María Ruiz
El Programa de Desarrollo Metropolitano contempla 49 proyectos específicos, de los cuales el 63.2 por ciento están enfocados en infraestructura vial, una proporción que genera interrogantes entre especialistas en movilidad sustentable y colectivos ciudadanos.
Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando San Luis y especialista en movilidad accesible, advierte sobre la necesidad de un análisis más cuidadoso de estas obras.
“Los títulos de los proyectos como carretera Rioverde, avenida Laredo 70 o circuito Potosí-León García, no siempre reflejan su alcance real. Será necesario aclarar si se trata exclusivamente de infraestructura para automóviles, lo que sería problemático, o si se ejecutarán alineados a la Ley General de Movilidad, que contempla criterios como calles completas, jerarquía de movilidad y atención a todos los modos de transporte”, explicó Hernández.
El especialista señaló que algunos proyectos presentan retos particulares como el segundo piso de la carretera 57 o un viaducto elevado en Villa Magna, que podrían replicar soluciones tradicionales que aumentan el tráfico y los siniestros viales, lo que afecta la equidad y el acceso a la movilidad.
Por lo anterior, insistió en la importancia de mantener un monitoreo constante y exigir que cualquier ejecución respete criterios legales y normativos.
Respecto a alternativas, Hernández destacó la propuesta de la Coalición Movilidad Segura, a la cual también pertenece, para crear una red metropolitana de movilidad activa, que incluye ciclovías estratégicas en toda la zona urbana.
“Esto proporciona información clara a los próximos gobernantes y evita improvisaciones o falta de insumos en la construcción de infraestructura ciclista, como ha ocurrido históricamente”, afirmó.
En cuanto a la participación ciudadana, Hernández aseguró que es clave y aún insuficiente:
“Muchas personas interesadas en movilidad y urbanismo no reciben información suficiente sobre los procesos de consulta, lo que limita su capacidad de influir de manera informada. Sería valioso contar con instrumentos legales claros que garanticen mecanismos efectivos de participación, como audiencias públicas, siguiendo ejemplos de otras ciudades como Querétaro”.
Finalmente, Hernández advirtió sobre el impacto en sostenibilidad urbana y calidad de vida.
“La concentración de proyectos centrados en el automóvil reproduce desigualdades y fragmenta la ciudad, incrementa tiempos de traslado, contaminación y siniestros viales, y limita la integración con transporte público, movilidad activa y espacios públicos. La planificación requiere un enfoque integral que coordine vivienda, servicios y transporte, con criterios ambientales y sociales”.
