Por Victoriano Martínez

El pasado jueves se dio a conocer como una mala noticia.

José Basilio Hernández Puente, subdirector del Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila, declaró a Pulso que la empresa Traktolamp, que daba empleo a reclusos en instalaciones al interior del CEPRERESO de La Pila, cerró sus operaciones.

Un grupo de internas que trabajaron en esa empresa denunció al portal Potosí Noticias que la medida afectaba a cuando menos 23 mujeres, quienes no tenían garantías de recibir su fondo de ahorro que les fue retenido durante sus años de trabajo en la empresa.

Hernández Puente no habló de las causas del cierre de Traktolamp, y afirmó que había un acuerdo para la entrega del fondo de ahorro de las afectadas, tras algunos trámites que tendría que hacer la empresa.

Para este fin de semana, la mala noticia del jueves se volvió peor.

“Así esclavizan las maquiladoras en las cárceles potosinas”, tituló la revista Proceso el reportaje de Verónica Espinosa, quien describe la historia atrás de la determinación de Traktolamp de concluir sus actividades en el Reclusorio de La Pila.

Lo muestra como una red de explotación laboral con al menos tres empresas beneficiarias: Traktolamp, Envases del Potosí y la Ixtlera Santa Catarina.

Una red cuyo inicio de operaciones se ubica en el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, que funcionó durante todo el sexenio de Fernando Toranzo Fernández y que gozaba de cabal salud en los primeros cuatro años del gobierno de Juan Manuel Carreras López hasta que una trabajadora, despedida injustificadamente, exigió el respeto a sus derechos.

Representada por el abogado Joel Hernández Vázquez, María de la Luz Miranda Cárdenas presentó el pasado 3 de abril una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que reveló todo el esquema de explotación laboral con salarios por debajo de la mitad del mínimo y sin ninguna prestación de ley.

Un litigio que dejó ver, además, la tolerancia –y hasta complicidad– de las autoridades estatales en la operación de ese esquema de explotación, especialmente con una actitud que las suele caracterizar: su opacidad.

Un ocultamiento de información a favor de las empresas favorecidas que deja hasta el último día de operaciones el anuncio del cierre de Traktolamp, cuando según el convenio firmado con la empresa, ésta debió notificar a la autoridad su determinación desde el pasado 11 de agosto.

Un ocultamiento que abre dudas sobre las empresas que operan y han operado al interior del reclusorio.

En 2011, la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social informó que operaban siete empresas: Traktolamp, que produce lámparas; Precle, guantes y gorros; Puestas del Sol, acabado de muebles; Envases del Potosí, sacos algodoneros; Mueblerías Ileana; Colmer y Grupo Industrial ARSE, estas dos últimas sin especificar su giro.

El 10 de julio de 2019, como respuesta a la solicitud de información 00613719, la Secretaría de Seguridad Pública mencionó cuatro empresas dentro del reclusorio: Envases del Potosí, Traktolamp, Ixtlera Santa Catarina, Surtipractic y Tortillería González.

Tras anunciar el cierre de Traktolamp, Hernández Puente aseguró que ahora solo Polinal es la empresa que continuará en reclusorio de La Pila. Cuántas y cuáles operan es el acertijo que se esconde tras su opacidad

Por alguna opaca coincidencia, desde el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, sólo existe un convenio con las empresas que han trabajado en la cárcel de La Pila y es precisamente el de Traktolamp, firmado por tiempo indeterminado el 4 de junio de 2007 y concluido el jueves pasado, conforme a la cláusula décimo tercera.

El resto de las empresas pueden entrar y salir, hacer y deshacer sin problemas, violar derechos laborales y entregar contraprestaciones a las autoridades, sin que quede una sola huella.

El jueves las internas de La Pila recibieron la mala noticia. Este domingo la revista Proceso reveló el grave esquema de explotación atrás de la noticia. La opacidad con la que los últimos tres gobernadores, incluido Juan Manuel Carreras López, se han conducido sólo abre la sospecha de situaciones aún más graves en el asunto.

Una exhibición que exige que se corrijan las violaciones a los derechos laborales, se deslinden y apliquen las sanciones que correspondan y se actúe con total transparencia en adelante como medida para evitar la repetición de estas situaciones.