María Ruiz
La maestra Palmira Flores García, originaria del pueblo triqui y ex titular de la Unidad de Atención a los Pueblos Originarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que diversas comunidades indígenas manifestaron su rechazo al nombramiento de Julio Hernández Miguel como nuevo titular de la Unidad, designado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos en octubre de 2025.
Flores García señaló que la decisión del Ayuntamiento representa una “simulación y omisión” en el manejo de los recursos públicos destinados a los pueblos originarios, y que el proceso de elección del nuevo funcionario violó la Ley de Consulta Indígena del municipio.
“Este pronunciamiento se da en virtud de la omisión y simulación que el gobierno municipal quiere ejercer sobre los recursos públicos de los pueblos indígenas”, expresó.
De acuerdo con la ex funcionaria, durante cinco meses los fondos destinados a las comunidades indígenas permanecieron retenidos bajo el argumento de reponer el proceso de consulta.
Sin embargo, explicó que ninguna instancia electoral ordenó suspender su ejercicio, por lo que considera injustificado condicionar ahora el uso del presupuesto al reconocimiento del nuevo titular.
“Es absurdo que ahora nos digan que no se puede ejercer el recurso si no es a través de una persona que no fue avalada por las comunidades. La ley es clara: el gobierno municipal debe atender a los pueblos indígenas, haya o no director”, enfatizó.
Flores García también denunció que durante la consulta se permitió la participación de personas no indígenas vinculadas a organizaciones y colonias ajenas a las comunidades del municipio, lo que constituyó una usurpación de identidad.
Ante ello, las comunidades otomí, triqui, tének, náhuat y mixteca independiente exigieron al Gobierno Municipal la entrega inmediata de los recursos públicos destinados a los pueblos indígenas, así como el respeto a su autonomía y a sus procesos de autogobierno.
“Nos queda claro que el gobierno no tiene la intención de atender a la población indígena ni de utilizar los recursos conforme a su propósito. La pregunta es: ¿en qué se quiere gastar ese dinero?”, cuestionó la maestra triqui.
Las comunidades acordaron mantener su postura de rechazo al nombramiento y reiteraron que seguirán demandando la participación directa en el diseño y ejecución de programas públicos, sin condicionamientos políticos ni intermediarios.
