Por Victoriano Martínez
Ismael Carrillo Ávila dejó de ser el representante del Registro Agrario Nacional (RAN) en el Estado desde hace cuatro meses y su lugar lo ocupa Myriam Jacqueline Contreras Riquelma como encargada del despacho de la Oficina de Representación, sin que la sustitución se haya hecho pública.
La destitución se dio tras señalamientos de nepotismo, malos tratos y un servicio deficiente que fueron difundidos por medios de comunicación, pero no se supo ni se dio a conocer salida del funcionario.
En la Plataforma Nacional de Transparencia, Carrillo Ávila deja de aparecer en el listado de servidores públicos del RAN en el tercer trimestre del año. Desde el mes de septiembre, Contreras Riquelme ha firmado informes justificados para jueces federales, como en el caso del Juicio de Amparo: 441/2025-11, en el Juzgado Séptimo de Distrito.
Entre las razones por las que fue destituido también existen versiones sobre actos de corrupción, entre los que destacan casos que tienen que ver con la propiedad de tierras dentro del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito, en donde Carrillo Ávila habría operado actas de asambleas de dominio que desincorporaban tierras ejidales.
Durante el proceso de declaratoria del Área Natural Protegida se solicitaron al Registro Agrario Nacional informes sobre la situación de la tenencia de la tierra en los ejidos que se encuentran dentro del polígono del ANP.
Uno de estos ejidos fue el de El Aguaje, donde –previo a la declaratoria– la superficie que quedaría dentro del ANP se reportó como de tierras de uso común. No obstante, después de la publicación del decreto de protección, las mismas superficies fueron reportadas por el RAN como dotadas de dominio pleno.
Se trató de una maniobra con la que se pretendió regularizar la adquisición fraudulenta previa de esas tierras por parte del grupo Gran Peñón por la vía de montar presuntas asambleas de dominio pleno para las que el RAN se prestó para registrarlas.
Algo similar ocurrió en los ejidos San José de la Purísima y Jaral, aunque en estos el cambio de destino de las tierras se declaró para venderlas a los grupos empresariales Valoran y CIMA.
Se trata de dos ejemplos con los que se ubica a Carrillo Ávila como operador, desde las propias oficinas del RAN, de grupos empresariales, tanto inmobiliarios como de construcción de carreteras.
Tras su salida del RAN, se ha visto a Carrillo Ávila realizar gestiones ante distintas instancias agrarias a favor de los grupos empresariales.
Esta misma semana se supo que fue presentado como asesor del Grupo Valoran (al que pertenecen las empresas Mexicana de Técnicos en Autopistas e Infraestructura Potosina de Carreteras) en una reunión a la que acompañó a directivos de ese corporativo.
Una asesoría centrada en la validación de diversos contratos de ocupación para la construcción del proyecto carretero Entronque 75D-Matehuala, concesionado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Grupo Valorán.
En ese proyecto, Infraestructura Potosina de Carreteras tiene pendiente la validación de cuando menos 19 contratos de dominio y uno más, el del Ejido Peotillos, pendiente de ser aprobado por la asamblea que ha manifestado su rechazo a la oferta de la empresa para la compra de sus tierras, a pesar de las presiones ejercidas con el apoyo del gobierno estatal.
Una operación contra los derechos agrarios asesorada por Carrillo Ávila, en la que la empresa carretera y el gobierno de Gallardo Cardona se alían para pasar por encima de los ejidatarios, a quienes sólo les queda la esperanza de que el gobierno federal radicalice sus posturas contra una operación avalada por la gallardía en contra de la línea principal de la Cuarta Transformación: primero los pobres.
Un aspecto más, pues, en el que la gallardía no sólo toma distancia de la 4T, sino que hasta la confronta.
