María Ruiz
Cada 14 de mayo en San Luis Potosí se conmemora el Día por la Justicia a las Víctimas de Feminicidio, una fecha instaurada por el Congreso del Estado en 2021 para recordar a las mujeres que han sido asesinadas por razones de género y visibilizar la urgencia de enfrentar esta violencia estructural.
Sin embargo, lejos de significar un punto de inflexión, los datos oficiales muestran que la violencia feminicida persiste y que el sistema de justicia permanece rezagado ante la magnitud del problema.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de su Fiscalía Especializada en Feminicidios, dio a conocer por medio de una respuesta a la solicitud realizada por Astrolabio con folio 240469825000153-2025, que entre enero de 2018 y el 8 de abril de 2025, se han registrado en la entidad 145 casos de feminicidio con un total de 150 víctimas.
Esto indica que en algunos crímenes hubo más de una mujer asesinada o que varios ocurrieron en un mismo hecho delictivo.
A lo largo de estos años se ha documentado un patrón sostenido de brutalidad: los feminicidios se cometieron principalmente con armas de fuego con 43 casos (29%) y armas blancas, con 41 casos (28%).
Le siguen métodos como la asfixia que contabilizan 22 casos (15%); el traumatismo, 17 casos (12%); y otras formas como calcinamiento, degüello o abandono de cuerpos en estado de putrefacción, 22 casos (16%). En conjunto, las armas de fuego y las armas blancas estuvieron presentes en el 57 por ciento de los casos.
En contraste con la magnitud del fenómeno, la respuesta institucional ha sido deficiente.
Apenas 23 de los casos fueron judicializados (16%), mientras que 85 siguen en investigación (59%) y solo 37 han concluido con sentencias condenatorias (25%).
Esta falta de resultados plantea serias dudas sobre la efectividad de las estrategias de prevención, atención y sanción del feminicidio, a pesar de contar desde 2017 con una declaratoria activa de Alerta de Violencia de Género (AVG).
Feminicidios año por año
El análisis por año revela una tendencia preocupante. En 2018, se registraron 27 casos de feminicidio con 28 víctimas en los municipios de San Luis Potosí, Rioverde, Matlapa, Xilitla, Cerritos, Matehuala y Ciudad Valles. Solo cuatro casos fueron judicializados, 11 quedaron en investigación y nueve recibieron sentencias.
En 2019 se contabilizaron 28 feminicidios distribuidos en San Luis Potosí, Rioverde, Villa de Arista, Tamazunchale y Matehuala, con diez sentencias condenatorias.
El 2020 presentó una leve disminución, con 27 casos y 27 víctimas; se lograron seis sentencias, mientras que 13 casos permanecieron en investigación y algunos fueron sobreseídos por la muerte del agresor.
En 2021 se reportaron 24 casos con víctimas en San Luis Potosí, Rioverde, Aquismón, Cedral y Villa de Arista. Hubo un caso de decapitación y otro de hallazgo en estado de putrefacción. Se emitieron 11 sentencias condenatorias.
El 2022 mostró una reducción significativa: 12 casos con 14 víctimas. Solo dos fueron sentenciados y otros dos quedaron sin acción penal.
En 2023 se mantuvo la misma cifra: 12 feminicidios en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Cerritos y El Naranjo, con dos sentencias dictadas.
Para 2024, los casos aumentaron a 13, con 15 víctimas; varios de estos casos siguen en etapa complementaria o investigación.
Finalmente, hasta abril de 2025, se han registrado tres feminicidios más, todos cometidos con arma blanca y aún sin resolverse.
Feminicidio vs homicidio doloso: ¿qué los diferencia?
La organización civil Justicia Cero explica que, aunque el feminicidio es una forma de homicidio doloso, se distingue por su motivación de género.
El homicidio doloso implica la intención de matar o causar lesiones graves, pero puede afectar a cualquier persona y no necesariamente con un contexto de discriminación o misoginia.
El feminicidio, en cambio, tiene como trasfondo la violencia estructural contra las mujeres, y debe ser investigado con perspectiva de género, es decir, analizando el historial de violencia, la relación con el agresor y otros elementos que demuestren odio o desprecio hacia las mujeres.
Casos emblemáticos como el de Karla Pontigo Lucciotto, asesinada en 2012, ilustran el daño que causa una investigación sin perspectiva de género: la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades no actuaron conforme al marco legal, evidenciando negligencia institucional.
El otro conteo: homicidios dolosos de mujeres no reconocidos como feminicidios
De 2018 al 8 de abril de 2025 se registraron 95 homicidios dolosos de mujeres en San Luis Potosí, pero solo tres fueron reclasificados como feminicidios. Esta diferencia abismal revela una falla en la tipificación de los delitos y confirma lo que han señalado organizaciones como Impunidad Cero: que las fiscalías en México tienden a clasificar erróneamente los homicidios de mujeres como delitos comunes, lo que invisibiliza el componente de género.
En 2018 se documentaron 12 homicidios dolosos, con causas como arma de fuego, asfixia, traumatismo craneoencefálico y estrangulamiento. Aunque hubo nueve sentencias y una detención, todos los casos siguen en investigación.
En 2019, se registraron 15 casos, con diez sentencias y una detención. En 2020 fueron nueve homicidios dolosos, con una sola sentencia. En 2021, los casos ascendieron a 16; se lograron 11 sentencias y dos detenciones.
En 2022 se registraron 13 casos con dos sentencias y 11 detenciones. En 2023, nuevamente se registraron 16 homicidios dolosos, con apenas dos sentencias. Para 2024, se contabilizaron 11 casos, todos con víctimas adultas; hubo ocho detenciones, pero ninguna sentencia.
Finalmente, en lo que va de 2025 se ha reportado un homicidio doloso más, en Ciudad Fernández, sin sentencias, aunque con dos detenciones.
Aunque San Luis Potosí cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 2017, su implementación ha sido cuestionada.
Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el estado ha recibido recomendaciones de seguimiento, pero en 2024 quedó fuera de los listados para recibir recursos federales para la atención de víctimas, lo que limita aún más la posibilidad de actuar eficazmente.
Este 14 de mayo, mientras colectivos feministas, familiares de víctimas y organizaciones sociales marchan para exigir justicia, la cifra oficial de 95 homicidios dolosos de mujeres en menos de siete años, con solo tres feminicidios reconocidos, convierte esta conmemoración en un llamado urgente: el Estado tiene una deuda pendiente con las mujeres asesinadas, con sus familias y con toda la sociedad que exige verdad, justicia y garantías de no repetición.
