María Ruiz
La crisis de derechos humanos en San Luis Potosí tiene rostro institucional y cifras que no dejan lugar a dudas. En los informes correspondientes al primer trimestre de 2025 realizados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se revela que la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), aglomeran el 70.75 por ciento del total de quejas recibidas por la Comisión.
La Fiscalía encabeza la lista con 37 quejas formales, seguida muy de cerca por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 36 casos relacionados principalmente con abusos en el ámbito escolar. El Sistema Educativo Estatal Regular acumula 12 quejas, mientras que el Interapas —responsable de garantizar el acceso al agua potable— suma ocho señalamientos por negar este derecho esencial.
Por su parte, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social alcanzó seis quejas, y la Guardia Civil Estatal recibió 10 por violencia institucional.
En conjunto, la FGE, la SEGE y el SEER concentran el 70.75 por ciento de las quejas registradas en este periodo que ascienden a 106, lo que evidencia un patrón sistemático que atraviesa distintos sectores de la administración pública.
Cabe destacar que esta cifra de quejas formales corresponde únicamente a los dos primeros meses del año, pues en marzo, aunque ya se documentaron medidas precautorias y quejas presuntivas, aún no se confirma el número definitivo de quejas formales en los reportes de la CEDH.
Además de las 106 quejas formales registradas, se recuentan 70 medidas precautorias y una constante: la repetida irresponsabilidad de instituciones en la protección de los derechos humanos fundamentales.
El primer trimestre de 2025 traza un mapa del deterioro de las garantías individuales en la entidad, donde el abuso sexual contra estudiantes, la tortura en centros penitenciarios, el maltrato infantil y la negación de acceso a servicios básicos como el agua potable son solo la punta del iceberg.
Marzo: el pico de la crisis
Marzo se alzó como el mes más alarmante del trimestre. En solo 31 días, la CEDH emitió 26 medidas precautorias —la cifra más alta en lo que va del año— dirigidas a frenar agresiones como el abuso sexual en escuelas, la tortura en cárceles y la negación del agua potable.
La SEGE fue señalada en 18 casos, la FGE en 15, el SEER en ocho, el Interapas en cuatro y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en tres.
Durante este mes, la Comisión atendió a 183 personas: 116 mujeres y 67 hombres. Los casos incluyeron desde estudiantes abusados hasta personas migrantes y privadas de la libertad que sufren condiciones indignas.
En total, la Comisión canalizó a otras instancias 43 casos originalmente recibidos por la CEDH, siendo la Fiscalía la receptora principal con 12 expedientes.
Aunque el informe no detalla cuántas quejas formales se registraron, pues están por actualizarse, en la información sobre los grupos vulnerables a los que sí se les dio seguimiento para presentar la queja, se registran 47 personas de la población general, cuatro personas adultas mayores, tres personas internas o detenidas, un estudiante, dos personas víctimas de delito, una persona indígena, dos personas afectadas en sus derechos laborales, una niña o niño, y una mujer víctima de violencia por razón de género.
La gravedad de las quejas se expone en negativas para recibir denuncias, destrucción de expedientes penales, omisión ante acoso escolar y maltrato infantil, dilaciones judiciales y violaciones a la imparcialidad en el servicio público retrata un Estado donde las violaciones se multiplican mientras las soluciones apenas asoman.
Febrero: la antesala del colapso
Un mes antes, en febrero, la CEDH registró ya señales de alerta que anticipaban la tormenta de marzo. Se contabilizaron 61 quejas formales —un aumento significativo respecto a enero—, y se dictaron 24 medidas precautorias.
Las principales autoridades acusadas fueron la SEGE con 15 casos, la Fiscalía con nueve y la Guardia Civil Estatal con seis.
Aquí la narrativa ya comenzaba a tomar forma, pues los abusos sexuales en escuelas continuaban, la omisión ante el acoso escolar persistía, y las fuerzas de seguridad eran denunciadas por detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza.
La Comisión canalizó 41 casos en los que se destacan los seis dirigidos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y cinco enviados a la FGE. De las 109 orientaciones jurídicas otorgadas, los temas más recurrentes fueron los derechos laborales y las garantías ante procedimientos penales.
Entre las víctimas atendidas figuraron 15 adultos mayores, siete personas con derechos laborales vulnerados, cuatro víctimas de delitos, y casos sensibles como una mujer víctima de violencia de género y un periodista, marcando un claro patrón: las violaciones no distinguen entre estudiantes, trabajadores ni defensores de derechos.
Enero: la base del repunte
El inicio de 2025 ya mostraba un panorama preocupante. En enero, la CEDH recibió 45 quejas, emitió 20 medidas precautorias y atendió a 118 personas. Aunque las cifras eran menores en comparación con los meses siguientes, los casos narraban historias igualmente escalofriantes: la FGE acumuló 13 quejas, acusada de detenciones arbitrarias, acoso sexual y tortura; la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez fue denunciada en cinco casos por uso excesivo de la fuerza y amenazas; el Interapas, con cuatro quejas, comenzó a perfilarse como uno de los entes que más vulnera el derecho al agua.
El SEER enfrentó cuatro quejas y la SEGE tres, con señalamientos por maltrato estudiantil y omisión en casos de acoso escolar. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social sumó también tres casos por condiciones indignas en penales.
Las canalizaciones totales fueron 32, dirigidas principalmente a la Fiscalía (7) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (5). Entre las víctimas, se encontraban 12 adultos mayores, cuatro personas laborales afectadas, tres personas indígenas, y dos personas migrantes, lo que refleja la diversidad de los sectores vulnerables.
De enero a febrero, las quejas aumentaron un 35.56 por ciento al pasar de 45 a 106 acumuladas, más las que pueda confirmar la CEDH en el próximo reporte del mes de marzo. Las medidas precautorias emitidas también crecieron: de 20 en enero, a 24 en febrero y 26 en marzo, con lo que se acumula un total de 70 intervenciones urgentes para proteger a las víctimas.
Sobre las víctimas, estudiantes acosados o abusados, personas privadas de la libertad que son torturadas, migrantes, adultos mayores, indígenas, y mujeres víctimas de violencia, los más afectados.
La escalada de denuncias y medidas precautorias en este primer trimestre de 2025 refleja un patrón de violaciones sistemáticas que no solo se repiten, sino que se agravan.
La educación pública, en teoría un derecho que debería proteger a niños y adolescentes, figura como uno de los principales escenarios de abuso; las fuerzas de seguridad, lejos de proteger, son acusadas de tortura y detención arbitraria; y las autoridades encargadas de garantizar servicios básicos como Interapas, enfrentan denuncias por negar el acceso al agua potable, derecho reconocido a nivel internacional.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque activa con sus medidas, parece operar en medio de un sistema que no corrige el rumbo. Las cifras no solo revelan un deterioro, sino un fracaso institucional para garantizar las condiciones mínimas de respeto a los derechos fundamentales.
Si algo dejan claro estos informes es que en San Luis Potosí la violación a los derechos humanos no es un hecho aislado, es un fenómeno estructural que crece sin contención.
