Texto y fotografías de María Ruiz
En el patio interior del Museo Casa Mariano Jiménez, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, las sillas dispuestas en círculo parecen un gesto deliberado: nadie se sienta al frente, nadie ocupa el lugar de mando. Quienes llegan no lo hacen como público, sino como parte de un proceso colectivo. Traen carpetas, hojas sueltas, fotografías dobladas en las esquinas; casi todas tienen algo que decir.
El taller Tejiendo Justicia fue concebido como un espacio de trabajo para familiares de mujeres víctimas de feminicidio en San Luis Potosí. Su propósito es más que formativo: busca construir un protocolo de primera actuación que obligue a las instituciones a garantizar los derechos de las víctimas indirectas desde el primer contacto con la autoridad.
El proyecto fue seleccionado por la organización internacional Rise Up y cuenta con el acompañamiento de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), respaldado también por el colectivo de víctimas colaterales de feminicidios Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas.
Detrás de esta iniciativa está Sofía Viramontes, defensora de derechos humanos y hermana de Lupita Viramontes, víctima de feminicidio en 2012 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
“La motivación surge de escuchar de cerca las voces de las familias que, además de enfrentar una pérdida, se topan con instituciones que no siempre responden con sensibilidad ni eficacia. También de la experiencia de mi propia familia al enfrentar el feminicidio de mi hermana”, explica Sofía.
El taller parte de una constatación dura: la primera atención suele ser una de las etapas más confusas y menos explicadas a las familias.
“Muchas veces desconocen sus derechos, no reciben información actualizada de sus casos, enfrentan retrasos en las investigaciones y carecen de apoyo psicosocial. Lo más urgente es que las instituciones brinden una atención integral, cercana y constante, que no las revictimice”, subraya la activista.
Las herramientas que se presentarán fueron diseñadas con base en la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado y el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) vigente en el estado.
Se transformaron en guías, glosarios e infografías accesibles, con ejemplos prácticos para que las familias puedan identificar sus derechos y ejercerlos sin depender por completo de intermediarios.
“La primera atención es clave. Si las familias no saben qué exigir desde ese primer contacto, todo el proceso posterior se vuelve más difícil. Queremos que cuenten con herramientas claras para que su voz pese en la relación con las autoridades”, añade Sofía.
La propuesta no se limita al aprendizaje legal. El taller también crea un espacio para romper el aislamiento que acompaña a las familias tras el asesinato de una hija, una hermana, una madre.
“El intercambio de experiencias rompe ese aislamiento. Escuchar a otras personas en situaciones similares genera acompañamiento, da fuerza y, además, aporta ejemplos concretos de las fallas del sistema. Esos testimonios son insumos reales para el protocolo”, dice Viramontes.
Las conclusiones que surjan no quedarán solo en las libretas de los asistentes. Serán llevadas a mesas de trabajo con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para integrarlas en un protocolo de primera actuación.
El proceso incluye tres etapas: la primera, sistematizar la experiencia de las víctimas indirectas; la segunda, redactar el protocolo; y la tercera, presentarlo públicamente y evaluarlo después de su implementación.
Sofía insiste en que Tejiendo Justicia no es un proyecto asistencial, sino un ejercicio de exigencia ciudadana. Lo que se construya en el museo debe traducirse en compromisos institucionales claros.
En un estado que desde 2017 se encuentra bajo la AVG, el proyecto propone un gesto de resistencia que va en tomar la palabra para que las políticas públicas respondan a quienes han cargado con la ausencia y la indiferencia oficial.
