Por Victoriano Martínez
Cada mujer que muere por la violencia feminicida deja tras de sí a un número indeterminado de víctimas indirectas que, por falta de voluntad o de negligencia –o ambas–, enfrentan violencia institucional… o de plano se invisibilizan para no padecerla.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), los 168 feminicidios cometidos en el estado entre 2016 y 2024 dejaron únicamente 156 víctimas indirectas. Es decir, en el balance global, según esos datos oficiales, cuando menos ocho mujeres asesinadas vivían solas, sin ningún pariente.
En su respuesta a la solicitud de información 240467324000043, la CEEAV proporciona el número de víctimas indirectas que atendió cada año entre 2016 y 2024 lo que, contrastado con el número de feminicidios registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da cuenta sobre el avance de las víctimas indirectas para ser reconocidas.
Así, en 2016, a pesar de que se registraron ocho feminicidios, la CEEAV sólo atendió a una víctima indirecta como si siete víctimas directas no tuvieran parientes; en 2017 habrían sido 17 de las 18 víctimas directas quienes no tenían parientes; en 2018, nueve de 27; en 2019, nueve de 28; en 2020, seis de 27, y en 2021, nueve de 24.
En esos seis años, o 57 de las 132 víctimas de feminicidio no contaban con un solo pariente, o la CEEAV no tuvo capacidad para atender a las víctimas secundarias, o las propias víctimas secundarias optaron por no recurrir a la CEEAV porque de nada les servía y sólo recibían tratos inapropiados.
A partir de 2022, el número de víctimas secundarias atendidas por cada víctima de feminicidio se invirtió, aunque con una tendencia muy marcada a su reducción: en 2022, un promedio de 3.25 víctimas indirectas por cada víctima directa; en 2023, 2.26, y en 2024, cayó a 1.33 víctimas indirectas por cada víctima directa.
Si bien en los últimos tres años los datos proporcionados por la CEEAV ya no muestran un alto porcentaje de victimas de feminicidio sin que se le de atención a sus familiares en su calidad de víctimas indirectas, el hecho no representa que se la autoridad haya decidido acercarse a ellas, porque –de se así– el cambio también se habría reflejado en el presupuesto para el caso.
Aunque el presupuesto sobre el que informa la CEEAV no es el específico para los casos de víctimas indirectas de feminicidio sino para todas las víctimas, la drástica reducción en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral indica que no sólo se menosprecia a quienes padecen la secuela de un feminicidio. El menosprecio es contra todas las víctimas.
De 2016 a 2018 se destinaron cada año tres millones de pesos al fondo para las víctimas. Para 2019 el fondo se duplicó. En 2020 llegó a ocho millones de pesos y para los dos años siguientes fue de 10 millones de pesos en cada uno. En 2023, el fondo cayó a 4 millones 800 mil pesos, y para 2024 a 4 millones 450 mil pesos. Para este año la CEEAV repitió presupuesto.
El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona bajó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral un 55 por ciento del nivel en el que lo había dejado el gobierno de Juan Manuel Carreras López y lo colocó por debajo del grado de atención que tenían antes de 2019.
Como destaca María Ruiz en su nota, lo que padecen las victimas indirectas incluye su desplazamiento forzado, del que la CEEAV sólo reporta cuatro casos, pero la verdadera dimensión realmente se desconoce ante negligencia que desde 2016 muestra esa dependencia.
Aunque hubo un repunte en la atención a las víctimas indirectas, la tendencia de cada año atender a menos es una mala señal. ¿La mayor visibilización no fue por acción de la CEEAV y, ante el trato que reciben, son las víctimas quienes se alejan?
