Astrolabio

Carlos Rubio

Viernes 17 de febrero de 2012, 5:30 am. Juan, Imelda y sus tres hijos dormían en su casa, ubicada en Mexquitic de Carmona, municipio que se encuentra a unos 25 kilómetros de la capital. De repente, irrumpieron en su casa presuntos elementos del Ejército Mexicano, quienes tiraron a todos los miembros de la familia al piso y los encañonaron. A Juan e Imelda se los llevaron a una casa de seguridad donde los mantuvieron por un mes, luego, fueron llevados al penal de La Pila, donde permanecieron durante seis meses, para simplemente ser liberados y abandonados a su suerte.

Rompieron la chapa de la puerta para poder entrar, mientras gritaban y maldecían con violencia. Uno de los niños, que sufre discapacidad visual, fue encañonado en el piso. Descalzos, la familia fue subida a una camioneta en la que fue transportada a una casa abandonada, muy cerca de donde vivían. Los retuvieron ahí durante más de 12 horas.

“Cuando fueron a la casa a caernos, no tenían ni orden de cateo ni una orden de arresto ni una orden de nada”.

Después les preguntaron a los dos adultos si tenían con quien dejar a los niños; Imelda dijo que los llevaran con su madre, la abuela de los pequeños; a ella le dijeron que sólo llevarían a la pareja a San Luis Potosí a declarar, ¿declarar qué? Nadie sabía.

Imelda y Juan fueron trasladados a lo que parecía ser un cuartel militar, donde los encerraron por la noche y la mañana siguiente, en un baño. Por la tarde fueron llevados a las instalaciones de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia (PGR), hoy Fiscalía General. De ahí, los pasaron a una casa de seguridad donde había más personas cautivas, que, según Imelda, está localizada en la calle Mariano Abasolo.

Permanecieron en esa casa durante 30 días. En ese lapso quisieron obligar a Juan a firmar una declaración donde aceptaba estar coludido en actos criminales con las demás personas que se encontraban ahí. Al negarse, en una ocasión fue golpeado por un elemento del Ejercito; con un casco, fue asestado dos veces en la cabeza, cerca de un ojo. Eso posteriormente lo hizo necesitar una operación, la cual no resultó exitosa, por lo que perdió casi por completo la visibilidad en su ojo derecho.

Luego de esos 30 días, fueron trasladados al penal de La Pila, donde permanecerían encerrados por seis meses, lejos de sus hijos. Cuando los detuvieron, los acusaban de robo de vehículo y deslealtad al empleo; una vez que estuvieron en el penal, los cargos ya eran completamente diferentes.

“En todo ese mes llevaban gente que a vernos a todos los que estábamos ahí, que a ver si éramos nosotros los que les habían robado”.

Seis meses después, fueron liberados, “así nada más, ya váyanse, como si no hubiera pasado nada”.

Juan, con una voz sedienta de respuestas, cuenta cómo esa vez que fue sacado por la fuerza de su casa, observó cómo sus secuestradores abordaban su camioneta y se la llevaban. Al salir y volver a su casa, no esperaba otra cosa, su camioneta no estaba y además faltaban algunas bombas que utilizaba para el bombeo del agua, ya que es agricultor y de la siembra se genera su principal ingreso, que no era mucho, pero hoy en día, por la falta de esas bombas, ya no puede depender de ello.

Acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin más, fue remitido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, donde la segunda parte de su agonía comenzó.

La primera persona en atenderlos fue un psicólogo de nombre Víctor Espericueta. Les comenzaron a dar atención psicológica, sin embargo los visitaron únicamente dos veces en su domicilio ubicado en Mexquitic de Carmona y luego dejaron de ir. Posteriormente, le asignaron a otra persona, quien acudía a su casa, veía sólo a un miembro de la familia en 20 minutos, y firmaba como si hubiera atendido a los cinco.

Juan fue a quejarse a la CEEAV y se les asignaron dos psicólogas más, sin embargo ya no atenderían a los niños, únicamente a él y a su esposa. Además, sólo recibirían la consulta en cinco ocasiones. Hoy, años después de lo ocurrido y ante la evidente negligencia médica que se suscitó al no brindarle la ayuda psicológica necesaria a la familia, viven con huellas internas, permanentes, que sólo un arma apuntando hacia su cabeza podría impregnarles.

“Ya nos desgraciaron nuestra vida. Ya nosotros tenemos que llevar otro modo de vida, simplemente porque nos afectaron físicamente, psicológicamente y económicamente”.

Recuerda con tristeza el engaño y las falsas esperanzas a las que fue sometido, luego de que un secretario de la CEEAV de nombre Érick Oñate, se hiciera pasar por su abogado y, según denuncia Juan, “inclusive él, frente a mí, fingía que hacía llamadas y que ya me iba a mandar a la Ciudad de México a que me resolvieran”.

Hizo su declaración en el foro común militar, la cual fue enviada a la PGR, ya que “se sintieron incompetentes para llevar el caso”. Más tarde, la PGR detuvo el caso y lo remitió a la Ciudad de México, “porque se sintió incompetente de llevar el caso”. Y entre incompetencias, nunca ha habido soluciones.

Mientras todo eso se llevaba a cabo, Juan acudía a la CEEAV todos los lunes y viernes para que le informaran sobre cómo iba su caso. Esperando que le brindaran su número de víctima para comenzar a recibir ayuda económica. Sigue esperando por ese número…

 Para transportarse de Mexquitic hasta la capital, paga 45 pesos de ida y 45 pesos de regreso. Lo que significa que en un mes pagaba 720 pesos, sólo por venir a una oficina carente de empatía, a que le den excusas sobre por qué su caso no había avanzado. En un año habrían gastado ocho mil 640 pesos, sólo en transporte.

“Yo he pedido muchas veces hablar con Jorge Vega, pero él siempre está o en una reunión o en la Huasteca. Nunca me ha querido dar la cara”.

Durante siete años, Juan ha gastado en transporte, tiempo y ha visto disminuidas sus esperanzas por recibir el apoyo por el que fue remitido a esa comisión, y que hasta ahora sólo ha visto reflejado en una atención psicológica brindada a medias, y excusas, interminables explicaciones que sólo buscan no darle ni sus pertenencias ni la calidad de vida que perdió.

Ya no puede dedicarse a la siembra porque sus bombas fueron robadas, al igual que su camioneta que utilizaba para transportar y vender sus cosechas.

Uno de sus hijos, por su condición, debe asistir a una escuela para débiles visuales. Lo que significa otro gasto significativo, además de la educación de sus otros dos pequeños, que mantienen entre sus recuerdos a hombres encapuchados irrumpiendo en su casa y encañonando a sus padres.

“Nosotros no les estamos pidiendo limosna, nosotros estamos pidiendo que se nos regrese lo que ellos nos robaron; el carro se lo trajeron, ellos mismos lo manejaron, no hubo ningún peritaje, no tenía una infracción, no tenía nada. No había una razón para llevarse el carro y se lo trajeron”.

Así es la justicia de San Luis Potosí, no es el primer caso que involucra elementos de seguridad irrumpiendo en una casa e imputándole delitos a inocentes, que su único error fue confiar en que serían apoyados por una comisión intransigente y omisa al momento de brindar soluciones.

Jueves 22 de agosto de 2019, 5:30 am. Juan, Imelda y sus tres hijos duermen afuera de las instalaciones de la CEEAV, a unos 25 kilómetros de su hogar. Manifestándose por el regreso de una vida que fue desviada y encaminada hacia un ciclo sin fin, aquel ciclo burocrático influenciado por intereses incapaces de mostrar la mínima empatía por cualquier ser. De repente, no ocurre nada, como debía ser hace siete años, cuando descansaban tranquilos en su casa y un comando armado irrumpió inesperadamente.

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