María Ruiz
La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó que el sitio localizado en el municipio de Matehuala, dónde se encontraron restos humanos, pueda ser clasificado como un campo de exterminio, esto luego de que el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP denunciara que el hallazgo realizado desde febrero en esa zona representa un sitio de desaparición sistemática.
Para la Fiscalía, se trata de una fosa clandestina con restos que, hasta el momento, parecerían corresponder a una sola persona.
La titular de la Fiscalía, Manuela García Cázares, explicó que los trabajos forenses continúan, pero con base en los elementos encontrados hasta ahora no se puede hablar de exterminio.
“No se trataría de un campo de exterminio porque el campo de exterminio requiere ser de manera reiterada, sistemática, y encontrar varios cuerpos humanos. Aquí, al parecer, los restos pertenecen a una sola persona”, indicó.
También detalló que el procedimiento llevado a cabo por el personal especializado consistió en la prospección del sitio, la recuperación de restos y su traslado al Servicio Médico Legal, donde se analiza si son humanos y, en su caso, se iniciará el proceso de identificación por ADN.
“Lo que hace la Fiscalía es, en la prospección, levantarlos, trasladarlos al Servicio Médico Legal para establecer primeramente si son humanos y, ya de ahí, partir si podemos establecer cuál es el ADN para su identificación”, agregó la fiscal.
No obstante, el colectivo Voz y Dignidad mantiene su postura crítica al asegurar que este sitio tiene las características propias de un campo de exterminio.
Desde el mes de febrero, las buscadoras de Charcas y Moctezuma, integradas al colectivo, identificaron la zona y dieron aviso a la autoridad, pero denunciaron que fue hasta meses después que la Fiscalía acudió formalmente al lugar.
“Los buscamos y los encontramos hasta llevarles a casa… Desde febrero que se dio con este sitio y hasta ahora que la Fiscalía, la que más nos ha quedado a deber, se dignó a ir por ellos”, señalaron en redes sociales.
Para Voz y Dignidad, no se trata solo del número de cuerpos recuperados, sino de la evidencia material que apunta al uso reiterado del lugar para la desaparición de personas: fragmentos óseos calcinados, ropa, restos alterados y signos de incineración.
Desde su experiencia, estos elementos bastan para considerar al sitio como un espacio donde se ejecutaron actos sistemáticos para borrar el rastro de personas desaparecidas.
Esta perspectiva ya había sido expuesta por Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, durante la presentación del Informe Especial sobre Sitios de Exterminio y Desaparición en San Luis Potosí, elaborado y difundido por la organización este 2025.
“No son simples fosas; son sitios donde se planificó y ejecutó la desaparición de personas de forma brutal y repetida. Son campos de exterminio en el contexto de la desaparición forzada. En San Luis Potosí existen, y están documentados”, advirtió en aquella ocasión.
El informe, elaborado a partir de testimonios, registros de búsqueda y hallazgos forenses, expone al menos siete puntos en el estado con características similares: uso prolongado, evidencia de incineración, herramientas, prendas y rastros de violencia reiterada.
La fiscal García Cázares reconoció que en los últimos meses se han localizado más restos humanos en diferentes puntos de San Luis Potosí, principalmente en la región Altiplano y también en la zona Media. Aunque no precisó cifras, aseguró que las investigaciones siguen en curso.
“Se han localizado varias. Obviamente que la Fiscalía ha hecho su trabajo y, sobre todo, tratar de identificar si son restos humanos y a quién pertenecen. No tengo el número exacto”, señaló.
Mientras la Fiscalía insiste en que cualquier clasificación deberá sustentarse en pruebas científicas y criterios técnicos forenses, el colectivo mantiene su exigencia por el reconocimiento de estos sitios como espacios de exterminio, no solo desde lo legal, sino desde lo humano, lo político y lo social.
