Fernanda Durán
A través de un oficio acompañado de 217 firmas, estudiantes de la Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí solicitaron formalmente que la sesión del Consejo Técnico Consultivo en la que se definirá la terna para la nueva Dirección sea pública, transparente y accesible para la comunidad universitaria.
La petición, entregada este miércoles a la dirección y la secretaría general, argumenta que la elección —y la deliberación previa— deben desarrollarse bajo criterios de igualdad sustantiva, perspectiva de género y transparencia, conforme al marco constitucional y convencional vigente.
El documento señala que la solicitud se formula como parte del seguimiento al pliego petitorio firmado por Rectoría el 24 de octubre, por lo que su atención constituye un compromiso institucional previamente adquirido. Las y los estudiantes centraron su exigencia en dos ejes: la apertura total del proceso deliberativo y la obligación jurídica de garantizar la paridad de género en los órganos universitarios.
En su argumentación, destacaron que el artículo 93 del Reglamento de la Facultad limita la publicidad de las sesiones del Consejo, pero sostienen que esa restricción entra en conflicto con derechos constitucionales como el acceso a la información.
El artículo 93 del Reglamento de la Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga Leija” establece lo siguiente:
“Las sesiones del Consejo no serán públicas; sin embargo, cuando su presidente lo considere necesario y con autorización de la mayoría de los integrantes, podrán estar presentes con voz, personas cuya participación se estime necesaria en asuntos que lo ameriten”.
Por ello, pidieron inaplicar parcialmente la norma interna en cuanto a la publicidad de las sesiones, al argumentar que, cuando una norma universitaria entra en tensión con derechos fundamentales, debe prevalecer la supremacía constitucional.
Explicaron que el control de convencionalidad obliga a todas las autoridades —incluidas las universitarias— a revisar si sus actos respetan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que el principio pro persona exige elegir siempre la interpretación que otorgue mayores libertades y garantías.
Para reforzar su postura, recordaron que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que ninguna institución puede aplicar reglas internas de forma mecánica cuando ello limite derechos; con estos criterios, los órganos universitarios tienen la obligación de “interpretar y aplicar las normas internas de la manera más favorable a los derechos de la comunidad universitaria”, y por ello deben abrir la sesión al escrutinio público.
El escrito señala que la transparencia debe garantizarse no solo durante la sesión, sino también mediante la publicación del orden del día, documentos de trabajo, actas y acuerdos, de forma accesible y verificable. Lo anterior fundamentado en que la Ley General de Transparencia obliga a que, ante duda, prevalezca la publicidad sobre la reserva.
El segundo eje de la solicitud se relaciona con la igualdad sustantiva y la deuda histórica con las mujeres en los espacios de dirección universitaria. Las y los estudiantes citaron el artículo 11 de la Constitución de San Luis Potosí, reformado en marzo de 2025, el cual establece que en los procesos de elección de rectoría, direcciones y órganos de gobierno “se deberán implementar acciones para observar el principio de paridad de género”, por lo que el mandato aplica directamente a la elección de la nueva Dirección de Derecho.
Asimismo, solicitaron que la terna propuesta esté integrada únicamente por mujeres como medida de acción afirmativa orientada a garantizar la igualdad sustantiva y corregir la falta de representación femenina en cargos directivos dentro de la facultad. La propuesta, sostienen, se basa en la Constitución Política de México, leyes generales de igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como en los instrumentos internacionales Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y Belém do Pará.
Entre los puntos petitorios, las y los estudiantes solicitaron también que la autoridad universitaria emita una respuesta escrita, fundada y motivada, conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, y que garantice el seguimiento a los compromisos asumidos con el estudiantado durante el paro universitario.
Finalmente, el documento afirma que elegir a una mujer como directora “representa un acto de justicia histórica” y un ejercicio de consolidación democrática dentro de la UASLP.
La comunidad estudiantil subrayó que este llamado busca asegurar que el proceso de designación se realice con transparencia, igualdad y rendición de cuentas, en beneficio de toda la comunidad.
La solicitud estudiantil surge en el marco del proceso extraordinario para elegir a la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho, luego de que la renuncia del ahora ex director, Germán Pedroza Gaitán, abrió un periodo de interinato y obligó a emitir una convocatoria urgente —en la que extraoficialmente se ha dado a conocer que existen 12 aspirantes—; en el proceso, el Consejo Técnico Consultivo será el órgano encargado de analizar los expedientes y proponer una terna al Consejo Directivo Universitario, que tomará la decisión final.
