultante de la implosión de subfactores clave, aquellos que miden la vida real de la gente. El informe detalla la anatomía de un colapso institucional.
El índice está integrado por ocho subcomponentes: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal.
El rubro de Ausencia de Corrupción es un pantano del que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en SLP apenas se mueven. El indicador no sale del sótano, edición tras edición. No hay “herencia maldita” que valga como pretexto ni cambio de gobierno o legislatura que marque diferencia. Los potosinos perciben un abuso de funciones para beneficio privado en los tres poderes y las corporaciones policiacas. No hay confianza en que la ley se aplique por igual a todos.
Los subfactores de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad y Corrupción en la Procuración de Justicia son críticos. Esto significa que quien debe proteger o investigar es, en sí mismo, es visto como parte del problema. Esto corroe la legitimidad del sistema desde la base.
El indicador Ausencia de Corrupción en el Poder Judicial también ha mostrado preocupantes descensos. El WJP evalúa la percepción de influencias inapropiadas o el uso de funciones para beneficio privado de juzgadores.
Una justicia lenta se vuelve una justicia venal. Las demoras procesales son a menudo un mecanismo para ejercer presión y abrir la puerta a la corrupción. El sistema se convierte en un laberinto con peaje.
El factor de Justicia Penal también arrastra a SLP. La insuficiente investigación y resolución de crímenes es evidente. La impunidad se siente en las calles, normalizando el quebranto de la ley.
Otro factor débil es el de Justicia Civil, con tiempos procesales lentos y un acceso limitado a la población. Un sistema de justicia que no es ágil ni accesible no es un Estado de Derecho funcional.
El rubro de Gobierno Abierto en SLP es el más preocupante y no extraña en absoluto: es la señal de que el espacio cívico se encoge o la gente se harta. Esta contracción puede interpretarse como apatía, pero también como miedo o desencanto absoluto. Si la opinión pública no influye, el ciudadano se retira y deja el campo libre al cacicazgo. Con Ricardo Gallardo Cardona, la grosería y las amenazas para el disenso son política pública. Insulta porque puede y paga quién se lo celebre y amplifique. SLP fue bajando desde el lugar 23° en 2018 al 31° en 2024.
La crisis de confianza se agudiza al voltear al Poder Judicial del Estado. Es el garante final del Estado de Derecho y su renovación reciente, a través de una elección inédita, cuestionada y percibida como fraudulenta, añade sombras. Esa elección judicial compromete la legitimidad y autoridad moral de los nuevos juzgadores. ¿Cómo exigirán el cumplimiento de la ley si su origen está bajo sospecha? Será interesante percibir cambios, para mejor o para peor.
El desafío para este Poder Judicial recién instalado está a la vista: despolitizar la justicia. Lo que hagan siempre tendrá el reto de disolver dudas respecto de su independencia absoluta del Ejecutivo.
San Luis Potosí no puede permitirse seguir descendiendo en silencio. O es ahora, o el Estado de Derecho se convertirá en un concepto de museo.
ROLLOS SUELTOS
ESTILO “VARGUITAS”. El caso de la venta de cerveza en exclusiva para los organizadores de la feria de Pozos, en la cabecera municipal, dejó en cueros los peores modos para el trastupije de las administraciones verdes. Remite a “Varguitas”, el alcalde trácala de “La Ley de Herodes”.
A PUNTA DE PREPOTENCIA. Disque en aras de convivencia familiar segura, y sin acuerdo alguno del concejo municipal poceño, la Dirección de Comercio prohibió la venta de cerveza a los comerciantes, quienes de inmediato se dieron cuenta que en las instalaciones de la feria los organizadores, o sea la administración pública, sí vendían bebida alcohólica. Comercio pretendió asustarlos con una circular hechiza, sin sellos, y avivó el enojo. Además, sus inspectores o lo que sea que sean, incurrieron en conductas intimidatorias y abusivas. La titular de Comercio, Rocío Alvarado Vázquez, y su asesor jurídico, Alex Muciño, fueron denunciados ante la contraloría interna por siete concejales de distintos partidos, debido a su “conducta antijurídica, dolosa, errónea o de mala fe”. El proceso se anuncia largo, para que se olvide el tema y rescaten a su recaudadora.
¿Y LA PRESIDENTA CONCEJAL? No les gustó ya ni a quienes la pusieron como primera autoridad en el recién creado municipio de Villa de Pozos, pero parece que no hallan con quién suplirla.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
