Desiree Madrid
En San Luis Potosí se tienen identificados alrededor de 40 mil asentamientos irregulares en zonas urbanas, reconoció Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, director del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (Inrevis).
El funcionario detalló que esta cifra corresponde a los registros del propio instituto, sin considerar los casos que se encuentran en zonas agrarias, donde también hay un rezago importante.
Sánchez explicó que al inicio de la administración se planteó un plan de trabajo para atender 10 mil casos, pero la magnitud del problema obligó a ampliar el alcance, ya que prácticamente todo el estado enfrenta complicaciones relacionadas con asentamientos no formalizados.
Aunque muchos pueden resolverse, otros enfrentan conflictos jurídicos que deben atenderse en juzgados, lo que limita la capacidad del Inrevis para intervenir.
“El ejemplo más claro es el predio El Polvorín, en la zona Media, en Rioverde. La persona que vendió los terrenos no era el propietario legal, la gente compró, se asentó, y ahora el verdadero dueño no quiere firmar. Cuando intentamos mediar para que les den un precio justo o apoyar como estado, el dueño quiere vender como si se tratara de una zona residencial, lo que hace inviable la solución”, explicó el director del INREVIS.
El funcionario también señaló que muchas de estas colonias están habitadas por personas en situación de alta marginación, lo que hace urgente su regularización para poder acceder a servicios públicos. Sin embargo, los conflictos legales, como ventas informales hechas por personas que después fallecen y herederos que desconocen los acuerdos, agravan la situación.
“Cuando no se formalizan los tratos ante notario, los conflictos se perpetúan. A veces los hijos revenden los terrenos, y eso incluso deriva en problemas de inseguridad, porque los lotes vacíos terminan siendo ocupados por pandillas”, advirtió.
Casos como el de San Juan de Guadalupe en la capital, que además de ser zona urbana también tiene régimen agrario, reflejan la complejidad legal de estos procesos. Aunque otras instancias como el Registro Agrario Nacional o el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) pueden intervenir, la carga del problema recae muchas veces en la autoridad estatal, que no siempre cuenta con las herramientas legales para resolverlo de forma directa.
Sánchez concluyó que no hay una cifra exacta de cuántos casos deben resolverse en juzgados, pero los problemas jurídicos representan una barrera significativa para avanzar en la regularización del suelo en el estado.
