Por Victoriano Martínez
La forma en que se privilegia el negocio por encima de los intereses de los ejidatarios y, peor aún, en contra del medio ambiente, no tiene límites. Las operaciones para doblegar a los ejidatarios que defienden su territorio y las condiciones ambientales del mismo ya tuvieron un resultado: en el Ejido La Tapona aceptaron vender la tierra a 60 pesos el metro cuadrado.
Del lado de los principales interesados en la construcción de la carretera de cuota a Matehuala, el gobierno estatal que la concesionó y la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras a la que se le asignó, maniobraron para presionar a los ejidatarios de La Tapona a través de algunos exalcaldes, infiltrados y la amenaza directa a quienes se oponían.
“Hubo cooptación directa con dinero para impedir que se diera la intervención de nosotros los Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, comentó uno de los activistas de ese grupo, quien informó que a pesar de ello se mantienen impugnaciones sobre el proceso desde antes de que se diera el cambio de postura de la asamblea que aún pueden surtir efecto.
El caso es que el pasado 10 de junio, los ejidatarios de La Tapona comenzaron a recibir un cheque por 233 mil 025.47 pesos, desde una cuenta bancara abierta por Mario Gaytán Salas y Cirila Barrón Cera, presidente y tesorera del Comisariado, con recursos proporcionados por la empresa.
El pago estuvo precedido por una asamblea en la que se aprobó autorizar a al comisariado para firmar el convenio con la Junta Estatal de Caminos “por la ocupación previa de la superficie a ser destinada a la construcción, explotación, operación y mantenimiento de una autopista de una longitud de 118.4 kilómetros” que después se ratificará ante notario público.
En la misma asamblea autorizan al Comisariado a recibir la contraprestación, que quedó a razón de 60 pesos por metro cuadrado, como “pago anticipado por concepto de indemnización, y el pago por los bienes distintos a la tierra”, sin que se haya mencionado la descripción de esos “bienes”.
Hasta donde se conoce el contenido del convenio, se firma el pago por la ocupación de una superficie para dos carriles, con posibilidad de ampliación a cuatro, lo que abre la sospecha de un posible engaño porque reciben un pago que pudo ser calculado sobre la primera opción, pero queda la duda sobre si les pagarán por la ampliación, que ya es un hecho.
Infraestructura Potosina de Carreteras presentó el 11 de junio una solicitud de aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental para ese tramo carretera que señala que se trata de una autopista de cuatro carriles, dos por sentido.
El caso de La Tapona muestra la forma en que es capaz de operar Infraestructura Potosina de Carreteras, de Grupo Valoran, para presionar a los ejidatarios hasta lograr despojarlos de sus tierras, sin importar que esté de por medio la depredación ecológica que, justo en ese ejido, se registró una intervención no autorizada con daños dentro del Área Natural Protegida Reserva Estatal Real de Guadalcázar.
De las 877.9 hectáreas que la empresa pretende ocupar a lo largo del los 118.4 kilómetros de la autopista, el Ejido El Peyote se ha negado a la ocupación de su territorio, para lo que acordaron como prioridad proteger el ecosistema de la región.
Advirtieron que, aunque se llegara a un acuerdo económico que superara los 400 pesos por metro cuadrado, en caso de realizarse, primero deben garantizar que se mitiguen en mayor medida los impactos ambientales, para lo que ya pidieron apoyo a instancias federales para una propuesta con sustento agrario y ambiental.
En los últimos días, dos ejidos más se sumaron al rechazo a la autopista, San Lorenzo y Peotillos, con la misma postura: dar prioridad a la conservación ambiental y no tolerar el abuso por parte de la empresa para comprarles sus tierras a un precio irrisorio.
Las maniobras por la ocupación del territorio por parte de los interesados en la construcción de la autopista seguramente se mantendrán sin límites y no cesarán, pero más allá de que lo pudieran lograr, por sólida que hoy se ve la resistencia en ejidos como El Peyote, tendrán que superar además las autorizaciones ambientales de carácter federal.
El trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT se encuentra en periodo de consulta pública, por lo que enfrentará no sólo los inconvenientes de los presuntos 46 impactos negativos que la empresa reconoce como posibles, sino los que denuncien ejidatarios que los conocen de primera mano y las denuncias sobre los que ya provocaron.
En las maniobras de despojo de las tierras ejidales el abuso que se pretende al pagarles la tierra a un precio miserable es una agresión contra los ejidatarios, pero la depredación ecológica que pretenden realizar afecta a toda la población, es decir, el tema es el medio ambiente…
