Desiree Madrid
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, acudió este 14 de noviembre al Congreso del Estado para entregar su informe anual de actividades, en el que se concentra el trabajo realizado por la institución durante una parte del año pasado y lo que va del actual.
Tras esta entrega, las y los diputados tienen 30 días para citarla a comparecer y solicitar aclaraciones. De concretarse, será su segunda comparecencia desde que asumió el cargo.
Después del acto, la fiscal respondió algunas preguntas de los medios. Señaló que el informe recoge “todas las actividades que se han realizado por parte de la Fiscalía General del Estado”, e hizo énfasis en que “todas las unidades y las fiscalías especializadas han estado trabajando en judicializar carpetas”.
Sin embargo, no detalló cuántas investigaciones avanzaron hasta esa etapa ni los resultados obtenidos.
Uno de los temas que la funcionaria colocó como reto principal es la transformación de la Unidad de Personas Desaparecidas en una Fiscalía Especializada, un mandato de la Ley General en la materia.
Sobre ese proceso afirmó: “Viene la importancia de la creación de pasar de la unidad de desaparecidos a una fiscalía especializada en desaparecidos, lo cual representa todo un reto”.
Explicó que la transición implica cumplir requisitos estructurales y operativos que no dependen únicamente de la institución.
El asunto presupuestal también fue tema central en sus declaraciones. García Cázares confirmó que al presentar la solicitud de presupuesto para 2026, la Fiscalía pidió una ampliación específicamente para cubrir lo que implica la nueva fiscalía especializada.
“Estamos considerando un monto mínimo de 5 millones para iniciar”, dijo, refiriéndose a los gastos de personal, materiales y labores de prospección.
Cuestionada sobre lo que falta por hacer dentro de la institución, la fiscal reconoció que hay pendientes:
“Tenemos muchos retos… sobre todo incrementar el número de judicializaciones”.
Sin embargo, tampoco ofreció una estimación de cuántas carpetas requieren avanzar ni si la Fiscalía enfrenta rezagos significativos.
En lo financiero, reiteró que la institución ya incluyó en su solicitud presupuestal los costos para la nueva fiscalía de desapariciones, pero no profundizó en el monto total requerido, ni en cómo se distribuirían los recursos.
Finalmente, García Cázares señaló que la revisión del informe queda ahora en manos del Congreso, que deberá definir la fecha para su comparecencia. Se limitó a señalar que la documentación entregada abarca las actividades más relevantes del último periodo, sin detallar cuáles considera prioritarias o problemáticas.
