Astrolabio

Jaime Nava

Desde noviembre del año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha publicado los reportes mensuales de egresos en la Plataforma Estatal de Transparencia, manteniendo oculto el destino de una parte de los recursos que ejerció en 2018 y lo ejercido a la fecha de los más de mil millones de pesos que le fueron asignados como presupuesto para 2019.

Además, en los reportes de egresos que sí se pueden consultar, correspondientes al periodo enero-octubre de 2018, hay pagos que aparecen como “reservados”, por lo que no es posible conocer los montos, los nombres de los beneficiarios y los conceptos.

La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado obliga a los organismos públicos a dar a conocer cada mes una serie de datos y documentos entre los que se encuentran los egresos de instituciones, poderes, municipios y organismos descentralizados y autónomos, como la ahora Fiscalía General del Estado.

Desde noviembre de 2018 la FGE viola la ley al dejar de publicar sus egresos, así como la información referente a licitaciones públicas, procedimientos de invitación restringida y adjudicaciones directas de las que tampoco hay datos ni documentos desde agosto de 2018; sin embargo la Fiscalía justifica su omisión argumentando que le compete a la Oficialía Mayor del Estado o citando el artículo 82 de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado que ya no está vigente.

“[…]no se encuentra dentro del artículo 82 del reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado la realización de adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, por lo tanto, no se pueden generar resultados”, se lee en los archivos de la Plataforma Estatal de Transparencia donde debería estar disponible para su consulta la información.

Los argumentos de la Fiscalía no se sostienen si se considera que desde noviembre del año pasado se encuentran vigentes los Lineamientos Generales para su organización interna en los que, en su artículo sexto, le atribuyen autonomía presupuestal, técnica y de gestión; además, expresamente señalan que tiene la capacidad para decidir sobre arrendamientos, contratación de obra pública, adquisición de productos y servicios, razón por la cual dentro de su estructura cuentan con una Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios además de un Comité de Adquisiciones, por lo que resulta inverosímil que las compras sean competencia de la Oficialía Mayor.

El tamaño del boquete informativo es lo que a la fecha ha ejercido de los mil 49 millones 922 mil 12 pesos que a la Fiscalía General del Estado se le aprobó como presupuesto para cumplir con sus funciones a lo largo del2019, pero que hasta ahora se desconoce su aplicación.

Más de cinco millones de pesos “reservados”

Una situación similar ocurre con los 914 millones 720 mil 296 pesos que ejerció la Fiscalía en 2018. Al revisar los reportes de egresos del periodo enero-octubre de ese año se observa que predominan pagos que la Fiscalía declaró como información reservada para ocultar los nombres de quienes recibieron el dinero y los conceptos de pago.

En enero de 2018 la Fiscalía asegura haber realizado 61 pagos a distintas personas por conceptos como inscripción a cursos, asistencia a capacitaciones, revisiones de mobiliario y actualización de inventarios, alimentos para conferencia de procuradores de justicia, entre otros; sin embargo, 37 pagos, es decir, más de la mitad, fueron “reservados” y ascienden a 329 mil 601 pesos.

Lo mismo se repite en los meses siguientes, como se presenta a continuación:

MES PAGOS “RESERVADOS” SUMA DE MONTOS
Enero 37 $329,601.05
Febrero 33 $372,620.10
Marzo 45 $467,490.00
Abril 46 $539,873.00
Mayo 44 $415,137.88
Junio 49 $541,775.49
Julio 54 $534,649.90
Agosto 47 $562,300.00
Septiembre 61 $640,100.00
Octubre 75 $716,185.60
Total 491 $5,119,733.02

Para justificar la reserva de la información, la Dirección de Administración de la Fiscalía elaboró los acuerdos de reserva parcial correspondientes a cada uno de los meses del periodo enero-octubre 2018 y fueron autorizados por el Comité de Transparencia de la FGE, aunque al analizar los documentos se advierten irregularidades.

Los acuerdos de reserva se pueden descargar desde la Plataforma Estatal de Transparencia; no obstante, en algunos casos los documentos son ilegibles, aunque esta situación es de poca relevancia toda vez que al comparar los demás documentos resulta evidente que son copias exactas en las que únicamente cambian datos como el registro del acuerdo, el mes que se reserva y los números de cheques.

En la página cuatro de cada uno de los acuerdos, los integrantes del Comité de Transparencia, Marisela Meza Enríquez, Magdalena Beatriz González Vega y Raúl Gerardo Flores Olguín reconocen no tuvieron acceso a la información completa que la directora de Administración, Elia Clara Bravo Olvera, clasificó como reservada; pero eso no los detuvo para autorizar la reserva. Una irregularidad a todas luces.

En lo que parece un intento por eludir cualquier tipo de sanción que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) pudiera imponerles por validar una reserva de información a ciegas, en el documento responsabilizan a la Dirección de Administración por la elaboración y correcta valoración de los datos que se reservaron.

Las razones para reservar la información, según la Dirección de Administración, es que “el dar a conocer públicamente egresos vinculados a actos de investigación, actuaciones en carpetas de investigación, el cumplimiento de mandamientos judiciales que requieran el traslado de Policías, Peritos o Ministerios Públicos hacia el interior del Estado o en otras Entidades podría generar datos que permitirían identificar los asuntos donde únicamente pueden tener acceso las partes”.

Igualmente, señala que dar a conocer esos gastos podría “menoscabar las estrategias para combatir la comisión de los delitos y de atención del servicio”.

Esos argumentos casi resultan creíbles si no fuera porque en los propios reportes de egresos aparecen conceptos que detallan las actividades que supuestamente la Fiscalía pretendía proteger. Por ejemplo, en abril de 2018 se encuentran gastos para “realizar diligencias descritas en el oficio 107/2018, suscrito por el Lic. José Pérez Saucedo, agente del ministerio especializado en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos del fuero común mes tres investigador”.

Otro asunto que quedó sin reserva se encuentra en los egresos de febrero de 2018, en el que se revela que la titular de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, Luz María Montes Mariano, sostuvo una reunión con una asociación civil y dirigió “investigaciones que se ventilan en la agencia del Ministerio Público Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas adscrita a la subprocuraduría Huasteca Norte”.

De acuerdo con el artículo 137 de la Ley de Transparencia, la CEGAIP puede tener acceso en cualquier momento a la información reservada para resolver sobre su clasificación o desclasificación.

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