FGE solo ha recibido un caso de violencia sexual infantil en escuelas: García Cázares

Desiree Madrid

La mayoría de las quejas registradas en materia educativa no llegan al Ministerio Público por no constituir delito o por la edad de los menores involucrados, afirma la Fiscalía General del Estado (FGE).

A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha registrado cerca de 100 quejas relacionadas con el ámbito educativo —desde acoso escolar hasta violencia sexual de acuerdo a su titular Giovanna Argüelles Moreno—, la Fiscalía General del Estado solo tiene conocimiento formal de un caso relacionado con violencia sexual en escuelas, según confirmó la fiscal María Manuela García Cázares.

La titular explicó que no todas las quejas documentadas por la CEDH derivan en denuncias penales, ya que muchos casos no constituyen delito o involucran a menores de edad menores de 12 años, lo cual limita la intervención directa de la Fiscalía.

“Nosotros no podemos conocer más que a las personas que tengan mayores de 12 años”, explicó la fiscal.

Respecto a los casos de acoso escolar, la fiscal informó que uno de los asuntos que llegó a la FGE ya fue resuelto a través de un acuerdo preparatorio, destacando el enfoque restaurativo adoptado por las partes involucradas.

“Se trató de un niño que amenazó a otro con un cúter. Los padres intervinieron, ofrecieron una disculpa y se comprometieron a reforzar la educación del menor agresor”, detalló García Cázares.

El caso ocurrió en una escuela primaria, y según indicó la fiscal, este tipo de resoluciones permite atender el conflicto sin judicializarlo, siempre y cuando no se trate de delitos graves.

Al ser cuestionada sobre el número de investigaciones en curso por presuntos abusos sexuales en el ámbito educativo, la funcionaria fue enfática: “Solo tenemos un asunto”, sin dar más detalles sobre el caso.

La cifra contrasta con las más de 100 quejas que reportó la CEDH, lo que evidencia una brecha entre los reportes administrativos y las denuncias judiciales, derivada posiblemente de la falta de denuncias formales o de las limitaciones legales para proceder en casos que involucran a niñas y niños pequeños.