Fernanda Durán
Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantuvieron tomadas las instalaciones este miércoles 4 de noviembre, ante la falta de soluciones a sus demandas sobre insumos, infraestructura, condiciones académicas y servicios clínicos. La inconformidad escaló hasta el planteamiento de exigir la destitución del director, Alan Zumarán, a quien señalaron por presuntos incumplimientos y falta de atención a los problemas que, aseguran, se arrastran desde hace más de un año.
Alrededor de 150 alumnos participaban en la movilización, a la que continuaban incorporándose estudiantes de distintos semestres. Los manifestantes permanecieron durante la noche del martes en las instalaciones, después de recibir, aproximadamente a las 21:30 horas, una respuesta institucional a sus primeras peticiones que consideraron insuficiente.



En entrevista, estudiantes que solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias explicaron que, tras revisar las respuestas con sus compañeros, determinaron continuar el paro y elaborar un pliego petitorio de 25 puntos, en el que solicitan medidas inmediatas, compromisos con fechas específicas y documentación que permita comprobar su cumplimiento.
Una de las alumnas sostuvo que el director se había comprometido a acudir a las 10:30 horas de este miércoles para recibir el documento, pero no se presentó a la hora acordada, lo que incrementó la molestia entre los participantes.
La estudiante señaló que el movimiento no permitió el ingreso de personal administrativo ni docentes, debido a que esperaban una respuesta directa del titular de la Facultad.
Posteriormente, Zumarán acudió a dialogar con los manifestantes y atribuyó su ausencia inicial a un problema de comunicación con el consejero alumno Edgar Axel Torres Canela, quien, según explicó, le había informado que el documento todavía no estaba listo para entregarse.
Las demandas presentadas abarcan tanto el funcionamiento de las clínicas como las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan realizar los tratamientos odontológicos exigidos para acreditar sus materias.
Entre los 25 puntos se encuentran el suministro de materiales, la habilitación de sistemas de limas para endodoncia, el fortalecimiento de radiología, la disponibilidad de películas radiográficas y lámparas de fotocurado, así como el mantenimiento de unidades dentales y las condiciones de los laboratorios de prótesis.
También solicitan resolver problemas de drenaje, sanitarios, higiene y acceso al agua, además de mejorar el servicio de cajas, revisar los costos de tratamientos y garantizar condiciones de seguridad en las instalaciones, particularmente en la Clínica Morelos.
En materia académica, plantean modificar los requisitos y criterios de acreditación de distintas clínicas, reconocer sesiones trabajadas, regularizar cancelaciones de cirugías, revisar los horarios y asistencia del personal docente, actualizar programas académicos y permitir el uso de instrumental propio.
Uno de los principales cuestionamientos sigue siendo el sistema de evaluación que, según los alumnos de último año, exige acumular 350 puntos para alcanzar una calificación mínima aprobatoria de seis.
Los manifestantes sostienen que estas exigencias, sumadas a los retrasos en laboratorios, la falta de materiales y las condiciones de los equipos, terminan afectando tanto su aprendizaje como la atención a los pacientes.
Por ello, además de solicitar la reparación y abastecimiento de las clínicas, exigen la revisión de los criterios de evaluación y que se repongan las clases, prácticas y exámenes suspendidos durante el paro, sin consecuencias académicas para los participantes.
Cuestionan manejo de recursos y plantean destitución del director
Otra de las demandas es conocer el destino de los ingresos que recibe la Universidad por los tratamientos realizados a pacientes en las clínicas odontológicas.
Los estudiantes señalaron que diariamente se cobra por distintos servicios, por lo que solicitaron información sobre la distribución de estos recursos y el presupuesto asignado a la Facultad.
Aunque los alumnos consideran que el volumen de pacientes representa ingresos importantes, no cuentan con cifras documentadas sobre la recaudación ni el presupuesto disponible.
La inconformidad también alcanzó la permanencia de Alan Zumarán al frente de la Facultad, pues los participantes aseguraron que durante una protesta realizada el año pasado recibieron compromisos similares que, según su versión, no fueron cumplidos.
Los manifestantes indicaron que la exigencia deberá ser respaldada mediante una decisión colectiva del alumnado. También señalaron que algunos docentes les han manifestado su respaldo y han reconocido problemas en las clínicas.
Respecto a posibles represalias, una de las estudiantes explicó que no habían recibido amenazas directas durante la movilización actual, pero aseguró conocer antecedentes de compañeros afectados académicamente, motivo por el que varios participantes prefirieron mantener el anonimato.
Durante el segundo día de protesta también surgieron diferencias respecto a la actuación de las representaciones estudiantiles.
Algunos manifestantes cuestionaron la falta de acompañamiento del consejero alumno Edgar Axel Torres Canela, al considerar que los problemas de la Facultad ya habían sido expuestos desde tiempo atrás sin obtener resultados.
También señalaron que la Federación Universitaria Potosina (FUP) no se había acercado a ofrecer apoyo al movimiento y que tampoco habían recibido acompañamiento de los representantes docentes ante el Consejo Directivo Universitario.
Por su parte, Torres Canela rechazó los señalamientos:
“Yo he presentado varios oficios, o sea, ahí están de sello de recibido con fecha y lo que está solicitando. Hice un diagnóstico general en las clínicas, solicitando que se diera esto”.
Explicó que, desde su perspectiva, una parte importante del problema está relacionada con los procedimientos de adquisición y la intervención del Órgano Interno de Control, que limita las compras directas para prevenir conflictos de interés.
Según el consejero, aunque se les informó que el presupuesto había sido liberado, las dificultades administrativas y los procesos de contratación seguían retrasando la llegada de materiales.
Agregó que desconoce el monto exacto del presupuesto de la Facultad y consideró necesario transparentar los ingresos obtenidos por los servicios odontológicos, así como revisar qué proporción de esos recursos se destina nuevamente a las clínicas.
Torres Canela también mencionó otras necesidades, como el mantenimiento de los vehículos utilizados para trasladar estudiantes a comunidades, y afirmó que ha recibido muestras de respaldo de consejerías de otras facultades.
No obstante, reconoció que no había sostenido diálogo con la presidencia de la FUP sobre esta movilización.
Durante la reunión de este miércoles, el director Alan Zumarán escuchó la lectura de los 25 puntos y solicitó a los estudiantes identificar cuáles consideraban prioritarios para atenderlos primero.
Los manifestantes respondieron que todas las demandas debían revisarse y que correspondía a las autoridades precisar cuáles podían resolverse de inmediato y cuáles requerían un calendario de cumplimiento.
Zumarán explicó que necesitaba consultar a los responsables de cada área y reunir documentos que respaldaran las gestiones realizadas, por lo que consideró imposible entregar una respuesta definitiva en ese momento.
Ante la insistencia de los alumnos, las autoridades solicitaron autorización para que personal administrativo ingresara a las oficinas y recuperara documentación relacionada con las peticiones, a lo que los manifestantes accedieron de manera limitada.
También se acordó establecer contacto directo con representantes del movimiento para organizar una mesa de trabajo y entregar por escrito los avances y las respuestas institucionales.
Sin embargo, los estudiantes reiteraron que no levantarán el paro únicamente por recibir nuevos ofrecimientos, particularmente porque consideran que los compromisos adquiridos durante movilizaciones anteriores quedaron pendientes.
El director insistió en que las soluciones requieren tiempo y documentación para evitar respuestas que posteriormente no puedan cumplirse.
Los manifestantes aceptaron que las autoridades continuaran revisando sus solicitudes, pero mantuvieron el cierre de las instalaciones sin establecer una fecha para reanudar las actividades.





