María Ruiz
Este lunes 21 de julio, en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, se publicó el nombramiento de Israel Mendoza Espinoza como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en San Luis Potosí.
El documento, firmado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, establece que el perfil del capitán retirado fue considerado el más idóneo tras un proceso de consulta y análisis con colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones especializadas.
Sin embargo, el contenido oficial no permite confirmar la participación plural ni la existencia de mecanismos de deliberación documentada.
Mendoza Espinoza cuenta con una licenciatura en Administración Militar y un posgrado en Relaciones Públicas. Según el acuerdo publicado, ha participado en cursos, seminarios y talleres en áreas relacionadas con la búsqueda de personas. No obstante, no se detallan cuáles fueron ni se han hecho públicos los contenidos ni certificados correspondientes.
Durante más de 30 años ha ejercido funciones operativas y administrativas en el ámbito castrense y de seguridad privada. Su cargo más reciente, hasta 2025, fue como jefe de operaciones en una empresa de seguridad.
No se documenta experiencia en procesos de búsqueda, atención a víctimas, trabajo comunitario ni participación en instituciones especializadas en desaparición forzada.
Mientras que las publicaciones oficiales aseguran que hubo consulta con actores sociales, la evidencia disponible muestra una participación limitada.
El acuerdo institucional señala lo siguiente:
“(…) se realizaron reuniones de trabajo con personas representantes de asociaciones y organizaciones (…) con el objeto de llevar a cabo el ejercicio de consulta pública señalada por la Ley General y Ley Estatal en la materia.”
Y posteriormente añade:
“(…) al no haber propuestas por parte de representantes de colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, se propuso al capitán (…) Mendoza Espinosa (…)”.
El documento de nombramiento, fechado el 17 de julio de 2025, insiste en que el perfil fue avalado por participantes de los sectores mencionados, además de destacar la “amplia preparación académica” y “experiencia profesional en administración pública” como factores que justifican su designación.
Sin embargo, la única evidencia pública de participación ciudadana es una fotografía en redes sociales donde aparece la representante del colectivo Buscadoras de Cerritos con autoridades de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Según las integrantes del colectivo buscadoras de Cerritos durante la reunión con la SGG, a la reunión también asistió la Asociación Civil Fe y Esperanza Christian, y de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, también estuvieron presentes algunas víctimas del caso Pirasol.
No se menciona la convocatoria ni se documenta la participación de otros colectivos en San Luis Potosí como Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, hasta ahora, único grupo que ha señalado irregularidades en el proceso, ni de al menos tres colectivos más que no figuran en los documentos ni en las publicaciones institucionales.
No se han difundido minutas, listas de asistencia ni criterios deliberativos que respalden el “acuerdo unánime” mencionado en el acuerdo oficial.
La formalización del nombramiento cumple con los procedimientos jurídicos, pero los documentos no demuestran que se haya garantizado una consulta abierta, plural y representativa como lo establecen la Ley General y la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada.
