FGR investiga compra de Pegasus y espionaje a periodistas

La investigación gira entorno a los delitos de peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, así como intervención ilegal de comunicaciones privadas.

Fernanda Durán

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene dos carpetas de investigación relacionadas al software Pegasus en las que indaga la adquisición injustificada por Tomás Zéron y el uso de espionaje a periodistas.

La Fiscalía dio a conocer que la primera carpeta de investigación gira entorno a los delitos de peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa tras la adquisición por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), del sexenio anterior.

Tomás Zéron de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y otros exfuncionarios no identificados por secrecía y vialidad procesal, son señalados por evadir la licitación pública, así como el uso irregular de los Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

De acuerdo con la FGR, la segunda carpeta corresponde al procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas hacia diversos periodistas y activistas por los derechos humanos.

Razón por la que el 26 de agosto de 2021 obtuvo una orden de aprehensión contra Juan Carlos N., quien es señalado como coautor material del espionaje; fue detenido el 1 de noviembre y vinculado a proceso el 6 de noviembre del mismo año.

La FGR señaló que se solicitó la aplicación del artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena incrementará cuando el delito cometido atente con la libertad de expresión.

A través de este caso, la Fiscalía ha presentado pruebas que indican que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el software y lo utilizaba por su cuenta para proveer información a terceras personas.

“Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer”, aclaró la institución.

Zerón de Lucio se encuentra prófugo en Israel y enfrenta una orden de aprehensión en México por los delitos de tortura y desaparición forzada de personas por el caso Ayotzinapa.

Cuenta con una orden de extradición desde septiembre de 2020, ya que es acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.

No obstante, México no ha logrado la deportación debido a que no tiene un acuerdo de extradición con Israel y este país ha desatendido la petición.

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