María Ruiz
Aunque los proyectos federales destinados a la atención de mujeres en situación de violencia están diseñados con recursos suficientes para cubrir honorarios, viáticos, materiales y operación, en San Luis Potosí, trabajadoras de los Centros Libres han denunciado retrasos de hasta dos meses en el pago por sus servicios, así como la falta de insumos básicos para desarrollar su labor diaria.
De acuerdo con lo señalado por Marcela García Vázquez, especialista en violencia de género y ex titular del Instituto de las Mujeres en el Estado, los convenios de colaboración entre federación y estado establecen claramente que este último es quien debe asumir la responsabilidad de realizar los pagos en tiempo y forma, sin importar posibles demoras en la liberación del recurso federal.
“El hecho de que el Gobierno Federal no cumpla a tiempo con la liberación de los recursos de ninguna manera justifica que el Gobierno del Estado no pague en tiempo y forma. Dentro del convenio de colaboración se establece claramente que el estado asume esa responsabilidad”, explicó.
Las denuncias públicas hechas por trabajadoras actualmente en funciones dentro de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) señalan no solo la falta de pagos y materiales, sino también condiciones laborales marcadas por la ausencia de capacitaciones y por un ambiente institucional hostil, con amenazas y presión, que inhiben la posibilidad de levantar quejas internas.
García Vázquez advirtió que estas condiciones, en un contexto ya exigente como lo es la atención a mujeres en situaciones de violencia, pueden deteriorar seriamente la salud física y emocional de quienes laboran en los centros.
Subrayó que estas profesionistas no cuentan con seguridad social, prestaciones ni estabilidad, ya que su contratación es por honorarios, con montos que en muchos casos no superan los 15 mil pesos mensuales.
“Muchas lo hacen más por vocación de servicio que por una expectativa de estabilidad laboral. Pero eso no puede normalizar la precarización de su trabajo ni justificar que no se les reconozca como parte fundamental del sistema de atención”, sostuvo.
A pesar del contexto adverso, señaló que el modelo federal de atención es robusto y contempla con claridad los recursos necesarios para operar, por lo que corresponde al estado garantizar su adecuada implementación, sin que esto recaiga en las condiciones de vida de las trabajadoras.
Para la especialista, se requiere no solo el cumplimiento administrativo, sino también un compromiso ético e institucional para brindar contención, reconocimiento y un trato digno a las mujeres que, desde los Centros Libres, enfrentan diariamente uno de los rostros más duros de la violencia de género.
