Fernanda Durán
La falta de maestras y maestros frente a grupo, los retrasos administrativos para cubrir licencias y jubilaciones, planteles todavía pendientes de reconstrucción, horas académicas sin cubrir en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene), así como la atención de casos de violencia, acoso y consumo de drogas concentraron buena parte de la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra.
La funcionaria cerró este martes el segundo día de comparecencias por la glosa del Quinto Informe de Gobierno, con una exposición inicial centrada en matrícula, apoyos escolares, infraestructura, educación especial, estímulos al magisterio y la federalización de la nómina de telesecundarias, pero las preguntas de las y los diputados llevaron la discusión hacia deficiencias y necesidades que continúan dentro del sistema educativo.
López Sierra, quien asumió la SEGE el pasado 3 de julio, reportó una matrícula de 794 mil 827 estudiantes durante el ciclo 2025-2026: 540 mil 968 en educación básica, 108 mil 364 en media superior, 95 mil 151 en superior y 50 mil 344 en otros servicios educativos.
También informó una inversión de 486 millones de pesos en infraestructura para 80 planteles y destacó como uno de los principales resultados de la administración el convenio mediante el cual la Federación asumiría el financiamiento de 3 mil 577 plazas estatales de telesecundaria.
Sin embargo, al pasar a las preguntas, uno de los problemas recurrentes fue precisamente la disponibilidad de personal docente y los tiempos que transcurren antes de sustituir a quienes se jubilan o solicitan una licencia.
Uno de los cuestionamientos se centró en las plazas y horas docentes que permanecen pendientes de asignación. El legilador Fernando Gámez Macías señaló la existencia de 200 plazas de jornada y 3 mil 228 horas en educación básica, además de 22 plazas y 477 horas pendientes desde 2021 en otros niveles, y formuló dos preguntas: qué ocurre con los recursos presupuestales destinados a esas plazas mientras permanecen vacantes y qué hará la SEGE para cubrirlas y evitar afectaciones al servicio educativo.
López Sierra no explicó qué destino reciben esos recursos mientras las plazas no son asignadas. Su respuesta se concentró en la segunda parte del planteamiento: las dificultades para sustituir oportunamente a docentes por jubilaciones, licencias o ausencias.
“Hay un problema en cuestión que yo creo que todos hemos visibilizado de la falta de maestros”.
Explicó que uno de los obstáculos es que las escuelas no siempre notifican de manera inmediata las jubilaciones o licencias por embarazo, por lo que pueden pasar semanas antes de que la información llegue a las áreas administrativas de la SEGE. A ello se suman, dijo, los calendarios de nómina y los tiempos de validación.
El tema volvió al final de la comparecencia, cuando el presidente de la Comisión de Educación, Crisógono Pérez López, cuestionó por los grupos que permanecen periodos prolongados sin docente y señaló casos en los que las sustituciones pueden tardar dos o tres quincenas.
La secretaria informó que se desarrolló una plataforma digital para que las direcciones de los planteles notifiquen directamente fallecimientos, licencias sin goce de sueldo o por gravidez, es decir por embarazo, y otras incidencias, con el propósito de reducir los tiempos.
Argumentó, no obstante, que otro tramo del procedimiento depende de la Federación:
“Lo que la Federación tarde en validar ya no depende prácticamente de nosotros”.
La respuesta explicó parte del retraso, pero no estableció un tiempo máximo para garantizar que un grupo no permanezca sin docente ni detalló cuántos se encuentran actualmente en esa situación.
La problemática también alcanzó a la Becene. El diputado Carlos Arreola Mallol señaló que maestras y maestros de la Normal han reportado un déficit cercano a 700 horas de trabajo académico y preguntó qué acciones se realizan para evitar afectaciones en la formación del alumnado; por su parte, López Sierra respondió que la institución ha redistribuido las cargas horarias de sus docentes y que se realizan mesas de trabajo con representantes escolares.
Reconoció que “falta mucho trabajo por hacer”, pero no precisó cuántas de las cerca de 700 horas señaladas siguen sin cubrir.
Recomendaciones de Derechos Humanos quedan sin desglose
Rubén Guajardo Barrera llevó la comparecencia a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes y pidió conocer qué acciones concretas ha tomado la SEGE en tres rubros: abuso sexual, maltrato y acoso escolar.
La secretaria explicó de manera general los mecanismos de prevención y atención mediante el programa Seguridad en mi Escuela, con capacitaciones para estudiantes, docentes y padres de familia, además de la intervención del Departamento de Prevención y Atención al Educando y la Unidad para la Igualdad Sustantiva.
También mencionó coordinación interinstitucional con dependencias de protección a la infancia, seguridad y prevención de adicciones.
Sin embargo, no identificó cuáles recomendaciones de la CEDH han sido admitidas por la Secretaría, cuántas permanecen en proceso de cumplimiento, qué medidas derivaron específicamente de ellas.
En su exposición inicial, López Sierra había señalado que se atendieron reportes de acoso escolar y posibles actos de discriminación contra estudiantes con discapacidad o trastorno del espectro autista, además de asegurar que se aplicaron sanciones administrativas y dictámenes con efectos de cese.
Caso Pedro Vallejo: docente permanece bajo medida cautelar
Guajardo Barrera también preguntó por la muerte reciente de un estudiante de la preparatoria Pedro Vallejo, relacionada de manera preliminar con un posible consumo de drogas; la secretaria indicó que la Fiscalía mantiene abierta la investigación y que todavía no se ha establecido si el estudiante consumió la sustancia dentro o fuera del plantel.
Mientras se determina lo sucedido, dijo, la SEGE realizó jornadas de sensibilización y prevención del consumo de sustancias, además de atención psicológica al grupo en el que estudiaba el joven.
También reveló que se impuso una medida cautelar al docente responsable del grupo cuando ocurrieron los hechos. La Secretaría mantiene además una investigación administrativa para determinar si existe alguna responsabilidad y si procede una sanción.
191 planteles afectados por lluvias; tres deberán reconstruirse
La diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza preguntó cuántas escuelas resultaron afectadas por las contingencias derivadas de las lluvias y cuál era el avance de las rehabilitaciones, por lo cual reportó 191 planteles con daños registrados para buscar acceso al seguro federal.
De ese universo, indicó que 119 solamente requirieron labores de limpieza, sanitización y fumigación, mientras que otros 46 necesitaron trabajos de mantenimiento menor, como reparación de vidrios, puertas o pintura.
Tres escuelas continúan pendientes porque los daños obligan a su reubicación y reconstrucción total.
La secretaria explicó que el seguro federal no se hizo responsable de esos tres inmuebles, por lo que el Gobierno estatal asumirá su reconstrucción.
También informó que 162 escuelas reportaron daños en mobiliario; en 27 de ellas será necesaria una reposición completa, que en este caso sí será cubierta mediante el seguro.
Infraestructura: 486 millones para 80 planteles
Ante la pregunta de Dulcelina Sánchez de Lira sobre el monto invertido en infraestructura educativa y su distribución por nivel, López Sierra desglosó los 486 millones de pesos reportados por la dependencia: 213 millones 400 mil pesos correspondieron a educación básica; 17 millones 700 mil pesos a educación media superior; 242 millones 300 mil pesos a educación superior; 1 millón 200 mil pesos a expansión de educación inicial, y 11 millones 400 mil pesos al programa Escuelas al 100.
En total, sostuvo, se intervinieron 80 planteles mediante construcción, rehabilitación o equipamiento, con un beneficio estimado para 27 mil 946 estudiantes.
No obstante, cuando se le preguntó si existe un diagnóstico de las necesidades de infraestructura en las cuatro regiones del estado, López Sierra no presentó un inventario de planteles, carencias ni prioridades pendientes. En cambio, respondió que ha acompañado al gobernador a distintas regiones para arranques e inauguraciones y reconoció que “falta mucho por hacer”.
Educación indígena: 97% del monto reportado corresponde a salarios
José Roberto García Castillo pidió ampliar la información sobre la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural. López Sierra reportó mil 37 millones de pesos destinados a educación indígena, pero detalló que mil cuatro millones corresponden a remuneraciones del personal del sector.
Otros 3.8 millones se utilizaron para la compra de guías educativas y anunció la próxima entrega de materiales en lengua náhuatl.
De esta manera, alrededor del 97 por ciento del monto presentado para educación indígena corresponde a remuneraciones del personal, mientras que la secretaria no desglosó durante su respuesta el destino del resto de los recursos hasta completar los mil 37 millones mencionados.
En la exposición inicial había reportado más de 31 mil estudiantes y 3 mil 500 docentes beneficiados mediante acciones de educación indígena e intercultural.
Cuauhtli Badillo planteó cómo implementará la SEGE la regulación del uso de celulares y qué coordinación habrá con el sector salud ante la adicción a pantallas y redes sociales.
López Sierra señaló que la restricción en educación básica comenzará el 3 de noviembre y que en media superior todavía se definirán mecanismos específicos. Aclaró que la intención es “no prohibir, sino restringir”, permitiendo el uso de dispositivos cuando tengan fines pedagógicos.
Para ello, anunció una mesa de trabajo el 22 de octubre y una jornada con supervisores y jefes de sector el día 26.
Ante una pregunta sobre salud mental, inclusión y seguridad escolar, la secretaria explicó que la SEGE impulsa la estrategia ABC de las emociones, dirigida a estudiantes de educación básica y media superior que enfrentan dificultades para expresar lo que sienten o situaciones que les generan malestar.
La estrategia contempla talleres con alumnas y alumnos, docentes y madres y padres de familia, con la intención de generar confianza para que los jóvenes hablen de sus problemas y sepan a quién acudir dentro y fuera de la escuela.
La secretaria presentó el programa como una medida preventiva y de acompañamiento, pero no precisó cuántos planteles participan, cuántos estudiantes han sido atendidos ni cómo se evaluarán sus resultados.
Seguridad en las escuelas: 16 mil 458 personas atendidas
Sobre violencia, bullying, adicciones y seguridad escolar, la secretaria volvió al programa Seguridad en mi Escuela, mediante el cual reportó 16 mil 458 integrantes de comunidades educativas beneficiados.
Dependiendo de la problemática detectada, indicó, se realizan talleres y capacitaciones sobre bullying, violencia o drogadicción y se activa la intervención de distintas áreas de la SEGE y otras instituciones.
El énfasis estuvo en prevención y protocolos, pero no hubo un balance del número de casos registrados durante el periodo ni una comparación que permitiera saber si estos fenómenos aumentaron o disminuyeron.
Federalización de telesecundarias, uno de los resultados centrales
En contraste con las problemáticas planteadas durante las preguntas, López Sierra dedicó parte de su exposición inicial a destacar la federalización de la nómina de telesecundarias.
De acuerdo con la secretaria, el convenio establece que la Federación asumirá el financiamiento de 3 mil 577 plazas estatales de personal activo.
Lo presentó como una medida de estabilidad financiera para el sistema educativo y una respuesta a una demanda histórica del magisterio.
No obstante, durante esta comparecencia no se profundizó en el estado operativo del proceso, sus etapas pendientes o la fecha en que la transferencia financiera quedará completamente regularizada.





