Fernanda Durán
En lo que va de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, las y los diputados locales promovieron al menos 121 exhortos, una de las figuras parlamentarias más utilizadas para posicionar temas de interés público, llamar la atención de otras autoridades o fijar postura política.
Sin embargo, el análisis del destino de estos puntos de acuerdo permite identificar que una parte importante no se tradujo en acuerdos aprobados, ya sea por desistimiento, caducidad, improcedencia o falta de dictaminación.
Del total de exhortos revisados, menos de la mitad concluyeron en resoluciones avaladas por el Pleno, mientras que una proporción significativa permanece pendiente o fue retirada por sus propios promoventes.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, encabeza la lista con 15 exhortos promovidos, seguido muy de cerca por la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas del PVEM, con 14, y la priista Sara Rocha Medina, con 12. No obstante, el número de iniciativas presentadas no se traduce necesariamente en efectividad legislativa.
En el caso de Gama Basarte, ocho de los exhortos presentados fueron desistidos, además de otros que concluyeron sin materia o caducados, lo que lo ubica como el legislador con el mayor número de exhortos retirados.
En contraste, Aradillas no solo figura entre quienes más exhortan, sino que lidera el número de exhortos aprobados, con 10 resoluciones avaladas, varias de ellas por unanimidad.
Por partido político, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) domina ampliamente el uso de esta figura parlamentaria, con 37 exhortos, seguido por Morena (23), PRI (17), Movimiento Ciudadano (15), PT (15) y PAN (13).
En cuanto a resultados, el PVEM también encabeza el número de exhortos aprobados, con 27 acuerdos, seguido por Morena con 11, el PAN y el PT con nueve cada uno, el PRI con siete y Movimiento Ciudadano con dos.
Respecto a las autoridades destinatarias, los ayuntamientos constituyen el principal objeto de los exhortos. En al menos 16 casos se llamó de manera general a los 59 municipios del estado, mientras que en otros siete se exhortó a ayuntamientos específicos.
Les siguen, a distancia, dependencias del Poder Ejecutivo estatal, secretarías como Seguridad, Educación o Salud, y en menor medida autoridades federales. Este dato no es menor: exhortar a los municipios suele ser políticamente rentable y jurídicamente menos complejo, pues se trata de autoridades cercanas y con obligaciones claras en temas como agua, ecología, seguridad o reglamentación.
El cruce entre la autoridad exhortada y el estatus final muestra que los exhortos dirigidos al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo del Estado no derivaron en acuerdos aprobados, al quedar pendientes, sin materia o desistidos. Situación similar se observa en los exhortos dirigidos al Ayuntamiento de Rioverde.
De los 121 exhortos revisados, 39 permanecen pendientes, sin que exista hasta ahora un dictamen que los apruebe o deseche formalmente. Morena y el PVEM concentran el mayor número de estos casos, lo que sugiere que la sobreproducción de exhortos también genera rezagos internos.
Además, el documento registra tres exhortos que concluyeron como caducados y cuatro sin materia o improcedentes; figuras que, en la práctica, reflejan fallas de temporalidad, de técnica legislativa o de competencia jurídica. Estos casos se concentran principalmente en diputados del PRI y de Movimiento Ciudadano.
Aunque algunos legisladores logran convertir los exhortos en acuerdos formales, una parte importante termina archivada, retirada o simplemente ignorada.
