Fernanda Durán
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado acordó este 14 de febrero que esperarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la acción de inconstitucionalidad sobre la reforma que integra el concepto de violencia vicaria para continuar con el trabajo de las iniciativas que pretenden tipificar este tipo de violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.
El debate se abrió entre los integrantes de la Comisión, ya que en el caso de los diputados Juan Francisco Aguilar Hernández y Cecilia Ochoa Limón coincidieron en que es necesario esperar la resolución de la Suprema Corte, si es que se determina que esta legislación restringe la igualdad entre hombres y mujeres.
En enero, la SCJN informó que durante el primer periodo de sesiones de este año se pronunciará sobre la validez de la definición de la llamada “violencia vicaria” y sus consecuencias jurídicas.
Mientras opiniones como la del diputado Edmundo Torrescano Medina, y criterios formales de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María Manuela Cázares, consideraron la pertinencia y necesidad de tipificar este delito como una conducta que se integre en el delito de violencia familiar.
Incluso el diputado Torrescano Medina planteó aprobar el dictamen y anexar un artículo transitorio en el que determinará su vigencia a partir de julio de este año, con el fin de generar sustento jurídico para este tipo de violencia, pero la propuesta fue rechazada con el acuerdo de posteriormente revisar el estatus de la determinación de la Corte y conforme a los criterios establecer la tipificación.
Por lo que mientras transcurre el tiempo, pedirán también la opinión de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la Coordinación Jurídica del Congreso.
Las propuestas que quedaron en pausa corresponden a la diputada Gabriela Martínez Lárraga y la ciudadana Isabella María Lastras Martínez, con modificaciones a los artículos 142 Quáter, 142 Quinques y 142 Sexies del Código Penal del Estado, así como disposiciones de los artículos 4, 8, 11, 12, 14, 92, 293, y 296, del Código Familiar para el Estado; 205, 205 Bis y la adición del 205 TER del Código Penal del Estado.
Posteriormente, a través de redes sociales, la diputada Gabriela Martínez Lárraga reprochó el acuerdo al señalar que sus compañeros no han estudiado ni se han interesado por saber qué es la violencia vicaria.
“Estas reformas que hoy no quisieron dictaminar afectan a Mujeres, pero sobre todo a esos hijos e hijas que verdaderamente sufren un calvario, me sorprende que haya mujeres diputadas que no les duele este tipo de violencia; estas reformas ya se aprobaron incluso en el Congreso de la Unión. La opinión técnica del STJE es favorable, aún así decidieron bajarlo en la Comisión de Justicia, me imagino que ninguno de ellos ha vivido de cerca el sufrimiento de estas mujeres y de sus hijos e hijas”.
