Desiree Madrid
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, publicado por Impunidad Cero antes de cerrar operaciones el pasado 30 de junio, ubicó a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí en el lugar 20 de 32 entidades, con 44.2 puntos, por debajo del promedio nacional de 44.7.
La cifra confirma que la institución potosina se mantiene prácticamente estancada respecto a la edición anterior del estudio, publicada en 2021, cuando obtuvo 45.8 puntos y el lugar 21 de 32.
En cinco años, San Luis Potosí subió apenas un peldaño en la clasificación, mientras su calificación disminuyó 1.6 puntos.
Esa continuidad se explica, en buena medida, por un problema que la Fiscalía arrastra desde hace al menos seis años: la falta de información actualizada sobre su propia estructura.
San Luis Potosí es la entidad con la menor tasa de personal sustantivo del país, con 8.3 fiscales, policías de investigación y analistas por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 35.5.
El dato no corresponde a 2024, el año de corte del estudio, sino a 2020 porque, de acuerdo con el informe, la dependencia “ha reservado información sobre su estructura organizacional desde 2021” y no ha entregado estos datos de manera consistente al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) del INEGI.
Es la misma cifra que ya aparecía en la edición 2021 del índice: 7.8 por cada 100 mil habitantes; cinco años después, Impunidad Cero tuvo que recurrir prácticamente al mismo dato debido a que la Fiscalía no actualizó esa información.
La escasez de personal se traduce directamente en la carga de trabajo: cada agente del Ministerio Público en San Luis Potosí atendió en promedio 254 carpetas de investigación en 2024, más del doble del promedio nacional de 128, solo superado por Querétaro (301) y el Estado de México (286).
A esto se suma que la entidad reportó uno de los porcentajes más altos de espera para presentar una denuncia (25.4% de las víctimas esperó más de cuatro horas ante el Ministerio Público) y un nivel de confianza ciudadana de apenas 12.2 por ciento, ligeramente por encima del promedio nacional de 11 por ciento, pero lejos de representar una fortaleza.
Ante este panorama, la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, se refirió únicamente a los resultados favorables del índice. Cuestionada sobre cómo catalogó la asociación civil a la dependencia, respondió:
“La colocó como el primer lugar de fiscalías que tienen el mayor número de investigaciones”.
Al pedirle una explicación, agregó: “En el tema de que la fiscalía, a través de sus ministerios públicos de la policía de investigación, realiza investigaciones sobre los delitos diversos que se denuncian ante la Fiscalía General del Estado”
Cuando se le cuestionó si ese resultado reflejaba eficiencia en las resoluciones investigativas, contestó que “es eficiencia en cuanto a las investigaciones, así es”.
Esa lectura, aunque no es falsa, describe solo una parte del panorama que dibuja el IEDF 2026 y omite tanto los indicadores de estructura donde la Fiscalía aparece peor evaluada como un detalle metodológico que el propio Impunidad Cero advierte por escrito.
Donde San Luis Potosí sí encabeza el índice nacional es en efectividad en la resolución de los casos, con 66.1 por ciento, el porcentaje más alto del país, y en probabilidad de esclarecimiento del delito, con 4.66 por ciento —gráfica 22, página 37 del informe—, también el primer lugar nacional.
Sin embargo, ese “primer lugar” contrasta de forma abrupta con la edición 2021 del mismo índice, cuando San Luis Potosí tenía una efectividad de apenas 10.7 por ciento, una de las peores calificaciones del país en ese momento, y una probabilidad de esclarecimiento de 0.70 por ciento, también entre las más bajas.
El salto de 10.7 por ciento a 66.1 por ciento en cinco años no se explica únicamente por cambios en el desempeño institucional: el propio anexo metodológico del IEDF 2026 reconoce que este indicador cambió de fuente entre ediciones.
En 2021 se calculaba con el Modelo de Evaluación y Seguimiento (MES) de la Secretaría de Gobernación; en 2026 se obtuvo a partir del CNPJE del INEGI, y el documento es explícito al señalar que “los resultados no son directamente comparables con ediciones previas”.
El propio informe, además, matiza el alcance real de ese primer lugar, pues según aclara el propio estudio: “aunque estos tres estados encabezan el ranking nacional, sus valores siguen siendo bajos en términos absolutos”.
Es decir, que un delito se denuncie y se resuelva en San Luis Potosí sigue siendo —incluso en la entidad mejor posicionada del país en este indicador—, un hecho excepcional antes que una regla.
