María Ruiz
A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el establecimiento Rich —donde dos jóvenes murieron y varios más resultaron lesionados tras el colapso de una estructura— una de las familias afectadas cuestionó duramente la actuación del Ayuntamiento de San Luis Potosí y de diversas dependencias estatales.
En entrevista aseguraron que, lejos de aportar claridad, las autoridades han insistido en discursos que trasladan la responsabilidad hacia las víctimas y sus familias, y que mantienen una postura institucional revictimizante.
La controversia resurgió luego de que se hiciera público el oficio PCM/DJ/341/2024, firmado por la Dirección de Protección Civil Municipal. El documento afirma que uno de los menores fallecidos ingresó al establecimiento “por propia voluntad” y que los jóvenes afectados “no midieron el riesgo”.
Según las familias, estas expresiones implican culpar a los jóvenes y a quienes los acompañaron esa noche.
Aunque el oficio se difundió en medios el 1 de diciembre de 2025, —más de un año después de la tragedia y sin que previamente tuvieran conocimiento de su contenido—, para Juan Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro Infante Puente, una de las víctimas mortales, esta postura es “profundamente desafortunada”.
“Culpar a los padres por permitir que nuestros hijos acudieran a un lugar con permisos municipales es evadir la responsabilidad institucional. Ese establecimiento operaba con el conocimiento del Ayuntamiento”, señaló.
Tras el colapso, autoridades municipales aseguraron que Rich operaba de manera clandestina. Sin embargo, de acuerdo con documentos a los que tuvieron acceso las familias, el establecimiento obtuvo licencias provisionales en 2022 y 2023.
Según Infante, esos permisos fueron firmados por el entonces director general de Gestión Territorial y Catastro, Joel Ramírez Díaz, y en los expedientes también aparece la participación del exdirector de Comercio Municipal, Jorge García Medina.
“No era clandestino. Tenía permisos, inspecciones y observaciones. Lo que hoy se dice públicamente contrasta con lo que está en los expedientes”, afirmó el padre.
Infante recordó que, tras la tragedia, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció una “limpia” en la Dirección de Protección Civil Municipal, pero las irregularidades detectadas por la Contraloría no surgieron en el último año, sino que formaban parte de un patrón previo que nunca fue atendido.
“No basta con hablar de cambios o depuraciones si no se reconoce la cadena de omisiones que permitió que ese establecimiento siguiera operando”, dijo.
Los señalamientos contra el Gobierno del Estado
Infante afirmó que, además de los señalamientos contra la autoridad municipal, se advierten omisiones por parte de dependencias estatales que tenían facultades de supervisión o autorización del establecimiento. Entre ellas mencionó a la Coordinación Estatal de Protección Civil, dirigida por Mauricio Ordaz Flores; la Dirección de Gobernación, encabezada por Concepción Gallardo Martínez; y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), bajo la titularidad de Lucía Ramírez Rodríguez.
Según el padre, estas dependencias mantuvieron una actuación poco clara y permitieron que el Rich siguiera en operación, pese a reportes previos. Además, señaló posibles conflictos de interés derivados de presuntas relaciones familiares dentro de áreas clave.
“Hablan de un cambio y un refresh, pero la estructura sigue siendo la misma. Las instituciones que debían regular, vigilar y sancionar no lo hicieron”, sostuvo.
La exigencia por responsabilidad institucional
Tras conocer el oficio de Protección Civil, Infante recordó un episodio ocurrido meses atrás: una reunión de trabajo donde la regidora Irene Margarita Hernández Fiscal, emitió comentarios que consideraron revictimizantes.
La regidora entregó una carta de disculpa el 6 de junio de 2025, un día antes del aniversario de la tragedia, alegando que sus palabras habían sido “sacadas de contexto”.
“Me envió la carta un día antes del aniversario de la muerte de nuestros hijos. Es una falta de sensibilidad”, señaló Infante.
El padre considera que tanto ese episodio como el reciente oficio municipal confirman una actitud institucional que evade responsabilidades y lastima nuevamente a las familias.
A más de un año de los hechos, las familias insisten en que no buscan confrontaciones políticas, sino verdad, claridad y un reconocimiento real de las omisiones que llevaron a la tragedia.
“Es desgarrador pensar que esto pudo evitarse si las autoridades hubieran cumplido con sus funciones. Urge que se reconozcan las fallas y que se actúe para que nada similar vuelva a ocurrir”, concluyó Infante.
