Por Victoriano Martínez

El alcalde Xavier Nava Palacios se pronuncia por que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe sobre los avances y dé resultados sobre las seis denuncias presentadas por el Ayuntamiento en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Cardona entre el 18 de febrero y el 18 de julio de 2019.

A más de un año, la FGE no da cuentas, ni a las autoridades municipales como promoventes en defensa del patrimonio municipal sobre las medidas tomadas para sancionar el desvío de recursos por 436 millones 374 mil 512.26 pesos por parte de los exfuncionarios municipales. Eso sin contar el monto denunciado ante la Fiscalía General de la República.

Las agrupaciones Ciudadanos Observando y Ganemos aún se mantienen a la expectativa sobre los resultados que –algún día– pudiera dar la FGE sobre las varias decenas de denuncias en contra de los ex diputados que simularon entrega de ayudas sociales para apropiarse de parte del presupuesto del Congreso del Estado.

El Frente Ciudadano Anticorrupción aún mantiene un litigio en contra de la FGE por no reconocerles, después de dos años de que presentaron una denuncia por enriquecimiento en contra de Gallardo Juárez, su personalidad jurídica en el expediente.

Aunque un juez federal resolvió a favor del Frente, la FGE promovió una revisión que aún no se resuelve en el tribunal colegiado. Prácticamente la Fiscalía, al alargar ese litigio, sólo logra favorecer la causa de Gallardo Juárez, en lugar de avanzar en la integración de la carpeta de investigación para judicializarla.

Habitantes de Ciudad del Maíz y de San Martín Chalchicuautla siguen a la espera de que la FGE les notifique algún avance sobre las denuncias que presentaron contra los hoy ex alcaldes de sus respectivos municipios, por obras pagadas y no realizadas. Lo mismo pasa con denuncias contra ex alcaldes de Mexquitic, Moctezuma y Ahualulco por mal uso de recursos públicos.

Vecinos de Noria de San José padecen los embates de la FGE que da trámite a la criminalización que en su contra promueve la empresa American Industries, a pesar de ser reconocidos oficialmente como víctimas de la confabulación de funcionarios con esa empresa por el despojo violento de su propiedad en julio de 2016.

La parcialidad de la FGE resulta notoria en su nula actuación ante las denuncias presentadas por los vecinos de Noria de San José por las agresiones y afectaciones de que fueron víctimas, y sobre las que aún esperan que se les haga justicia y se les reparen los daños.

Ángel Sánchez Soto, quien tuvo que ser reconocido como víctima por la FGE por orden de un juez federal a través de un amparo, aún sigue inmerso en litigios por las fallas y actuaciones irregulares del Ministerio Público para lograr que se le haga justicia a su hermano, quien se encuentra recluido en el penal de La Pila.

Cuando menos tres diputados de la actual Legislatura han sido denunciados ante la FGE (Mario Lárraga, Alejandra Valdez y Pedro Carrizales) pero ninguna de las carpetas de investigación registra avances.

Los ahorradores de Invercorp, de Gabriel Salazar Soto, llevan ya varias manifestaciones, entre las que han señalado la falta de actuaciones del Ministerio Público en su caso.

“El señor fiscal Federico Garza Herrera o es un inútil o es muy útil para algunos intereses”. La expresión de Felipe de Jesús Cervantes, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no sólo describe la mala actuación de la FGE en el caso de los destrozos del 5 de junio en el Congreso del Estado, sino lo que la caracteriza de por sí, a pesar de ya ser “autónoma”.

En el caso de los hechos violentos en el Congreso, al criminalizar a activistas del Frente Amplio Opositor y del Movimiento Guardianes de la Sierra de San Miguelito, abiertamente exhibe –con su intento de intimidación– lo muy útil que pretende ser a quienes desde el ámbito oficial buscan facilitar la depredación inmobiliaria de la Sierra.

La utilidad de la FGE para intentar frenar las movilizaciones contra la depredación de la Sierra de San Miguelito tiene como consecuencia directa la protección a los verdaderos responsables de los destrozos, auto proclamados simpatizantes de FRENAA y con vínculos con el PAN, en una inutilidad que, por fingida, se convierte en complicidad.

La protección dada a los ex diputados y a los diputados actuales, la mayor atención a los funcionarios y a la empresa que atentaron contra los habitantes de Noria de San José, el servicio que le hace a Gallardo Juárez al litigar contra los denunciantes en lugar de integrar la carpeta de investigación, la protección a ex alcaldes y más, muestran los muchos intereses para los que la FGE es muy útil.

En contraparte, como si tanta utilidad para los intereses que pervierten la procuración de justicia consumiera su capacidad de actuar, las denuncias se acumulan sin una solución. Sólo en los primeros siete meses de este año, de acuerdo al reporte de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública, suman 22 mil 188 denuncias por delitos del fuero común.

Entre que es muy útil para intereses ajenos a su función e inútil para cumplir con su obligación de procurar justicia, resulta más que justificado el planteamiento de que el caso de los destrozos en el Congreso del Estado sea atraído por la Federación como propuso Cervantes y la agrupación Cambio por San Luis.

El problema es que el resto de los casos tendrían derecho a exigir un trato igual, es decir, pedir que sus casos también fueran atraídos por la Federación, lo que –de cumplirse– exhibiría que la FGE resulta una nulidad.

Un panorama en el que la conjunción disyuntiva “o” utilizada por Cervantes para describir a la Fiscalía General del Estado necesariamente tiene que ser sustituida por la conjunción copulativa “y”: “El señor fiscal Federico Garza Herrera es un inútil (para procurar justicia) y es muy útil para algunos intereses (con los que se confabula).