Desiree Madrid
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que durante diciembre no se registró un incremento en los casos de violencia familiar, las cifras oficiales a nivel federal muestran que San Luis Potosí mantiene una incidencia elevada de agresiones físicas contra mujeres.
Los datos revelan que la problemática no puede explicarse únicamente a partir de variaciones mensuales, sino que responde a una dinámica estructural que se ha sostenido a lo largo del año.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron mil 845 casos de lesiones dolosas contra mujeres en la entidad. Esta cifra equivale a una tasa de 122.9 agresiones por cada 100 mil mujeres, casi 30 puntos por encima del promedio nacional, lo que coloca a San Luis Potosí entre los estados con mayor incidencia en este tipo de delitos no letales.
Estas agresiones, en muchos casos, están asociadas a contextos de violencia familiar. La fiscal general Manuela García Cazares reconoció que este delito se mantiene como uno de los que generan mayor número de carpetas de investigación en la entidad y que las principales víctimas son mujeres y menores de edad.
No obstante, sostuvo que en diciembre no se observó un aumento relevante en comparación con otros años, postura que contrasta con el volumen acumulado de agresiones registrado a lo largo de 2025.
Si bien los delitos de mayor impacto letal contra mujeres se mantienen por debajo de la media nacional, el contexto general sigue siendo preocupante. En los primeros once meses del año se reportaron ocho feminicidios y 21 homicidios dolosos de mujeres, cifras que, aunque menores frente a otros estados, no eliminan la persistencia de un entorno de violencia cotidiana que se manifiesta principalmente en agresiones físicas recurrentes.
La fiscal explicó que la violencia familiar es un delito que se persigue por querella, lo que implica que muchas detenciones no prosperan debido a que las víctimas no ratifican la denuncia dentro del plazo legal. Esta condición legal puede incidir en que, pese al elevado número de agresiones documentadas por las autoridades, una parte importante de los casos no se traduzca en procesos penales sólidos ni en sanciones efectivas contra los agresores.
El desglose de las cifras por grupos de edad refuerza la dimensión del problema. Aunque la mayoría de las víctimas son mujeres adultas, los registros oficiales indican que 192 casos de lesiones dolosas corresponden a niñas y adolescentes, lo que evidencia que la violencia no solo es persistente, sino que también afecta a sectores particularmente vulnerables de la población femenina en el estado.
