Por Eduardo Delgado
- Se sienten desprotegidos, porque la titular TECA fue síndico en Soledad en trienio de Gallardo Juárez.
- Les dicen además, que presidente de la CEDH es compadre de Gallardo Juárez.
Empleados y ex trabajadores municipales acudieron este miércoles a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde expusieron que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el Ayuntamiento capitalino, encabezado por el alcalde perredista Ricardo Gallardo Juárez, por lo que en próximos días formalizaran su queja ante ese organismo.
Los afectados dijeron sentirse indefensos, porque la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al que la mayoría ha recurrido en demanda de justicia laboral, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, fue síndico municipal en Soledad de Graciano Sánchez en el trienio de Gallardo Juárez.
Una mujer mayor de 70 años de edad, con más de 20 años de antigüedad, expuso que primero la orillaron a firmar una carta en la que admitía la reducción de su salario en un 50 por ciento y enseguida fue presionada, hostigada e intimidada para que firmará su renuncia. “Eso afectó mi salud y me quedé sin trabajo, además tengo que mantener a mi esposo enfermo”, manifestó angustiada.
En representación de Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión, José Manuel Durán Cobos, director de Canalización, Gestión y Quejas, recibió este miércoles a un número importante de afectados, encabezados por el abogado Jorge Carmona Cruz.
Atemorizados por versiones de que “les puede llegar a pasar algo”, pidieron el anonimato. Incluso solicitaron al propio personal de la CEDH no captar imágenes fotográficas del encuentro.
Expusieron que les han dicho que alcalde y el presidente de la comisión “son compadres”, dijo uno. “No sabemos si sea o no cierto, pero es una manera en que muchos se inhiben y por eso no han venido”, acotó.
El representante legal de los afectados aclaró que no se trata de un asunto laboral sino de “un atentado a los derechos humanos, porque todos han sido pisoteados como seres humanos”, remarcó.
Otros agraviados describieron la manera arbitraria en que adultos mayores, algunos con discapacidad, fueron despedidos, y las condiciones de aquellos que pese haber sido humillados conservan su empleo.
Angustiada, otra mujer, también adulta mayor, dijo padecer problemas de salud por el estrés y la angustia a la que fue sometida por personal a cargo del Oficial Mayor, Noé Lara Henríquez, porque como a muchos, la hacían firmar su renuncia cada mes.
Condenó que el alcalde ha declarado el cese de los empleados “porque son unos incompetentes”, lo que en ningún caso está comprobado, aseguraron.
Carmona Cruz expuso que por lo general los afectados fueron cambiados de área y son enviados a trabajar a delegación de La Pila, Bocas o Pozos.
A otros les retienen el sueldo para orillarlos a renunciar o admitir una disminución salarial. “En el momento que el trabajador debe pagar colegiatura, la luz, el agua, teléfono o el coche, no tienen otra que firmar”.
Como resultado de la reunión, pactada en un inicio con el presidente del organismo, Jorge Andrés López Espinosa, se acordó la integración de una queja colectiva que los agraviados interpondrán en breve ante ese organismo.
